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La cara oculta de las noticias

El socio de Urdangarin se doctoró con una tesis sobre como dar «pelotazos»

OPERACIÓN BABELEl socio de Urdangarin se doctoró con una tesis sobre como dar «pelotazos»

El análisis académico de Diego Torres incluye siete artículos del yerno del Rey sobre los jugosos contratosde Baleares y Valencia.

Melchor Sáiz-Pardo | Colpisa

 

28/11/2011 

Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, ni mucho menos se ocultaban.

Es más, hacían alarde académico de sus negocios a cuenta de los patrocinios sin aparente ánimo de lucro y de la organización de eventos relacionados con el deporte.

Los agentes de la Policía Judicial de la operación Babel, que investigan los supuestos contratos irregulares a las empresas del yerno del rey por parte del Gobierno balear y el presunto desvío de esos fondos, tienen desde hace días en su poder un valioso manual de uso de esa trama empresarial: la tesis doctoral del propio Torres, en la que el principal imputado desgrana cómo sacar provecho económico de los mecenazgos y en la que, incluso, incluye artículos firmados «a la limón» con el duque de Palma en los que presenta las adjudicaciones del Gobierno de Jaume Matas y los «sablazos» a las instituciones valencianas como ejemplo de gestión.

La tesis doctoral, de 180 páginas, se denomina Influencia del alineamento estratégico en el éxito del patrocinio y fue presentada por Torres en Esade en enero de 2008 en Barcelona. Para entonces Torres era el máximo dirigente del Instituto Nóos, que Urdangarin había abandonado formalmente en verano de 2006, tras aparecer las primeras denuncias sobre los presuntos contratos irregulares con el Ejecutivo de Matas para los fórum deportivo-turísticos que les reportaron a Nóos 2,3 millones de euros.

El marido de la infanta Cristina, a la vista de la tesis, no se había desvinculado de Torres, que en su tesis agradece la «ayuda de mis compañeros del Instituto Nóos» y, sobre todo, «destaca el apoyo recibido de Iñaki Urdangarin, que a largo de todo este período siempre me ha escuchado pacientemente mis disquisiciones sobre este tema y me ha dado muchas buenas ideas basadas en su conocimiento directo del mundo del deporte».

El socio de Urdangarin no oculta que el objeto de sus tesis es analizar el dinero que se mueve con el patrocinio y, en particular, con el deportivo, precisamente de lo que le acusa el juez de Palma.

«El patrocinio -escribe Torres- es una actividad de gran impacto económico y social, en claro crecimiento (.) En el año 2005 la inversión mundial en patrocinio se estimó en 30.000 millones de dólares, de los cuales el 87% se destinaron a patrocinios deportivos».

Las citas del profesor universitario -apartado por Esade desde hace unos días- al yerno del rey durante su estudio son continuas. Es más, en sus referencias bibliográficas incluye hasta siete artículos escritos por Urdangarin.

A dedo

Precisamente, cuatro de esos trabajos firmados por el miembro de la familia real están referidos a los contratos bajo sospecha que Jaume Matas adjudicó a dedo al Instituto Nóos y los multimillonarios contratos que Torres e Iñaki Urdangarin también cerraron con las administraciones valencianas por entonces para celebrar unas jornadas idénticas a las de Mallorca con el fin de poner en marcha unos juegos europeos que jamás llegaron a celebrarse.

Diego Torres, quien por su parte incluye otros cuatro artículos sobre aquellos congresos, durante su trabajo académico defiende como ejemplo de gestión de ese «éxito del patrocinio» aquellas jugosas adjudicaciones que, finalmente, no condujeron a que en ninguna de las dos comunidades se celebraran nuevos eventos deportivos.

Aun así, Torres, quien en 2008 seguía volcado en el mecenazgo, defiende su parcela: «Los directivos harán bien en considerar el patrocinio como una actividad estratégica, susceptible de contribuir a la generación de una ventaja competitiva sostenible».

