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La cara oculta de las noticias

Ahora o nunca

Ahora o nunca

Los líderes europeos tienen tres semanas de plazo para alcanzar un pacto que salve de la catástrofe a la moneda única

ANDREU MISSÉ 06/03/2011

  • Las próximas tres semanas vuelven a ser decisivas para el euro.

Otra vez el todo o nada y con las alertas explícitas de los mercados.

Entre la cumbre del próximo día 11 y la del 24 y 25 de marzo, la UE se juega el futuro de la moneda única.

Los líderes europeos deberán alcanzar contra reloj un “pacto global” sobre varias propuestas para asegurar la estabilidad del euro.

Se trata, sustancialmente, de lograr una solución permanente que sustituya los parches urgentes e improvisados que se adoptaron para afrontar las crisis de Grecia e Irlanda y evitar la catástrofe de la moneda única.

La solución mágica se llama gobierno económico de la UE. En realidad es la vieja asignatura pendiente del euro. La pata coja del principal proyecto europeo. La política económica que precisa la divisa europea para compensar y reforzar la política monetaria del BCE.

Es el gobierno económico que ya habían exigido, sin éxito, el entones presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y otros políticos, sobre todo franceses, hace veinte años, cuando se puso en marcha la Unión Económica y Monetaria en Maastricht.

  • UE (Unión Europea)

    Se trata de lograr un pacto permanente que sustituya los actuales parches

En realidad, es la pata coja del proyecto europeo que ya exigió Delors

El pacto franco alemán cambia el marco para gestar acuerdos en la UE

El debate alemán condiciona las decisiones que deben tomar los 27

La necesidad de un gobierno económico volvió repentinamente al primer plano a raíz de la crisis de la deuda a finales de 2009. Durante el último año se han puesto en marcha multitud de iniciativas por parte de la Comisión Europea y del nuevo directorio francoalemán que se solapan entre sí, cuando no torpedean el proyecto, especialmente por parte de Berlín.

El Pacto Global, o el cajón de sastre en que se han incluido todos los asuntos pendientes, implica como mínimo un acuerdo sobre cinco elementos estrechamente vinculados entre sí:

a) Las seis medidas legislativas para reforzar el gobierno económico de la UE propuestas por la Comisión Europea;

b) el Pacto de Competitividad, planteado recientemente por Alemania y Francia, dulcificado después por Herman van Rompuy y José Manuel Barroso;

c)las reformas para reforzar y flexibilizar el transitorio Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y para constituir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE) de carácter permanente a partir de junio de 2013;

d) la reforma del Tratado para legalizar ese mecanismo; y

e) la renegociación de la ayuda a Irlanda.

Y como primer resultado de todo ello despejar el futuro de Portugal, como ya advirtió la semana pasada expresamente la agencia de calificación Standard & Poor’s. “El acuerdo deberá ser sobre todo el paquete”, ha advertido también el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Juncker.

El debate, centrado sobre todo en los asuntos presupuestarios y financieros, ha dejado completamente “en un segundo plano la cuestión del empleo y el paro”, como ha señalado la eurodiputada socialista Pervenche Berès. Mientras, 23 millones de europeos siguen en las filas del paro.

El giro hacia la derecha de los principales líderes europeos ha quedado bien patente en el comentario de un político tan moderado y respetado como Delors, para quien el reciente Pacto Anual sobre el Crecimiento presentado por el presidente de la Comisión José Manuel Barroso, “es el documento más reaccionario jamás producido por la Comisión”.

Pero el haber limitado los debates a los asuntos fiscales, financieros y sobre competitividad tampoco ha simplificado los problemas. La secuencia de cómo se han ido generando y solapando las distintas, cambiantes y contradictorias iniciativas sobre el gobierno económico y el Pacto de Competitividad es lo que está creando más desasosiego e incertidumbre en medios comunitarios y en muchos países.

