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IU no permitirá que el PP gobierne si depende de ellos

EN AUTONOMÍAS Y AYUNTAMIENTOS
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CIUDAD REAL, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha asegurado que, “ni por activa por ni por pasiva”, la coalición va a permitir que el PP gobierne en ayuntamientos o comunidades autónomas después de las elecciones del próximo 22 de mayo si depende de ellos.

Lara se ha manifestado así este martes, a preguntas de los medios, antes de asistir al ‘Foro Diálogos’, que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus de Ciudad Real.

No obstante, Lara también ha criticado al PSOE, partido que ha tratado “muy mal” a Izquierda Unida. Así, ha mostrado su rechazo con el acuerdo promovido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reforma de las pensiones.

De este modo, el dirigente de IU cree que estas políticas que está aplicando el Gobierno socialista van a repercutir “negativamente” en las opciones de los candidatos que presente 0el PSOE, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos.

Lara, en todo caso, ha señalado que las leyes electorales, entre ellas la de Castilla-La Mancha, no facilitan las posibilidades para que IU obtenga una representación en los parlamentos en consonancia con el número de votos que tienen.

PRESENCIA DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Por otro lado, el coordinador general de IU ha defendido que sea legalizado el nuevo partido que pretende crear la izquierda abertzale en el País Vasco, puesto que condena la violencia, incluida la de ETA.

El dirigente de IU ha indicado que este “nuevo viejo partido” condena la violencia, por lo que “no hay razones” para que no participe en las próximas elecciones. Lara ha indicado que la coalición quiere ser coherente y que, en este sentido, ya se mostró en contra de la Ley de Partidos, porque “perseguir las ideas no soluciona los problemas de los ciudadanos”.

Para el coordinador general de IU, el verdadero llamamiento hay que hacerlo a la banda terrorista ETA para que emita un “último comunicado: el que diga que abandona las armas y que se incorpora a la lucha política” desde los parámetros democráticos.

Lara, en todo caso, ha comparado lo que está ocurriendo con el partido abertzale y lo ocurrió con la guerra de Irak, ante la que no se ha ilegalizado “ni a los que la defendieron ni la justificaron”.

8 febrero, 2011 Posted by | NACIONAL, NOTICIAS | , , , , , , , , , , | Deja un comentario

Así empezó el ‘café para todos’

La ‘Constitución de Gades’, borrador de 1977, dibujaba tres estatutos y regiones sin parlamento; al Rey le gustaba

Artículos | 23/01/2011 – 12:10h

¿Cómo le va a usted, Suárez?, preguntó Francisco Franco al joven gobernador civil. Turrubuelo, Segovia, 4 de julio de 1968. El general se había desplazado a este pequeño pueblo castellano, a la altura de Sepúlveda, para inaugurar una modesta estación de ferrocarril de la línea Madrid-Burgos. El gobernador tuvo una rápida respuesta. Llevaba meses esperando aquel momento. Era ambicioso. Quería llegar lejos.

 

–No sé qué decirle, Excelencia– respondió Adolfo Suárez González con su perenne sonrisa de joven promesa del Régimen.

 

–¿Qué quiere decir?

 

–Que no sé, Excelencia, si los segovianos querrán sentirse ciudadanos de segunda clase…

 

Franco ni se inmutó, como era habitual en él, pero dejó escapar un breve susurro: “Venga a verme…”.

 

Al cabo de unas semanas, Suárez insistía ante el Generalísimo en el papel que podía tener Segovia en la descongestión de Madrid y obtenía una nota dirigida a Laureano López Rodó, a la sazón ministro comisario del II Plan de Desarrollo, para que fuese calificada como provincia de “acción especial”.

 

La anécdota es rigurosamente cierta y está extraída del libro ‘Adolfo Suárez, ambición y destino’ (Debate, 2009), del periodista Gregorio Morán, sin duda la mejor biografía que se ha escrito (en 1979, revisada posteriormente) sobre el hombre que conservaba las claves decisivas de la transición en una memoria hoy imposible de descriptar.

