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España ya tiene más empleados públicos que comerciantes y hosteleros

España ya tiene

más empleados públicos

que comerciantes y hosteleros

¿ Hay que adelgazar

la plantilla de funcionarios?

02.06.2011M. Tejo

El empleo público se ha disparado un 28,2% en la última década, según alertaba ayer Funcas. El furor por las contrataciones le convierte en el sector económico con más plantilla del país.

[FUNCIÓN PÚBLICA:  ]

Piense en su barrio y en todos los bares y comercios que hay en él. Ahora, imagine cuántas personas trabajan en cada uno de esos locales. Pues bien, aún se quedará corto para calcular cuántos funcionarios tocan por zona.

Durante el primer trimestre de 2011, el número de personas que trabaja en alguna de las tres Administraciones o empresas públicas (3.186.000 en total) superó al de empleados encuadrados en “el sector del comercio [al por menor y al por mayor], la reparación de vehículos de motor y motocicletas y la hostelería” (3.134.000 efectivos).

Los datos que recoge el Banco de España son tajantes. Por primera vez desde que la entidad guarda datos, el aparato público no sólo es el único motor que en la actualidad tira del empleo –mientras el sector privado ha perdido 229.000 empleados respecto a 2010 por el efecto lógico de la crisis, el entramado público ha ganado 98.000–, sino que se ha convertido en el primer sector económico en cuanto a número de asalariados.

[foto de la noticia]

Su plantilla supera incluso a la industria, un sector que mueve el 15% del PIB, pero cuya fuerza laboral está un 25% por debajo del rodillo todopoderoso de las Administraciones (alberga a poco más de dos millones de personas, según puede consultarse en el gráfico).

Las casas de análisis más importantes ya han llamado la atención sobre este fenómeno sin precedentes, que no dudan en definir como “un método artificial [de las comunidades] para contener las cifras de desempleo”.

No conviene perder de vista que las autonomías tienen que afrontar todos los meses el momento amargo de dar a conocer los datos de paro de su territorio, una tarea que puede verse dulcificada por la doble vía de extraer de las listas oficiales a los parados en formación y, en segundo lugar, gracias al efecto enjuague de las contrataciones.

El servicio de estudios de Funcas se hizo ayer eco de una parte de este binomio, en un prolijo análisis que mide el impacto laboral que ha tenido la transferencia de determinadas competencias a las Administraciones autonómicas.
El informe, que firman los profesores Miguel Ángel Malo (Universidad de Salamanca), Luis Garrido (UNED) y Begoña Cueto (Universidad de Oviedo), compara lo que ha sucedido entre el tercer trimestre de 2000 y el mismo periodo de 2010, al albur de las cifras que revela la EPA.

Durante ese tiempo –que justo engloba el momento en el que las competencias de sanidad y educación pasaron a manos de las comunidades– el empleo público creció en 700.000 personas. En concreto, las autonomías son responsables de dos tercios del aumento de personal (550.000), mientras los ayuntamientos explican el otro tercio (incorporaron a sus filas 150.000 personas).

El miedo a coger la tijera
Pasado el periodo de gracia de la campaña electoral, todo apunta a que las comunidades tendrán que revisar sus plantillas para poner a raya sus números rojos. Tan sólo Galicia, La Rioja y Aragón terminaron el primer trimestre con un leve superávit, así que los expertos dan por hecho de que la poda en los gastos corrientes llegará, aunque tocar las nóminas de los funcionarios sea, aún hoy, un tema tabú.

244.000 contratos
El empleo público –que engloba tanto a quienes están bajo el paraguas de las Administraciones en empresas públicas– creció en 244.000 personas desde el inicio de la crisis (tercer trimestre de 2007) hasta el mismo periodo de 2010, según el informe de Funcas.

En esta línea, el último estudio regional de la Agett subraya que desde el estallido de la crisis, catorce regiones están creando empleo público de carácter indefinido. Todas salvo Aragón, La Rioja y Extremadura. Precisamente las dos primeras presentaron un ligero superávit en sus cuentas en el primer trimestre.

28,2% de aumento
Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las comunidades que más incrementaron sus plantillas entre 2000 y 2010, en términos absolutos. En concreto, Andalucía sumó 125.711 efectivos; Cataluña, 123.549; y la Comunidad de Madrid, 77.581, cifras que suponen el 18,3 %, el 18% y el 11,3 %, respectivamente, del total de nuevos empleos creados. En el otro extremo, las ciudades Navarra (4.292), Asturias (4.477) y La Rioja (4.724) fueron las que menos aumentaron el número de personal. El incremento medio de empleo público en la década fue del 28,2%.

31.00 millones en ‘B’


Junto a la pujanza de los funcionarios, a los expertos les preocupa otro fenómeno que crece lentamente entre bambalinas: a economía sumergida.

Según un análisis divulgado ayer por Funcas, la actividad en B representa el 21,5 % del Producto Interior Bruto (PIB). El pasado marzo, en un adelanto de este estudio, se cifraba la economía sumergida en torno al 17% del PIB.

En términos de recaudación fiscal, el estudio evidencia que la economía informal genera una merma de ingresos de 31.000 millones de euros de media al año entre 1989 y 2008 (el 5,6% del PIB).

Hay que adelgazar la plantilla de funcionarios

El empeño de las Administraciones Públicas, sobre todo las autonómicas y municipales, de seguir engordando sus plantillas en los últimos años resulta un contrasentido en medio de la severa crisis que todavía padecemos y que ha llevado a la empresa privada a un drástico proceso de destrucción de empleo.

Esa querencia de los dirigentes políticos a crear mastodónticos aparatos burocráticas derivó al principio de la crisis en la insostenible paradoja de que contamos con 3,2 millones de empleados públicos, muy por encima de los 2,3 millones de trabajadores del sector industrial.

Los últimos datos, correspondientes al primer trimestre, abundan en esa insostenible desproporción. Por primera vez, el número de empleados públicos supera a los integrados en el sector del comercio, la reparación de vehículos al motor y la hostelería en conjunto.

Mientras las empresas han destruido 230.000 empleos en el último año, el aparato público ha creado 98.000. La cruda realidad es que este país tiene exceso de funcionarios. Representan más del 15% del total de trabajadores en activo y en algunas autonomías, curiosamente las menos desarrolladas y con más paro, su peso se eleva al 20%. El capítulo de retribuciones a los empleados públicos representa el 26% del gasto público total.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, cifraba recientemente en 150.000 el número de funcionarios que, a su juicio, sobran. Más allá de esa cifra, que puede valer a título orientativo, lo cierto es que el modelo económico al que debe aspirar España, sostenible y más competitivo, es incompatible con la hipertrofia del aparato público, fruto de una descontrolada política de contrataciones, y la multimillonaria factura que supone para los contribuyentes.

No es un problema que se pueda corregir con puntuales recortes salariales como ha hecho el Gobierno y que, por otra parte, por más necesarios que hayan podido resultar, no dejan de resultar muy injustos en determinados colectivos.

Los dirigentes políticos al frente de los tres niveles administrativos, central, autonómico y local, deben asumir la responsabilidad de evitar que el problema siga engordando y adoptar una terapia con carácter estructural.

Y eso requiere una profunda cirugía para redimensionar las plantillas en todas las administraciones, empezando por eliminar la cantidad de duplicidades que existen, con el objetivo de buscar una mayor proporcionalidad con el conjunto del mercado de trabajo y con el tamaño de la economía española. Es un problema que tarde o temprano habrá que afrontar.

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3 junio, 2011 - Posted by | ECONOMIA, NACIONAL, NOTICIAS | ,

3 comentarios »

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