Primero fue la propuesta presentada por el comisario de asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, para reforzar el gobierno económico de la UE en mayo y junio pasados, que cristalizó después en seis propuestas legislativas en septiembre.

El objetivo era reforzar la disciplina presupuestaria con sanciones más duras y crear un nuevo sistema de vigilancia sobre los desequilibrios macroeconómicos y diferencias de competitividad también sometidas a posibles multas.

A estas propuestas se sumó el llamado semestre europeo, que ya se ha puesto formalmente en marcha en enero y trata de acordar entre los Estados los criterios ex ante para la elaboración de los presupuestos nacionales.

La filosofía dominante es que los males del euro no se deben a un defecto inicial de construcción de la Unión Económica y Monetaria, que carece de una política económica común, sino a los malos hábitos de los derrochadores países del Sur junto con Irlanda.

Paralelamente, el Consejo Europeo encomendó a Van Rompuy la creación de un grupo especial (task force) para tratar acerca de lo mismo, “la gobernanza económica europea”, pero desde una perspectiva gubernamental que en los tiempos que corren es la perspectiva de Berlín. Integraron la task force los 27 ministros de Economía, el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, Rehn y Juncker.

Este grupo de trabajo incluyó la necesidad de crear un mecanismo de ayuda permanente con condiciones muy estrictas para “reducir el riesgo moral” y la participación “del sector privado”. Es decir, que los bancos acreedores asuman parte de las pérdidas, que era una de las exigencias de Berlín.

En la práctica, la task force ha sido el instrumento de la canciller alemana, Ángela Merkel, para imponer sus criterios. Los trabajos del grupo especial se vieron muy influenciados por los documentos de Berlín, cuyo Gobierno fue el que envió el mayor número de propuestas que fueron decisivas para elaborar las conclusiones.

A pesar de todo, la resolución final no fue del agrado de Trichet, quien censuró la exigencia de que los bancos debían sufragar parte de los costes de la crisis de deuda de un país y encontró insuficiente el automatismo de las sanciones.

La expresión pública de estas discrepancias provocó un fuerte enfrentamiento entre Trichet y el presidente francés, Nicolas Sarkozy, lo que revela otra grieta inquietante en la cúpula de la Unión.

No obstante, las discrepancias entre la Comisión y el eje coyuntural Berlín-París se agrandaron pronto peligrosamente.

El pasado 19 de octubre tanto la Comisión Europea como la task force sufrieron una seria desautorización a través de la llamada Declaración de Deauville, en la que Merkel y Sarkozy trazaron la línea a seguir tanto en materia de gobernanza económica como en la de reducir las diferencias de competitividad.

El texto francoalemán subrayó la necesidad de aplicar sanciones automáticas a los países infractores del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de reformar el Tratado para que los inversores asumieran parte de las pérdidas en el caso de una crisis de deuda y se pudiera suspender el derecho de voto en los Consejos a los Estados con violaciones graves de las reglas.

No obstante, la suspensión del voto de los Estados, que implicaría una reforma profunda del Tratado, logró ser temporalmente aparcada gracias a los buenos oficios de Van Rompuy.

La suspensión del voto, las sanciones más automáticas y las duras condiciones para acceder a los fondos de rescate forman parte de las gesticulaciones de Berlín para justificar ante su electorado el aumento de las contribuciones alemanas a los distintos mecanismos de ayuda a los países con dificultades.

El informe elaborado por el European Economic Advisory Group (EEAG) y CESifo, dirigido por Hans-Werner Sinn, contabiliza todos los compromisos de ayudas de Alemania en los distintos fondos a los que ha contribuido desde el inicio de la crisis.

En total los compromisos de Berlín ascienden a 218.500 millones de euros. Sinn lo suma todo. Los compromisos a los dos fondos europeos ya constituidos, al Fondo Monetario Internacional (FMI), las ayudas específicas a Grecia y la parte que le corresponde a las compras de bonos por parte del BCE a Irlanda, Grecia y Portugal.

