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Acciones contra la SGAE: un éxito de ‘El Economista’

Nueve detenidos y siete registros en la investigación sobre la SGAE

eleconomista.es / Agencias
1/07/2011 –
  • Las investigaciones de los medios, clave detrás de la denuncia
  • Todavía no se ha producido ninguna detención: continúa el registro
En profundidad

La Guardia Civil ha practicado nueve detenciones y ha efectuado siete entradas y registros en el marco de la investigación sobre un presunto desvío de fondos en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), ha informado el instituto armado.

Entre las personas detenidas figuran el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, y el director general de la citada filial digital de esta entidad -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)-, José Neri, según fuentes de la investigación.

Los detenidos, según la Guardia Civil,habrían creado una estructura societaria en torno a la Sociedad General de Autores que se habría lucrado de una beneficiosa relación económica con las entidades del denominado “grupo SGAE”.

Un minucioso registro

La Guardia Civil ha registrado durante todo el día la sede de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en el marco de una operación de Anticorrupción que investiga un supuesto delito de apropiación indebida.elEconomista ha denunciado repetidamente las irregularidades de la SGAE, detonante, junto a las revelaciones otros medios, de la denuncia que ha provocado la actuación de la Fiscalía.

Así lo han informado a Efe fuentes de la investigación, que han concretado que esta operación se ha abierto a raíz de una denuncia que varias sociedades presentaron hace dos años ante la Fiscalía Anticorrupción por apropiación indebida. 

La web de Antena 3fue la primera en dar la noticia, que fue desmentida a elEconomista.es por fuentes de la SGAE, desmentido que queda en nada dado el devenir de los acontecimientos.

Varios vehículos de la Guardia Civil han llegado aproximadamente a las 11:00 horas de hoy a la sede de la SGAE en la calle Fernando VI de Madrid, donde han sido desalojados los trabajadores que se encontraban en ese momento en el edificio.

Los medios, la clave detrás de la denuncia

El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE).

La denuncia, a la que tuvo acceso Europa Press, se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias “supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE”.

elEconomista, verano de 2007: El lucrativo entramado de los derechos de autor, la red empresarial de la SGAE.

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No han respetado su mandato legal

Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.

Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, “el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley”.

A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la “malversación” de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como “principal fiscalizador de este tipo de asociaciones”.

Acciones contra la SGAE: un éxito de ‘El Economista’

Antonio Papell
1/07/2011 –
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El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Eduardo Bautista. Foto: EFE

elEconomista.es en Twitter

En profundidad

Lo único lamentable de la expeditiva actuación de la Fiscalía Anticorrupción contra la SGAE en el día de hoy es el gran retraso con que la Justicia ha reaccionado a unas denuncias que se produjeron hace casi tres años y que se residenciaron precisamente enEl Economista.

Porque fue este periódico el que reveló por primera vez a la opinión pública los abusos que se estaban cometiendo en la Sociedad de Autores, un organismote gestión de derechos de autor que por ley no puede tener ánimo de lucro y que sin embargo era presuntamente el eje de jugosos negocios privados en sociedades cuyos principales accionistas eran los altos directivos de la SGAE y sus familiares y amigos.

El 13 de julio de 2007, El Economista denunciaba en su primera página que la Sociedad Digital de Autores y Editores, S.L., (SDAE) el “brazo tecnológico” de la Sociedad General de Autores de España (SGAE) que ni siquiera tenía por aquel entonces página web en funcionamiento (su dirección en Internet llevaba meses devolviendo el mensaje ‘En mantenimiento’),

era el‘holding’ que agrupaba una serie de empresas privadas de servicios participadas por los gestores de la SGAE: la Central Digital, que contaba como activo principal con una plataforma de venta de contenidos en la Red; Portal Latino, tienda de música en Internet presentada públicamente como propia por la SGAE; Latinergy (web de música latina), Museekflazz (web de venta de contenidos de jazz), Egrem (de música cubana)…

Y también Microgénesis y Coqnet, empresas dedicadas al asesoramiento y creación de negocios en Internet, que no formaban parte de dicha estructura pero que tenían con las anteriores un punto en común además del domicilio social, en Gran Vía 36: los directivos.

En noviembre, aquellas informaciones de El Economista fueron elevadas en forma dedenuncia a la Fiscalía por la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). Asociaciones todas ellas maltratadas por la SGAE.