Adolfo Suárez tuvo siempre una gran voluntad de poder. Y dispuso de una habilidad innata para captar el pálpito de un país que había dejado de pasar hambre y comenzaba a intuir horizontes de mejora.

 

“¡No vamos a ser menos!”. En el gobierno civil de Segovia nació la filosofía profunda del café para todos.

 

Fue un proceso complejo. No es verdad que la actual división de España en 17 autonomías sea fruto de una directa imposición militar, temerosa de los ecos de la Segunda República, que sólo aprobó los estatutos de Catalunya y el País Vasco y no llegó a tiempo de refrendar el de Galicia.

Transmitido de generación en generación, ese tópico amenaza con desfigurar la génesis de la descentralización española, hoy sometida a una arrolladora campaña de desprestigio, con foco en el Gran Madrid, distrito federal. Ante la demagogia rampante, no está de más repasar cómo empezó todo.

Y descubrir que España estuvo a punto de emprender otro camino: más atento a la tradición, más historicista, más asimétrico, quizá más prudente; menos homogeneizador.

Para ello conviene establecer como primera verdad que el ejército vencedor de la guerra 1936-1939 era, ante todo y por encima de todo, partidario de mantener la tutela militar sobre el poder civil, aun aceptando una lenta democratización del país.

ETA mataba casi cada semana y cualquier mención a la autonomía –una, dos, tres, o diecisiete–, provocaba malestar en los cuarteles.

El café para todos fue entendido como una jugada hábil por los altos oficiales más inteligentes, pero el brebaje se calentó en otros fogones y por otros motivos. Por otras astucias.

 

En marzo de 1977, cuatro meses antes de las primeras elecciones democráticas, Adolfo Suárez celebró un almuerzo en Madrid con su fiel colaborador José Manuel Otero Novas, entonces jefe de la subsecretaría técnica de la Presidencia del Gobierno, y varios técnicos de la fontanería de la Moncloa.

La comida tuvo lugar en el restaurante Casa Gades, propiedad del fallecido bailarín Antonio Gades, en el número 4 de la calle Conde de Xiquena, en la zona ministerial del paseo de la Castellana. Suárez –lo cuenta Morán en un perspicaz pie de página– deseaba celebrar el redactado final del primer borrador de la Restauración. El borrador constitucional que la Unión de Centro Democrático pondría sobre la mesa si lograba ganar las primeras elecciones libres.

La sombra protectora de Torcuato Fernández Miranda, el estratega que ideó la ley de Reforma Política para proceder a la autodisolución de las Cortes franquistas, se paseaba por el comedor. Estaban contentos.

 

Y en un arrebato de alegría decidieron bautizar el documento como la ‘Constitución Gades’. Podían haberle llamado la ‘Constitución de Torcuato’, pero eran tiempos de reinvención. Antonio Gades, miembro del Partido Comunista de España, amigo íntimo de Fidel Castro y compañero sentimental de la cantante Marisol, era entonces uno de los hombres de moda en España. Era un gran bailarín.

 

La ‘Constitución Gades’ consideraba una España distribuida en dos pisos: tres estatutos de corte federativo y de distinta sustancia (Catalunya, País Vasco y Galicia) y una amplia desconcentración administrativa en el resto del país, con regiones sin potestad legislativa.

Tres estatutos especiales y catorce o quince regiones sin parlamento. Una asimetría similar a la de la Constitución italiana de 1948 (cinco estatutos especiales: Sicilia, Cerdeña, Valle de Aosta, Trentino-Alto Adigio y Friuli-Venecia Julia), que a su vez se inspiró en la experiencia republicana española.

Así lo explica Otero Novas en el libro ‘Asalto al Estado’ (Biblioteca Nueva, 2005), obra en la que este veterano político democristiano, nacido en Galicia y dos veces ministro con Suárez (Presidencia y Educación), ha querido reivindicar la existencia de un documento que al salir de la flamenca Casa Gades nunca más vio la luz.