Y no solo entre las empresas privadas, sino también en el sector público: «Las administraciones públicas también pueden utilizar las conclusiones que se derivan del estudio para formular políticas para promover el patrocinio y mejorar la eficacia de este».

28 noviembre, 2011 Posted by | corrupcion | , , , | Deja un comentario

El creador del dólar de oro y plata en EEUU es condenado y tachado de “terrorista”

EL CASO DE LOS “LIBERTY DOLLARS”

El creador del dólar de oro y plata en EEUU es condenado y tachado de “terrorista”

Bernard von NotHouse, creador de un dólar alternativo basado en oro y plata, ha sido declarado culpable por falsificación monetaria.

Bernard von NotHouse, creador de los “Liberty Dollars” | Archivo

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  • 2011-04-18  Hugo Baldasano

Bernard von NotHouse, de 67 años, el creador de una moneda alternativa en EEUU basada en oro y plata, bajo el nombre de “Liberty Dollars”, ha sido declarado culpable por falsificación y puede ser sentenciado a un máximo de 15 años de cárcel y una multa de hasta 250.000 dólares. El juicio duró apenas ocho días y el jurado lo declaró culpable tras deliberar una hora y media. NotHouse está ahora a la espera de condena definitiva.

Los “Liberty Dollars” aparecieron por primera vez en 1998, cuando von NotHouse las creó como una alternativa anti-inflacionaria a los dólares emitidos por la Reserva Federal. Consisten en medallones de oro, plata y también de cobre para las denominaciones más bajas. También emitieron certificados de plata con reserva del 100%.

No son la única moneda alternativa que existe en el país norteamericano, aunque sí es la única de oro y plata, y había conseguido una fuerte aceptación. La adopción de esta moneda por parte de los particulares fue muy paulatina, pero poco a poco había ido tomando relevancia, hasta el punto de alcanzar una circulación por valor de 7 millones de dólares.

El veredicto concluye una investigación iniciada en 2005 por el Gobierno federal de EEUU. En noviembre de 2007, los federales asaltaron la sede de la organización, situada en el estado de Carolina del Norte, llevándose consigo documentos y todas las monedas que encontraron, incluidas dos toneladas con la cara del congresista Ron Paul.

El asalto fue consecuencia de la denuncia que NotHouse presentó en marzo 2007 -pocos meses antes- contra el Gobierno estadounidense para que dejara de referirse a los “Liberty Dollars” como una moneda ilegal, así como para forzar la retirada de un aviso colgado en la web de la Casa de la Moneda en donde se afirmaba que NotHouse violaba la ley federal.

Según el Gobierno, los “Liberty Dollars” tienen la intención de confundirse con los dólares oficiales emitidos en régimen de monopolio por la Reserva Federal (FED), ya que también están marcados con el signo del dólar y usa la palabras “dollar”, “USA”, “Liberty” y “Trust in God” (Confía en Dios) a diferencia del “In God We Trust” (“En Dios Confiamos”), así como otras características de la moneda oficial del Gobierno.

La similitud o no de ambas monedas se puede comprobar en esta imagen, donde se compara los billetes de 5 dólares del Gobierno federal con los “Liberty Dollars”.

La palabra dólar, originalmente, es una medida de peso. En concreto, se refería a la cantidad de oro o plata que había en una determinada moneda, al igual que los términos peseta o libra. Este término también se emplea en numerosos países de todo el mundo para referirse a las monedas emitidas por sus gobiernos, como por ejemplo Canadá, Zimbawe, Australia o Hong Kong, entre otros.

Los creadores de esta moneda alternativa eran conscientes de lo agresivos que llegan a ser los gobiernos a la hora de mantener el monopolio de la moneda, así que habían consultado a varias personas de la Administración federal. Según la organización, Claudia Dickens, portavoz del Bureau of Engraving and Printing del Tesoro estadounidense, encargado de la emisión de los dólares de la Reserva Federal, les confirmó previamente que los “Liberty Dollars” eran legítimos:

Mientras no digan ‘moneda de curso legal’ no hay ningún problema.