El futuro europeo se juega de manera decisiva en Alemania, un país en el que su contribución financiera a la Unión es analizada con lupa de manera cada vez más exigente y cuyo debate está condicionando las decisiones que deberán tomarse los próximos días.

Lo cierto es que la declaración de Deauville marcó un antes y un después en la toma de decisiones en la UE. “La crisis”, señala Benedicta Marzinotto, investigadora de Bruegel, “ha contribuido a cambiar la toma de decisiones en la gobernanza europea”. “Durante los últimos días”, precisa, “hemos sido testigos de una councilization (mayor peso del Consejo) en las decisiones que se tuvieron que tomar en el plazo más breve de tiempo posible y que no se pudieron dejar al clásico método comunitario por el tiempo que precisaba”.

Este desplazamiento de competencias, en detrimento de la Comisión, se agravó de nuevo el pasado febrero con la presentación del Pacto de Competitividad promovido en realidad por Berlín, aunque luego apareciera como una propuesta franco-alemana. Fue una iniciativa que descolocó a todo el mundo.

A la Comisión, al Parlamento Europeo y a muchos analistas. Algunas propuestas categóricas del Pacto de Competitividad [ver ficha adjunta], como la prohibición de la indexación automática de los salarios con la inflación, los aumentos de la edad de jubilación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones o la inclusión en las Constituciones de límites a la deuda pública merecieron muy poca consideración por parte de varios Estados en el Consejo Europeo del pasado 4 de febrero.

“El Pacto de Competitividad franco-alemana”, señala Marzinotto, “es lo que ha creado más confusión sobre el nivel en el que debería tener lugar la coordinación económica”. La economista de Bruegel señala que las posteriores modificaciones introducidas en el pacto por la Comisión Europea y Van Rompuy “descartan las medidas más conflictivas contenidas en ese acuerdo (como la indexación salarial, la armonización fiscal de la base del impuesto de sociedades y los límites constitucionales a la deuda) y esclarecen un poco los temores de los pequeños Estados y de los países que no pertenecen al euro de que la coordinación de la política económica sea impuesta sobre ellos directamente por otros Gobiernos”.

El propio Van Rompuy trató de quitar hierro al malestar creado por la iniciativa imprevista de Berlín y París en una conferencia en Allianz-CER el pasado miércoles. “Por ejemplo”, precisó Van Rompuy, “el objetivo de la indexación salarial preocuparía solo a tres o cuatro países y por la manera que en ellos opera no es necesariamente un problema, mientras que parece importante examinar la evolución de los salarios en los 17 Estados miembros del euro”.

Igualmente, diluyó las exigencias referidas a la edad de jubilación. “En lugar de fijar un número arbitrario que podría no afectar a todos los países, como 67 años, tiene mucho más sentido en general vincular la edad de retiro a la esperanza de vida”.

Pero la alarma por la deriva que supone el Pacto de Competitividad en favor del método intergubernamental (acuerdos entre los Estados sin participación del Parlamento) a costa del método comunitario (la Comisión tiene la iniciativa legal, tras atender los intereses generales, que luego es aprobada generalmente en codecisión por el Consejo y el Parlamento) ya estaba lanzada.

La respuesta más articulada contra la iniciativa de Merkel y Sarkozy la han liderado los liberales, encabezados por uno de los europeístas más insignes de la arena pública comunitaria, el ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt.

El líder liberal en el Parlamento Europeo planteó el pasado jueves su alternativa: una “ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia en la Unión”.

Verhofstadt subraya que “la crisis de la deuda soberana ha demostrado que una unión monetaria sin una unión económica simplemente no puede funcionar”.

Critica frontalmente el Pacto de Competitividad porque se limita a solo seis medidas específicas. En su opinión, “la gobernanza económica es mucho más compleja que esto”.