 

El Rey estaba a favor de ese planteamiento, sin duda inspirado desde la lejanía por Fernández Miranda. Lo cuenta el periodista Abel Hernández en un libro de reciente aparición sobre las relaciones entre el Monarca y el primer presidente de la democracia (‘Suárez y el Rey, Espasa’, 2009).

Cronista de ‘Informaciones’ y posteriormente director del diario católico Ya, amigo de Suárez y bien considerado en el entorno del Rey, Hernández ha escrito un libro amable, que en la página 126 afirma lo siguiente: “El Rey prefería que en vez de la España autonómica y el café para todos se procediera a una descentralización administrativa, una especie de mancomunidad de diputaciones, con la excepción del País Vasco y Catalunya, a los que no había más remedio que darles autonomía.

Pero el monarca se plegó también en esto a la voluntad general, después de no pocos contactos con unos y con otros y largas conversaciones con el presidente, no siempre de guante blanco”.

 

“Excelencia, no vamos a ser menos”. Suárez, ágil y sinuoso, tenía buen olfato para el pálpito de la España desarrollista y, por si le fallaba la nariz, en 1977 –meses después de la comida en Casa Gades– nombró ministro adjunto para las Regiones a un catedrático andaluz que tampoco quería ser menos. Manuel Clavero Arévalo: el inventor de la cafetera.

El profesor Clavero no formaba parte de la Empresa, nombre coloquial con el que se conocía al principal núcleo dirigente de la UCD, pero Suárez le respetaba.

Había sido profesor suyo de Derecho Administrativo en la Universidad de Salamanca (también lo fue de Felipe González en Sevilla). Miquel Roca, ponente constitucional de la Minoría Catalana e introductor del término nacionalidades en el controvertido artículo dos, le asigna un papel clave en la generalización del proceso autonómico. “Con todos mis respetos para Otero Novas, debo decir en este asunto quien más influyó fue Clavero, hasta el punto de romper con la propia UCD por la cuestión de Andalucía en 1980”.

 

Suárez guardó la Constitución de Gades en un cajón. No quiso que la discusión girase alrededor de un texto de UCD. Quizá no podía.

Su partido presentaba problemas de cohesión y el PSOE, bien asentado por las elecciones de 1977, seguramente no lo habría aceptado.

Felipe González exigía una Constitución prolija y una discusión abierta.

La partida se jugaba en varios tableros y Andalucía, la región más poblada de España y con mayor número de diputados en el Congreso (61 sobre 350), iba a ser decisiva.

 

Clavero encarnaba un regionalismo andaluz de corte pequeño burgués, muy receloso del hegemonismo industrial de Catalunya. Era llegada la hora de la igualación. “No vamos a ser menos”.

Ejercía el profesor una notable influencia sobre Alejandro Rojas-Marcos (también alumno de Derecho), promotor del Partido Socialista de Andalucía (PSA), edificado al margen del PSOE y para competir con él.

Una UCD de fuerte acento andaluz y el PSA eran una pinza temible para el joven núcleo sevillano que aspiraba gobernar España cuanto antes.

En un momento dado, Alfonso Guerra, táctico de primer orden, tomó la decisión: el PSOE levantaba la bandera verde y blanca (la enseña de los Omeyas) y exigía la convocatoria de un referéndum para sumar la gran región del Sur al grupo de las comunidades históricas, en el marco de una Constitución finalmente muy ambigua al respecto.

El proceso se escapaba de las manos de Suárez, ahora debilitado en su magmático partido. El Gobierno centrista pidió el voto negativo y perdió la consulta del 28 de febero de 1980 (con un escrutinio dudoso en Almería). Clavero Arévalo dimitió, apuntillando a UCD. El PSOE había ganado la partida. Y en España corría la voz: “¡No vamos a ser menos!”.