La mencionada denuncia de 2007 fue una reacción al aviso emitido en 2006 por la Casa de la Moneda del Gobierno federal en donde, además de acusar a esta organización de falsificar dólares, se afirmaba que competir contra el monopolio oficial en la emisión de moneda constituía un acto criminal. La primera reacción de la organización ante tales acusaciones fue emitir una nota en la que se afirmaba lo siguiente:

Los Liberty Dollars no son moneda de curso legal, nunca se ha afirmado tal cosa, y no pretende serlo.

Sin embargo, Bernard von NotHouse no escondió nunca su intención de introducir competencia en el mercado de la moneda en EEUU. Cuando inició su proyecto comentó a uno de los periodistas:

Vamos a ser a la Reserva Federal lo que Federal Express ha sido al servicio postal del Gobierno.

A pesar de todo, el Gobierno estadounidense siguió adelante con la denuncia y ha conseguido una sentencia de culpabilidad por los cargos de intentar falsificar dólares oficiales, lo cual les ha permitido intentar confiscar todos los “Liberty Dollars” en circulación. Tras la sentencia, el abogado que representa a Washington en el proceso ha llegado a tildar de terrorista a NotHouse y, de paso, ha lanzado un aviso para navegantes:

Es una violación de la ley federal […] crear una moneda privada para intentar competir con el sistema monetario oficial de los Estados Unidos.

Cualquier intento de socavar la moneda legítima de este país es, sencillamente, una forma de terrorismo doméstico. Aunque estas actividades anti-gubernamentales no son violentas, son igual de insidiosas y representan un claro peligro para la estabilidad económica de este país.

Estamos totalmente resueltos a parar estas iniciativas mediante infiltración, asalto y cierre de cualquier organización que amenace a nuestra forma de gobierno democrático.

Curiosamente, la delegación de Cleveland de la Reserva Federal, el organismo encargado de gestionar el monopolio de la moneda impuesto por el Gobierno estadounidense, ha emitido informes donde afirma que este tipo de monedas privadas han ayudado a la economía en el pasado, especialmente durante la Gran Depresión.

Además, varios estados de EEUU, como Utah, están presentando iniciativas para empezar a emitir monedas de oro y plata como alternativa al dólar oficial. De hecho, EEUU tiene una larga tradición de monedas privadas, aunque la imposición de un monopolio monetario siempre ha sido una aspiración de todos los gobiernos en la historia porque permite a los dirigentes financiarse mediante la inflación, que es mucho más discreto y alejado del control ciudadano que los impuestos directos, por razones obvias.

Por ejemplo, durante los siglos XVIII y XIX las monedas privadas eran la norma y los ciudadanos lucharon para eliminar los dos bancos centrales que se intentaron crear en aquella época.

18 abril, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, corrupcion, DENUNCIA, ECONOMIA, ECONOMIA, EDITORIAL, EEUU, LIBERTAD de EXPREXION, NOTICIAS, PORTADA | , | Deja un comentario

Los trajes, sólo la punta del iceberg valenciano

La investigación ha destapado graves delitos de corrupción

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 15/02/2011 01:00

Álvaro Pérez llevaba las riendas de Orange Market.EFE

Álvaro Pérez llevaba las riendas de Orange Market.EFE

Las airadas protestas del PP por el trato “injusto” a Francisco Campstropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada.

Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas.

Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira,consideran involucrada a la plana mayor de Camps.

Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

01. La financiación: 2,5 millones ocultos

La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido.

La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007.

Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el “amiguito del alma” de Camps.

Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por “terceros”, advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008.

El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market.

Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron “siguiendo indicaciones” de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría “contrapartidas”.

02. El amaño: 14 millones en contratos

En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a “reiteradas irregularidades”. Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur.

Y las destaca “tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas”. En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.

03. El saqueo: tres millones de Canal 9

En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa.

El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.

El PP de Valencia ocultó al fisco 2,5 millones en 2007

Un informe de Hacienda incorporado al sumario Gürtel’ confirma que los conservadores pagaron en negro a Orange Market en las elecciones autonómicas y municipales de ese año

ALICIA GUTIÉRREZ Madrid 11/05/2010 20:53 Actualizado: 12/05/2010 06:34

El PP valenciano ocultó a Hacienda 2.565.891 euros pagados a Orange Market durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2007.