Pone el ejemplo de la sostenibilidad del sistema de pensiones, que “no está solo determinada por la edad de retiro que propone el pacto, sino por los años y las cantidades con que se ha contribuido, la esperanza de vida y el llamado segundo pilar (fondos administrados por el sector privado)”.

En este sentido destaca que el sistema de pensiones de Holanda es muchísimo más sostenible que el alemán a pesar de tener una edad de retiro más baja, según un estudio del Australian Centre for Financial Studies.

Según la propuesta de los liberales, “el Pacto de Competitividad no logrará sus objetivos simplemente porque el método intergubernamental no funciona”. En cambio, asegura que el método comunitario “ha funcionado eficientemente en mercado interior y de competencia”.

Verhofstadt asegura que si la política de competencia estuviera en manos del Consejo, es decir, decidida por los representantes de los Estados, “ninguna empresa habría sido multada nunca”.

La ley comunitaria para la gobernanza y la convergencia de la Unión propone establecer unos niveles máximos y mínimos para los componentes clave que afectan al desarrollo económico y social, dando la conveniente flexibilidad a cada Estado.

Las áreas a las que se aplicarían estos criterios son salarios, productividad, costes laborales unitarios, pensiones, movilidad laboral y protección de los trabajadores, base común del impuesto de sociedades y cambiar tasas del trabajo al consumo, investigación y desarrollo e inversión en infraestructuras.

En cualquier caso, los debates sobre la organización del gobierno económico de la UE y la revisión del Tratado para reforzar los fondos de rescate deberán contar con el Parlamento Europeo, que espera jugar un papel clave, con sus nuevas competencias del Tratado de Lisboa.

De momento, ya se han presentado más de 1.700 enmiendas a las seis iniciativas legales presentadas por la Comisión Europea sobre el gobierno económico. Fuentes comunitarias dudan mucho de que el paquete pueda ser aprobado durante el primer semestre de este año como estaba previsto.

Por su parte, los parlamentarios implicados en los debates sobre el gobierno económico han advertido en un comunicado oficial que los debates sobre un potencial Pacto de Competitividad entre el presidente del Consejo Europeo y el de la Comisión Europea “claramente se solapan con el paquete de gobernanza económica, especialmente con el nuevo marco del procedimiento por desequilibrios macroeconómicos”.

En la citada declaración “urgen a la Comisión Europea, al Consejo y al Consejo Europeo a tener en cuenta la posición del Parlamento Europeo y a implicarle en los debates de manera transparente”.

Elmar Brok, eurodiputado cristianodemócrata alemán y uno de los ponentes que debe dar la opinión sobre la reforma del Tratado, advirtió esta semana que la Eurocámara hará valer sus poderes a la hora de examinar las propuestas de revisión de la máxima norma europea.

Pervenche Berès se ha referido también a que “hay una gran confusión porque estamos a la vez concernidos por la Estrategia 2020, por el paquete de gobierno económico en el que el Parlamento Europeo ha invertido ampliamente, la revisión del Tratado sobre el Mecanismo Europeo de Estabilidad financiera”. La eurodiputada refleja también la contradicción que mientras la Comisión lanza el Semestre Europeo, Merkel y Sarkozy ponen en marcha el Pacto por la Competitividad.

Demasiados conflictos sobre la mesa para resolverlos en solo tres semanas con un nivel mínimamente satisfactorio. Los mercados estarán atentos a las decisiones de los líderes.

Moody’s hunde la nota de Grecia y reaviva las tensiones sobre Portugal

La agencia vuelve a recortar la calificación de la deuda de Atenas hasta el mismo nivel que Bielorrusia.- El castigo sobre los bonos portugueses a cinco años aumenta con fuerza

EL PAÍS 07/03/2011

  • Grecia, cuya deuda está ya situada al nivel de bono basura por las agencias de calificación tras solicitar el rescate de la UE y el FMI, ha recibido hoy un nuevo varapalo por parte de una de las tres sociedades que dominan este mercado.