La Justicia responde

La respuesta de los tribunales llega ahora, después de la que Fiscalía formalizase su denuncia mediante un escrito al Decanato a la Audiencia Nacional y el juez Ruz se hiciera cargo del caso.

Las fuerzas de seguridad del Estado han realizado un minucioso registro y se procederá seguramente al emplazamiento ante el juez de Teddy Bautista y otros directivos, que en apariencia han hecho pingües negocios marginales a la actividad “sin ánimo de lucro” a su empresa de gestión de derechos.

Pocas lágrimas se habrán derramado en España por estas actuaciones contra una sociedad, la SGAE, que había sabido ganarse a pulso la inquina de todos y sobre la que recaían abundantes sospechas de corrupción.

Todavía no puede darse por seguro tal extremo, pero ya la Justicia, lenta pero casi siempre eficaz, está en trance de poner a una vez más a todos los facinerosos en su sitio.

Asociaciones de internautas denuncian a la SGAE ante Anticorrupción por apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones

elEconomista.es
20/11/2007 –
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Sede de la SGAE. Foto: Archivo
  • La Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) presentaron ayer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigue a la SGAE por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones.

En ella, acusan a sus directivos de haber obtenido presuntamente beneficios económicos, a través de un entramado de sociedades, tal y como adelantó elEconomista el pasado verano.

Las asociaciones de internautas acusan a los directivos de la SGAE de haber obtenido presuntamente beneficios económicos, a través de una trama de sociedades limitadas financiados con la recaudación de derechos de autor. Así lo señala el diario El País en su edición de hoy, donde señalan que la SGAE, como entidad de gestión colectiva, está obligada por ley a no ejercer actividades con ánimo de lucro.

“Existe una actividad económica con aparentes tintes delictivos”, aseguran los denunciantes ya que sus directivos “podrían estar envueltos en una trama societaria supuestamente utilizada para la gestión fraudulenta de sus fondos”.

En el punto de mira

Las sociedades Microgénesis y Coqnet estarían en el punto de mira, según la denuncia, por compartir sede social y directivos con la entidad de gestión. En ella se nombra a José Luis Rodríguez Neri, Rafael Ramos Díaz o Eva García Pombo, entre otros.

El diario El País se hace eco del texto presentado ante la Fiscalía y destaca la parte en la que se espeta expresamente que: “Estas cuentas evidencian la existencia de un entramado societario que no mantiene sólo las dos empresas antes citadas y además, lo hace con fines claramente lucrativos, (prohibido expresamente por ley), en el sentido de que sus socios obtienen una serie de beneficios económicos y comerciales como directivos de aquellas empresas (a costa de la SGAE y la protección legal que nuestro sistema de derecho ofrece a su gestión), sino también, el incumplimiento de otro importante mandato legal: ‘El reparto de los derechos recaudados se efectuará equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas’ (art. 154.1 de la Ley de Propiedad Intelectual)”.

En la denuncia presentada también se hace responsable al Ministerio de Cultura, donde se manifiesta su “subsidiaria culpa in vigilando, por ser el principal fiscalizador de la actividad de este tipo de asociaciones”.

El lucrativo entramado de los derechos de autor: la red empresarial de la SGAE

Ana Tudela
13/07/2007 –
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Palacio de Longoria, sede de la Sociedad General de Autores (SGAE).Foto: Nono

elEconomista.es en Twitter

  • La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), conocida hoy más que nunca por la polémica sobre el canon digital que se quiere aplicar a dispositivos que reproducen contenidos protegidos por la ley intelectual (música, vídeo, etc.), ha creado un entramado de sociedades que compiten en su actividad con áreas económicas que poco tienen que ver con la gestión de derechos. Su estructura es mínima.

La Central Digital, que cuenta como activo principal con una plataforma de venta de contenidos en la Red; Portal Latino, tienda de música en Internet presentada públicamente como propia por la SGAE; Latinergy (web de música latina), Museekflazz (web de venta de contenidos de jazz), Egrem (de música cubana)… Todas ellas tienen en común el domicilio social y que, de una u otra forma, se prestan servicios entre sí. Pero no son las únicas que habitan en Gran Vía 36.

Hay vecinas que no cuelgan del árbol societario que en los últimos años ha ido creando SGAE y que sin embargo tienen nombres comunes entre sus administradores. Microgénesis y Coqnet, empresas dedicadas al asesoramiento y creación de negocios en Internet no entran en la estructura pero tienen un punto en común además del domicilio social: los directivos.