La demoledora conclusión, que aprieta aún más el nudo que atenaza a Francisco Camps, figura en un informe de la oficina antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado ahora al sumario delcaso Gürtel.

Tras el elaborado por la unidad policial de delitos fiscales (UDEF) en julio de 2009, este es el segundo informe que levanta el velo de la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

El ‘príncipe’ y el ‘cantante’

Hacienda afianza la denuncia de la policía: hubo pagos a cargo de terceros

Fechado el pasado 6 de mayo, el informe sostiene que el PP no sólo ocultó gastos electorales sino que una parte de la campaña fue pagada por “terceros”, entre ellos alguien apodado el príncipe y un segundo personaje identificado comoel cantante

El primero abonó a Orange Market 200.000 euros por trabajos para el PP. “El cantante” pagó 199.520 euros.

En el documento de la ONIF consta también asociada a pagos supuestamente electorales la empresa Facsa. Su propietario, Enrique Gimeno, es uno de los empresarios contra los que el PSOE mantiene una querella por presunta financiación ilegal del PP.

Un archivo interno de Orange Market incluía en la partida de cobros Alicante (declarados a Hacienda, en la terminología de la trama) una anotación contable del 7 de agosto de 2007: 174.000 euros junto al epígrafe “Campaña 2007/Facsa facturas 84, 85, 86, 87”.

La constatación de que hubo pagos en B se produjo al escrutar las cuentas de Orange Market, franquicia valenciana de la red corrupta, que recibió más de 14 millones de euros en contratos públicos.

El PP reaccionó con ira y anunció una querella contra el autor del informe

Basándose en los documentos sobre Orange Market que ya había analizado la UDEF, así como en nueva información fiscal y mercantil, los investigadores cifran en 634.608 el importe total de lo facturado legalmente por Orange Market al PP valenciano por trabajos electorales en 2007.

Pero el monto real es muy superior: 3.200.499 euros, según los documentos rastreados.

Uno de los documentos localizados en los ordenadores de Orange Market resultó clave: un archivo de cálculo en formato excel y titulado “Resumen pagos”. Una de las hojas contenía el cuadro auténtico de actos organizados por Orange Market para el PP durante el periodo previo a los comicios y pagados sin IVA. El total, 3.200.499 euros.

“Como se puede apreciar subraya el informe, estos servicios fueron muy superiores a los que se formalizaron vía factura y que ascendieron a la cifra de 634.608 euros.

Puesto que se ocultaron en la contabilidad de Orange Market y se articuló un complicado y opaco sistema de cobro debemos inferir que también fueron ocultados en la contabilidad del destinatario del servicio”. Es decir, en la contabilidad del PP.

“Se deduce añade a renglón seguido la ONIF que el importe de los gastos que se ocultaron por parte del PPCV [PP valenciano] en las elecciones autonómicas y locales de 2007 ascendió a la cifra de 2.565.891 euros”.

Los autores del informe desgranan la legislación electoral y el conjunto de la normativa contable que el PP debió aplicar.

Anoche, el PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

La cúpula del PP valenciano dirigía la financiación ilegal

Un informe policial señala al secretario general del PP regional, Ricardo Costa, y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, como los artífices de las operaciones con la trama Gürtel

Á. V. Madrid 24/09/2009 20:37 Actualizado: 25/09/2009 00:06

Ricardo Costa, en una imagen de archivo.

Ricardo Costa, en una imagen de archivo.

El informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) no quiso revisar, alegando haber archivado ya la parte delcaso Gürtel relativa a los trajes recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es todo lo jugoso que se esperaba.

O más. Apunta directamente como responsables de la presunta financiación irregular del PP a la cúpula del partido en Valencia y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.

Junto a Rambla, la Unidad de Delincuencia Económica sitúa no sólo como conocedores sino ejecutores de la situación irregular al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al vicesecretario, David Serra, y a la tesorera del partido, Yolanda García Santos.