Así, si hasta ahora invertir en sus títulos solo era factible para inversores con apetito al riesgo, ahora ha quedado vetada a los adictos a la adrenalina, o esta es la conclusión a la que llega Moody’s, que ha vuelto a recortar su nota de solvencia. La noticia, además, ha afectado de forma directa a Portugal y, en menor medida, al resto de los llamados países periféricos del euro y con mayores problemas de déficit y deuda como España, Italia o Bélgica.

  • La agencia explica en un comunicado que ha recortado en tres escalones la calificación de la deuda del Estado griego por las dudas sobre sus planes de ajuste desde Ba1 a B1, la misma que otorga a países como Bielorrusia o Bolivia.

Además, la ha dejado en perspectiva negativa, por lo que es posible que vuelva a sacar la tijera a medio plazo.

Al mismo tiempo que reconoce los significativos progresos en materia de consolidación fiscal y reformas estructurales, Moody’s advierte a renglón seguido de que el Ejecutivo heleno aún se enfrenta a desafíos “muy importantes”.

Sobre todo en lo referente a incrementar la recaudación y aumentar la eficiencia del ahorro, asegura la agencia, que no descarta el riesgo de que se vea obligado a reestructurar su deuda. Sobre este punto, Moody’s destaca la incertidumbre que se cierne sobre el nuevo mecanismo de ayuda a partir de 2013 y las implicaciones que tendrá para los acreedores.

“Sin embargo, las declaraciones públicas de los representantes de la UE sugieren que cualquier apoyo adicional a partir de 2013 estará condicionado a una evaluación de la solvencia, cuyo resultado en este momento sería incierto, por lo que si se considerara insolvente a Grecia es posible que los acreedores tuvieran que asumir algunas pérdidas”, señala.

La noticia ha caído muy mal en Atenas, ya que para el Gobierno griego es “completamente injustificada”.

Según ha declarado el Ministerio de Finanzas a través de un comunicado, que mañana precisamente tiene previsto acudir al mercado a financiarse mediante la emisión de letras, la decisión “no refleja una evaluación objetiva y equilibrada de la situación que afronta Grecia”.

“La dimensión de la rebaja y el momento son incomprensibles y alzan diversas dudas”, insiste.

Además, asegura que “no afecta de ninguna manera la financiación de la República de Grecia debido a que continúa sacando fondos del mecanismo de ayuda financiera”, añade la nota ministerial. La rentabilidad que los inversores reclaman a su títulos a 10 años está en el 12,069%, siete puntos básicos sobre su nivel del viernes.

La decisión de Moody’s tampoco ha sentado muy bien en los mercados de deuda, que han abierto con la resaca del anuncio del BCE de que probablemente subirá los tipos de interés en abril.

El anuncio del instituto emisor se traduce de manera general en que los operadores exigen mayores rentabilidades a sus inversiones para enjugar el recorte de valor que supone el encarecimiento del dinero.

La combinación de esta tendencia con el recrudecimiento de los temores sobre las finanzas de los periféricos ha aumentado de forma diferenciada el castigo contra Portugal, señalada como la próxima posible víctima de una crisis que, además de Grecia en mayo, también se ha llevado ya por delante a Irlanda en noviembre.

En una muestra de la alta probabilidad que los inversores dan al rescate de Portugal, el correctivo se está centrando en mayor medida sobre sus bonos a cinco años, cuya rentabilidad ha subido más de 20 puntos básicos hoy hasta superar el 7,3% y equipararse con los tipos exigidos a sus títulos a 10 años, que subían en unos 10 hasta el 7,390%.

Por lo que respecta a España, aunque también aumentaba la presión en su contra, lo hacía en menor medida con un incremente de cinco puntos básicos en los tipos de sus bonos a 10 años hasta el 5,397% (12.45).

Así, la prima de riesgo, que es el sobreprecio sobre los bonos a 10 años alemanes, de referencia, subía levemente con respecto al cierre del viernes y se movía en torno a los 211 puntos básicos.