El nexo de unión es la Sociedad Digital de Autores y Editores, S.L., (SDAE) el brazo tecnológico de la propia SGAE. Sirva como detalle que esta filial, SDAE, es tan tecnológica que no tiene ni web en funcionamiento. Su dirección en Internet lleva meses devolviendo el mensaje ‘En mantenimiento’.

¿Sin ánimo de lucro?

La SGAE, la gestora de derechos de autor, no tiene ánimo de lucro, según sus estatutos, pero es propietaria al cien por cien de SDAE, antes una división de SGAE y hoy una sociedad limitada que debe el 99 por ciento de su facturación a la SGAE, según las propias cuentas anuales de SDAE presentadas ante el registro mercantil.

Tenga o no ánimo de lucro, SDAE siempre está en pérdidas. Tanto que en 2004 entró en quiebra técnica, según el informe de auditoría de aquel ejercicio, consultado porelEconomista.

¿Quién puede acudir en su ayuda? Su único accionista, la SGAE.

Ésta, que cruza los dedos ante la palabra Internet cuando está en público por las descargas de contenidos mediante sistemas de compartición de archivos (eMule, Kazaa, etc.), lleva años preparándose para hacer negocio en la Red.

Ha creado una sociedad tecnológica, portales de venta de contenidos, sistemas de protección de copia privada (DRM) listos para ser comercializados en otros países y lucrarse con ellos (Sistema Argos, por ejemplo).

Recapitulando: De SGAE, la gestora, cuelga SDAE, la filial tecnológica; que es propietaria de Portalatino, la página de venta de música; que es a su vez propietario de los derechos de explotación de La Central Digital, la plataforma de software para venta de contenidos on line; que es a su vez quien da servicio a las webs de música especializada Latinergy, Museekflazz y Egrem.

Con toda esta actividad, si se suman las pérdidas anuales que acumuló la empresa cabecera de todo ese negocio, SDAE, entre 2000 y 2005, ambos incluidos, se obtienen casi 7 millones de euros.

Una de las causas que influyen es que, en el año 2003, SGAE decidió empezar a transferir todos sus activos tecnológicos a SDAE a través de ampliaciones de capital no dinerarias. SGAE, como accionista único, suscribía la ampliación pero lo que aportaba eran los activos (software y hardware). Las amortizaciones (resta periódica de la pérdida de valor en el tiempo de los activos de una sociedad), a las que debe hacer frente SDAE desde entonces, son uno de sus lastres.

No es de extrañar cuando se ven inversiones en aplicaciones informáticas por parte de SDAE del calibre de las que figuran en las cuentas de 2005: 7,68 millones de euros.

¿Empiezan a marearse? Pues agárrense que vienen curvas.

“Puede haber delitos que hayan prescrito”

Entrevista a Ofelia Tejerina, abogada de la Asociación de Internautas

PÚBLICO Madrid 01/07/2011

1 ¿Porqué la denuncia?

La idea surge a raíz de la noticia que leímos en 2007 en Público sobre el entramado empresarial de la SGAE. Decidimos investigar si esas personas que pertenecían a la Junta Directiva de la gestora tenían relación con las empresas que se mencionaban y si, de alguna forma, reconocían desde la propia SGAE que había negocios con estas empresas que involucraban a personas de la Junta Directiva. Cuando lo comprobamos, conociendo los tipos penales que podían ser de aplicación, entendimos que había que ponerlo en manos de una fiscalía para que el Estado lo investigase. Y lo llevamos un mes después a la Fiscalía Anticorrupción. No estamos personados como acusación.

2 ¿Porqué la Fiscalía no denuncia hasta 2010?

Los procedimientos tardan por una cuestión de volumen de trabajo, aunque este caso iba sorprendentemente lento. Ahora se está investigando lo que se denunció en 2007. De momento, tienen indicios.

3 ¿Cuánto puede durar el proceso y cuál podría ser la pena si hay delito?

Dos o tres años. Depende de cuánta gente esté implicada y de la investigación. Y cuando se haga la calificación penal puede haber muchas prescripciones, lo más seguro es que no sea un solo delito. Las penas dependerán de las cuantías. Estamos ante una situación sin ánimo de lucro con privilegios que le otorga la ley.

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1 Comentario
  • Vetinari

    ¡Qué casualidad! ¡Qué rápida actua la justicia ante la mínima falta de cualquier currito, pero qué lenta para procesar a los grandes mangantes de este país!… Es lo que tiene ser amigo de Camps.

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1 julio, 2011 - Posted by | SGAE | ,

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