Ninguno de ellos está todavía imputado, aunque a la vista del informe no parece que pueda ser otra la condición en la que acabarán en un futuro próximo.

El informe es contundente.

Detalla que la trama Gürtel negociaba el pago de la deuda con los responsables políticos del PP en Valencia siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red corrupta, confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes.

David Serra participaba eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de pago. Y Yolanda García libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa a sabiendas de que las facturas reflejaban conceptos ficticios.

En resumen, Pablo Crespo, uno de los tres imputados en el caso que se encuentra en prisión, es el que daba las instrucciones pertinentes para confeccionar las facturas a Costa y a El Bigotes. Serra se ocupaba de los talones y García de emitir las facturas falsas.

Experiencia previa

Costa, del que el informe dice que actuaba como “canalizador de los pagos ajenos al sistema financiero”, es el único de los cuatro a los que se acusa ahora que ya tiene experiencia como imputado. Tuvo que declarar en el TSJCV con Camps y otros dos dirigentes del PP valenciano (el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret) por haber recibido trajes de Milano y Forever Young que no pagaban ellos, sino Orange Market.

El pasado 3 de agosto, el TSJCV archivó el caso de los trajes, al no apreciar delito. La última palabra sobre si recibir dádivas es cohecho o no la tendrá el Tribunal Supremo.

Pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el TSJCV no perdió el tiempo en relación a este informe sobre la financiación irregular del PP, pese a que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, ya apuntaba esta práctica delictiva en el auto en el que acordó inhibirse a favor de los tribunales valenciano y madrileño.

Primero procedió a rechazar el informe, pero incorporándolo a la causa, y después, a petición de Camps, Costa y Campos, acordó devolverlo al órgano remitente.

En este caso, con esa expresión se refería a la Policía, que el pasado 31 de julio, tres días antes de que se archivara la rama valenciana de la Gürtel, se lo remitió al Tribunal Supremo y los dos tribunales superiores que tenían abiertas actuaciones sobre la trama.

Pagaban los empresarios

El informe policial detalla cómo el entramado utilizaba una doble contabilidad para encubrir los pagos al PP valenciano: una en dinero limpio, denominada A o “Alicante”, y otra en dinero B o “Barcelona”.

Con los datos recabados el informe llega a la conclusión de que “no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana”.

Mientras que el PP valenciano pagaba su deuda con Orange Market a través de contratos que no salían a concurso, la filial en Valencia de Special Events abonaba cantidades al partido gracias a pagos de diversos empresarios valencianos.

El informe cita a Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense);Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo Lubasa; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por el grupo Sedesa.

El sistema, que destaca por su persistencia en el tiempo, se articulaba de la siguiente forma: la factura por un acto organizado por el PP de Valencia se sustituía por otra a cargo de una de las empresas implicadas cambiando el concepto.

La televisión de Camps pagó a la ‘trama Gürtel’ para la visita del Papa

Un informe encargado por Pedreira ve irregularidades en los contratos de Radiotelevisión Valenciana para cubrir la visita del pontífice

EFE/PÚBLICO.ES MADRID 11/10/2010 14:31 Actualizado: 11/10/2010 16:01

El juez Antonio Pedreira.PÚBLICO Monica Patxot

Un informe encargado por el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, observa irregularidades en los contratos adjudicados por la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia en 2006.

Según este documento, Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que engloba a la Televisión Autonómica Valenciana (TAV) y a la Radio Autonómica Valenciana (RAV), habría incumplido “los principios de publicidad y concurrencia” en la adjudicación de contratos, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros.

El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de “125 mesas vestidas con tela azul” para dos “call center”.

Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros.

El informe ha sido elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes “de gastos referidos a la contratación celebrada” por RTVV con motivo de la visita papal.

La conclusión es que “la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad”.

El informe denuncia adjudicaciones “de forma aleatoria y subjetiva”

Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada “la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos”, según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno.

El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto.

La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación.