También empeoraba la situación de Bélgica, con un alza de 5 puntos en sus tipos hasta el 4,312%, o Italia, que veía aumentar la rentabilidad exigida para entrar en sus bonos a 10 años en 2 puntos básicos hasta el 4,8%.

Crecimiento, desequilibrios y extrema derecha

A. M. 06/03/2011

  • Los desequilibrios que padecen las economías periféricas, especialmente las burbujas inmobiliarias de España e Irlanda, se explican en buena medida por el gran flujo de capitales que recibieron de Alemania en busca de una mayor rentabilidad.

Es otra manera de ver los desequilibrios que padece la UE. Entre 2002 y 2009, las familias, empresas y el Gobierno alemán lograron ahorrar más de 1,6 billones de euros.

Sin embargo, de esta cantidad disponible para invertir en edificios, bienes de equipo e infraestructuras públicas sólo un tercio (562.000 millones) se quedó en Alemania, mientras que los dos tercios restantes (1,05 billones) se exportaron a otros países, según el estudio de European Economic Advisory Group y CESifo, sobre la economía europea en 2011.

Una parte importante de ese dinero se canalizó especialmente hacia a Grecia, España, Portugal e Irlanda, generando un desequilibrio por cuenta corriente de hasta 200.000 millones anuales.

  • La creación de un mercado de capitales único permitió a países como España obtener, por primera vez, créditos a tipo fijo con 20 años de amortización.

Estos flujos dinero favorecieron un fuerte crecimiento económico de hasta el 105% en Irlanda; 55,6% en Grecia, 50,2% en España y 29,5% en Portugal, entre 1995 y 2009. En el mismo periodo el crecimiento alemán fue del 16,2% [ver gráficos en página 6].

Una de las consecuencias más dañinas de esos flujos fue el repunte de los precios en general, los inmobiliarios en particular y, como consecuencia, los salariales.

Así durante el mismo periodo los precios crecieron un 67% en Grecia; un 57% en España y un 48% en Portugal mientras que en Alemania lo hicieron solo un 12%. En relación con los países periféricos, los precios alemanes se depreciaron un 28%. Esto explica también el potencial exportador alemán.

El director del informe, Hans Werner Sinn, sugiere que los desequilibrios generados por estos flujos han “supuesto una mala localización de recursos” en todas partes.

Alemania no invirtió lo necesario para mantener el crecimiento adecuado mientras que los países periféricos vivieron por encima de sus posibilidades y ahora se encuentran en serias dificultades para devolver lo que les prestaron a manos llenas en plena euforia. Las causas de los desequilibrios en Europa tienen al menos dos caras.

El resultado ha sido una caída del crecimiento del conjunto de la UE y un fuerte giro hacia la derecha. Vítor Constancio, vicepresidente del BCE, cita un trabajo de M. Bruckner y H. P. Gruner, que sostienen que “una caída del crecimiento en un punto porcentual implica el aumento también de un punto de los votos hacia la extrema derecha”.

Quizá, por eso, los socialistas europeos, como la izquierda, en general, principales víctimas políticas de la crisis económica, han puesto el acento en reforzar el crecimiento y el empleo.

Proponen una estrategia para crear 8,5 millones de empleos en la UE hasta 2015. Y advierten que si se piensa “solo en la austeridad” aún se perderán 600.000 empleos más en los próximos cuatro años.

Más unión económica

06/03/2011

  • Casi un año después de su aparición, la crisis de la deuda pública en la eurozona sigue denunciando la asimetría existente entre las economías que comparten moneda.

La unión monetaria es completa, pero la unión económica está apenas enunciada y revela sus carencias; entre otros aspectos, a través de un insuficiente grado de coordinación fiscal.

