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Cuatro ONG denuncian que España incumplió la ley en la venta de armas a los países con revueltas

Cuatro ONG denuncian que España incumplió la ley en la venta de armas a los países con revueltas

La coalición Armas bajo Control afirma que el Gobierno español autorizó, según datos del primer semestre de 2010, la exportación de armamento contraviniendo la Ley 53/2007

ÓSCAR GUTIÉRREZ – Madrid – 25/02/2011

Con o sin revueltas de por medio, han matizado las cinco organizaciones de la coalición Armas bajo Control (Amnistía Internacional, Greenpeace, Fundació per la Pau e Intermón Oxfam), el Gobierno español ha exportado armamento incumpliendo la ley.

Y lo han matizado así –la denuncia no solo guarda relación con las protestas en el mundo islámico-porque los últimos datos hechos públicos por el Ejecutivo corresponden al primer semestre de 2010, periodo este en el que la ola de cambio en los países del Norte de África y Oriente Próximo no había asomado todavía la cabeza.

“Se ha vendido a clientes que son habituales, pero que están fuera de la ley” ha explicado al respecto Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), organismo responsable de elaborar el informe para la coalición de ONG.

“No debían haberse autorizado ni realizado las ventas” ha proseguido Núñez echando mano de la Ley 53/2007 de Comercio de Armas que determina en qué condiciones se debe exportar material de defensa y de doble uso.

“El problema no es haber vendido armas a Libia sino a esta Libia”.

  • El artículo 8 de la citada norma rechaza la exportación de armamento que pueda ser empleado “en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad (…), puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes (…), con fines de represión interna o en situación de violación de derechos humanos”.

La alianza Armas bajo Control ha señalado que, siguiendo al renglón la ley, el Gobierno no debió dar luz verde el pasado año a la venta de armas a los países de Oriente Próximo y Norte de África sobre los que pesan acusaciones de “violaciones de los derechos humanos”.

Según los datos manejados por esta coalición a partir de las estadísticas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de los países ubicados en la región envuelta en la ola de protestas, precisamente Libia se lleva la palma con unas exportaciones realizadas de 6.926.300 euros.

Una partida, no obstante, sujeta a revisión tras abrir el departamento que dirige Miguel Sebastián un expediente de revocación. Estas cuatro ONG han calificado esta medida como “positiva”, pero han solicitado al Gobierno, en boca de Esteban Beltrán, de Amnistía Internacional, que la “confirmen” y aseguren que no se va a vender más armas a este país.

De acuerdo de nuevo a los datos del primer semestre de 2010, a Libia le sigue Arabía Saudí, que recibió material de defensa por valor de 1,5 millones de euros; Marruecos, con 1,1 millones de euros; Túnez, con 778.480 euros, y Egipto, con ventas por valor de 464.669 euros.

“España tiene derecho a defenderse y, por tanto, a tener una industria de defensa” ha expresado Jesús Núñez.

“Pero a las empresa de armamento les debía sonar la ley 53/2007 de Comercio de Armas”. Según el análisis del codirector del IECAH, la crisis económica ha empujado a España a “caer en la promoción de venta” de armas hacia el exterior”. Y es ahí donde, según Núñez, la región del Magreb es “un escenario habitual de las ventas españolas”.

Jordi Armadans, de Fundació per la Pau, ha aprovechado la rueda de prensa para aclarar que “el espíritu” de la ley (también de la posición común de la UE 2008/944/PESC) que regula la exportación de armas pretende “prevenir que no se empeore la situación” del país comprador, argumento este que habría servido para frenar las ventas hacia los países inmersos hoy en revueltas antes incluso de su estallido.

Según datos del Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), España es el sexto suministrador mundial de armas convencionales. El balance de exportaciones de 2009, último año con datos totales ofrecidos por el Ministerio, arrojó un incremento del 44% en las ventas respecto al año anterior.

Artículo 8. Denegación de las solicitudes de autorización y suspensión y revocación de las autorizaciones

1. Las solicitudes de autorización serán denegadas y las autorizaciones, a las que se refiere el artículo 4, suspendidas o revocadas, en los siguientes supuestos:

a. Cuando existan indicios racionales de que el material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso puedan ser empleados en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional, puedan exacerbar tensiones o conflictos latentes, puedan ser utilizados de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano, con fines de represión interna o en situaciones de violación de derechos humanos, tengan como destino países con evidencia de desvíos de materiales transferidos o puedan vulnerar los compromisos internacionales contraídos por España.

Para determinar la existencia de estos indicios racionales se tendrán en cuenta los informes sobre transferencias de material de defensa y destino final de estas operaciones que sean emitidos por organismos internacionales en los que participe España, los informes de los órganos de derechos humanos y otros organismos de Naciones Unidas, la información facilitada por organizaciones y centros de investigación de reconocido prestigio en el ámbito del desarrollo, el desarme y los derechos humanos, así como las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.

b. Cuando se contravengan los intereses generales de la defensa nacional y de la política exterior del Estado.

c. Cuando vulneren las directrices acordadas en el seno de la Unión Europea, en particular los criterios del Código de Conducta, de 8 de junio de 1998, en materia de exportación de armas, y los criterios adoptados por la OSCE en el documento sobre Armas Pequeñas y Ligeras de 24 de noviembre de 2000, y otras disposiciones internacionales relevantes de las que España sea signataria.

Para la aplicación de los criterios del Código de Conducta se atenderá a las mejores prácticas más actualizadas descritas en la Guía del Usuario.

d. Cuando se contravengan las limitaciones que se derivan del Derecho internacional, como la necesidad de respetar los embargos decretados por Naciones Unidas y la Unión Europea, entre otras.

2. En todo caso, las referidas autorizaciones deberán ser revocadas si se incumplieran las condiciones a las que estuvieran subordinadas y que motivaron su concesión o cuando hubiere existido omisión o falseamiento de datos por parte del solicitante.

3. La revocación o suspensión de las autorizaciones requerirá la tramitación del oportuno expediente administrativo, en el que se dará audiencia al interesado y que se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las normas de rango inferior que la desarrollen en esta materia.

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25 febrero, 2011 - Posted by | DENUNCIA | , , , , ,

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