La TAV pagó dos facturas a Pasadena y a Orange Market

El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el “suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía” a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV.

La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que “conocía al menos desde el 27 de febrero”.

El de TECONSA no es el único caso, ya que “a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia”.

Además, en ellos falta “alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etc.”.

Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, “de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta”.

La corrupción se cuela en la televisión de Camps

Una protesta contra Camps se cuela en una emisión de Canal 9, que inmediatamente corta la emisión

SERGI TARÍN Valencia 10/10/2010 14:28 Actualizado: 11/10/2010 01:33

A pesar de la censura en Canal 9,el vídeo triunfa en YouTube

Sucedió de repente. Una periodista de Canal 9 glosaba este sábado en directo la excelencias de la feria gastronómica de l’Alcúdia (Valencia) cuando alguien situó en primer plano un cartel con el rostro de Francisco Camps tras una señal de prohibido y con el lema No a la corrupció. Camps, dimissió. La reportera tragó saliva, afiló la sonrisa y apartó el papel de un manotazo. De fondo se escucharon gritos de “¡Corrupto!” y desde los estudios centrales decidieron cortar en seco “por problemas para realizar la conexión”. La secuencia duró 15 segundos y fue eliminada inmediatamente de la web del ente público. Sin embargo, alguien la colgó en YouTube antes de la censura. Ayer, a media tarde, el vídeo contaba con cerca de 2.000 visitas.

La protesta fue reivindicada por el Col·lectiu contra la Corrupció, entidad que cuenta con más de 13.500 firmas en Facebook y que en octubre de 2009 sacó a miles de valencianos a la calle para exigir la dimisión de Camps por los escándalos de la Gürtel.

Una de sus representantes, Reyes Matamales, señaló a Público que la acción de este sábado “se llevó a cabo de manera espontánea por un grupo de vecinos de la localidad”. De hecho, una de las consignas del colectivo es aprovechar “el factor sorpresa” en este tipo de retransmisiones “para denunciar el secuestro de la sociedad valenciana a manos de la corrupción del PP”. Por su parte, Radio Televisión Valenciana, evitó ayer hablar del episodio.

El denominado Col·lectiu contra la Corrupció reivindica’ la acción

Tenaza informativa

Lo sucedido en l’Alcúdia es sólo un ejemplo del férreo control al que el PP somete Canal 9. Desde el comité de empresa del ente público denuncian que un informativo estándar se construye con tres materiales básicos: glorificación de Camps, silenciamiento de la oposición y demonización de Zapatero. La presión de la tenaza ha aumentado desde que estalló el escándalo de corrupción de la Gürtel, un auténtico tabú en las escaletas de los noticiarios. Pese a ser un acontecimiento de relieve en todos los medios de comunicación, los vaivenes de la trama corrupta han aparecido con cuentagotas, explicados confusa y brevemente y siempre evitando asociar a Camps con palabras como soborno, delito electoral o fraude fiscal, imputaciones que aparecen en el sumario de la Gürtel y que podrían tener graves consecuencias penales para el president.

La manipulación no es la única queja en boca de oposición, sindicatos y colectivos ciudadanos. El anterior director general del ente, Pedro García, dimitió tras aparecer su nombre vinculado a laGürtel. Bajo su mandato se adjudicó por 6,5 millones, el doble de su valor, la sonorización de la visita del papa Benedicto XVI, en julio de 2006, a Teconsa, empresa que aparece citada en el sumario. Su sucesor, José López Jaraba, se niega a mostrar el contrato de adjudicación y a dar explicaciones públicas.

La ‘Gürtel’ es un tabú en los informativos de la cadena pública

Por si fuera poco, el jefe de personal, Vicente Sanz, fue destituido hace meses después de que tres periodistas lo denunciaran por acoso sexual. Mientras tanto, las audiencias siguen cayendo en picado y la deuda, una grieta de 1.200 millones, convierte a Canal 9 en un edificio amenazado de ruina.

15 febrero, 2011 Posted by | corrupcion | , , , , , , | Deja un comentario