Ese pecado original con el que nació la unión monetaria no solo no se ha reducido en estos doce años, sino que ha agudizado su significación y trascendencia. La particularización en la eurozona de la crisis de los mercados de deuda soberana es, en gran medida, una consecuencia de la ausencia de gobernación económica en el seno del área monetaria común.

La falta de respuesta diligente y con la contundencia necesaria a los movimientos en esos mercados, no siempre eficientes en sus mecanismos de fijación de precios, está suponiendo graves pérdidas de bienestar para los ciudadanos de la eurozona.

    La constitución de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF) no está resultando suficientemente disuasoria para contrarrestar esas presiones vendedoras, no siempre fundamentadas.

Se necesita una mayor dotación y una más amplia versatilidad operativa: la primera es necesaria para disuadir movimientos especulativos penalizadores de la deuda pública de países sin un excesivo deterioro de las finanzas públicas.

La flexibilidad es necesaria para, además de ayudar a los Tesoros, destinar esos fondos a la eventual compra de bonos públicos en el mercado secundario, con el fin de impedir repuntes en los tipos de interés.

Uno de los países que probablemente se beneficiaria de una decisión tal sería España.

Nuestra deuda pública es inferior al promedio europeo, pero se asume que si Portugal acaba siendo objeto de rescate será difícil conseguir la diferenciación suficiente.

El problema es la presunción cada día más extendida de que, en ausencia de crecimiento económico y reducción del paro, la deuda privada, la mantenida con el sistema bancario, puede acabar haciéndose pública.

Por eso es necesario articular un mecanismo de coordinación entre los países suficientemente creíble para los operadores en los mercados de bonos.

La disposición de las autoridades alemanas a respaldar mecanismos de apoyo a los Gobiernos amenazados es ahora más importante que la precipitada sucesión de ofertas reformistas, no siempre suficientemente maduradas y en muchos casos penalizadoras del crecimiento económico.

Para una mayor eficacia de esos mecanismos defensivos es necesario acelerar la transición a mayores niveles de gobierno común en la eurozona. La propuesta del Pacto de Competitividad de las autoridades alemanas va en esa dirección.

No es una solución concreta y puntual a la crisis de la deuda, pero sí es la condición de la sociedad alemana, no solo de su Gobierno, a la aportación de fondos o avales públicos alemanes para la solución de problema común.

Ese pacto, si se articula correctamente, no solo no debería generar cautelas asociadas a la pérdida de soberanía nacional, sino que debería contemplarse como el primer paso hacia la completa unión económica.

Objetar esos compromisos de convergencia real, de productividad y competitividad, sería equivalente a volver a dar pábulo a la fragmentación o segmentación de la eurozona. –

Prevención y resolución de crisis

S. FERNÁNDEZ DE LIS y SARA BALIÑA 06/03/2011

  • En las próximas semanas, se producirán varias reuniones en torno a la crisis de la eurozona sobre las que se han creado bastantes expectativas.

Se hablará de prevención de crisis, el llamado Pacto por la Competitividad, y de resolución de crisis, los paquetes de ayuda articulados en torno al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSF, por sus siglas en inglés) y el futuro Mecanismo de Estabilización Europea (EMS, por sus siglas en inglés).

  • Contrariamente a algunas críticas, según las cuales los dirigentes europeos deberían concentrarse exclusivamente en lo urgente, la resolución de la crisis actual, ambos aspectos están interrelacionados.

En la medida en que Europa comience a avanzar, aunque a tientas, hacia elementos de unión fiscal, que implica que unos ciudadanos europeos ayuden a otros en dificultades, es razonable que aquellos exijan mecanismos preventivos, que limiten los riesgos de repetición de estos problemas en el futuro. Lo que no tendría sentido es mejorar la prevención sin resolver los problemas inmediatos, porque está en juego la supervivencia del euro.

Pero eso parece ser precisamente lo que preconizan los círculos ultraortodoxos alemanes.

El Pacto de Competitividad, propuesto por Francia y Alemania, y sobre el que parece ser que la Comisión Europea prepara una versión light, tras la reacción negativa de varios países europeos, incluye:

– Mecanismos de monitorización de los diferenciales de competitividad y medidas para facilitar la movilidad laboral, que en general no son controvertidos.

– Una mínima armonización del impuesto de sociedades, razonable si se avanza hacia una mayor integración fiscal.

– Un ajuste de la edad de jubilación según la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Es ineludible avanzar en esta dirección, y es injusto pedir a los ciudadanos alemanes que contribuyan al mantenimiento de los prejubilados griegos.

– La abolición de los sistemas de indiciación salarial, de manera que los salarios se fijen en función de la productividad. A pesar de la polémica desatada en España, nuestro problema sigue estando más bien en el ámbito de la negociación colectiva, donde es necesaria una descentralización considerable.

– La inclusión de enmiendas constitucionales de equilibrio presupuestario en todos los países de la UE, o de la Eurozona.

Las reglas fiscales autoimpuestas son más democráticas y potencialmente más eficaces que un sistema de sanciones como el del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), aunque sea difícil lograr un equilibrio entre la flexibilidad, que permita políticas anticíclicas, y la credibilidad y las garantías de cumplimiento.

El debate actual sobre el techo de la deuda en el Senado estadounidense ilustra los peligros de este tipo de legislación.

– El establecimiento de un mecanismo de resolución de las crisis bancarias. Quizá la enseñanza más importante de esta crisis es que es necesario un marco para que los bancos puedan quebrar sin que ello arrastre al resto de la economía. Los reguladores en Basilea y Bruselas llevan meses trabajando en ello.

En fin, las propuestas del Pacto de Competitividad son, en general, razonables, siempre y cuando supongan avanzar hacia una unión fiscal que equilibre la unión monetaria.

Ahora bien, no olvidemos que se trata de un quid pro quo, donde tanto los países del centro como los de la periferia deben ceder. Y el otro pilar del acuerdo, los mecanismos de resolución de crisis, parece estar, a pesar de su mayor urgencia, menos maduro.

Los paquetes de rescate a Grecia e Irlanda no han sido eficaces -de ahí las reticencias de Portugal a solicitar uno similar-, porque han proporcionado un alivio temporal de liquidez sin restablecer la sostenibilidad de la deuda. La expectativa de flexibilización del EFSF constituyó un revulsivo para los mercados de deuda a principios de año.

Pero, una vez más, parece que Europa se olvida de las decisiones heroicas cuando se aleja del abismo.

En las últimas semanas han llegado señales preocupantes desde Alemania, donde el lobby ortodoxo se opone con vehemencia a una flexibilización de los mecanismos existentes.

Entre las medidas consideradas están la ampliación del tamaño del Fondo; la reducción de los costes financieros del rescate; las compras de deuda en el mercado secundario (que aliviarían al BCE de una tarea que le resulta incómoda); la concesión de líneas de crédito a los Gobiernos, y el préstamo directamente a bancos.

Ideas sensatas que permitirían afrontar la crisis con un arsenal más amplio y adecuado que los paquetes clásicos del FMI aplicados a Grecia e Irlanda.

Además, Europa debe afrontar la clara contradicción entre propugnar que los acreedores privados experimenten quitas en las crisis de deuda soberana (tal como se ha anunciado para el nuevo ESM que empezará a funcionar en 2013, anuncio que fue el detonante de la grave crisis desatada a finales del pasado mes de octubre) y resistirse a que los bonistas senior experimenten pérdidas en las crisis bancarias.

El caso de Irlanda ha puesto de manifiesto esta contradicción de manera flagrante.

El riesgo de una reestructuración de la deuda soberana para evitar una quita de deuda bancaria es, de acuerdo con el refranero castellano, “hacer un pan como unas tortas”.

Santiago Fernández de LisSara Baliña son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi).

 

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7 marzo, 2011 - Posted by | ECONOMIA, NOTICIAS | ,

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