 

José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucia entre 1984 y 1990, regionalista convencido, socialista a fuer que sevillano de vieja raigambre (nieto de un ministro de Alfonso XIII), rechaza la acusación de tacticismo: “No aceptábamos privilegios y pusimos las bases de un federalismo que España debe acabar de desarrollar”.

 

Con el intento de golpe de Estado vino el frenazo. La Loapa. El pacto de contención UCD-PSOE de julio de 1981. La igualación por abajo (“No vamos a ser menos”), teorizada por el catedrático Eduardo García de Enterría y Martínez-Carande, jacobino de fina pluma.

Algo amortiguados los ecos del 23-F, el Tribunal Constitucional presidido por Manuel García Pelayo derogó en 1983 catorce de los 38 artículos de la ley armonizadora, sentando las bases de una igualación por arriba, plasmada en el pacto PSOE-PP de 1992 y ribeteada por dos decisiones de José María Aznar de verdadero alcance: la transferencia del tráfico a los Mossos d’Esquadra, con el consiguiente refuerzo simbólico del espacio nacional catalán, y la prórroga indefinida de la ley reguladora del concierto vasco (excepción fiscal para la eternidad). En una vida anterior, Aznar casi, casi fue confederal.

 

José Luis Rodríguez Zapatero prometió lo que prometió en el 2003, abriendo un nuevo y compulsivo proceso de emulación (“No vamos a ser menos”); atrapado ahora por una crisis económica cuya brutal magnitud pocos previeron.

El café se está volviendo amargo y España sabe que deberá ser replanteada. ¿Constitución de Gades?

 

24 enero, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN | , | Deja un comentario

Asedio al Estado autonómico

enero 17, 2011

DIRECTORIO DE NOTICIAS

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EL DISCURSO DEL PP, CON MÁS O MENOS TREMENDISMO, COINCIDE EN LA NECESIDAD DE DEVOLVER COMPETENCIAS AL ESTADO/
/ EL PSOE DEFIENDE EL MODELO, PERO PROPONE MEDIDAS DE «CONCERTACIÓN» AUTONÓMICA, POR EJEMPLO EN LOS HORARIOS COMERCIALES

PUBLICO.- CAROLINA MARTÍN MADRID 16/01/2011 09:15 Actualizado: 16/01/2011

Oportunidad u oportunismo político. El debate sobre la viabilidad del Estado autonómico y su posible reforma ha irrumpido con fuerza en el escenario público a cuatro meses de las elecciones y con la crisis económica de fondo. Mientras el PP dibuja un modelo territorial enfermo, con “patologías”, el PSOE combina un doble discurso.

Por una parte defiende los logros del Estado autonómico y critica los ataques del PP, pero por otra anuncia futuras “concertaciones” entre comunidades, como por ejemplo en horarios comerciales, una competencia de las autonomías.

En esta última semana, el cuestionamiento de los conservadores al modelo diseñado en 1978 ha ganado en intensidad, si bien los recelos sobre este modelo vienen de lejos.

El más crítico con la vertebración de España ha vuelto a ser el ex presidente José María Aznar, quien el pasado viernes aseguró que España es un “Estado marginal, donde cualquier gobierno tendría dificultad para sacar adelante algunas políticas debido a la actual configuración del Estado”.

Por ello, propugnó una reordenación de competencias: “España no da para tener 17 instituciones que hacen las mismas cosas. No da para eso porque no podemos sostenerlo”.

Además, aprovechó para dictarle le deberes a Mariano Rajoy: poner el “cascabel al gato” cuando gobierne y recuperar competencias para el Estado.

El PP habla de 26.000 millones de “sobrecoste anual” por el modelo actual

Lo cierto es que Rajoy también ha dado ya algunas pinceladas sobre el futuro del Estado autonómico. La receta para salir de la crisis y superar los “obstáculos” derivados de las “patologías” que adolece el Estado de las autonomías, según expuso en octubre de 2010, pasa por una “actualización” del modelo que lo haga “viable y sostenible”.

Para la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, esto requiere “corregir” los excesos de las comunidades. ¿Y cuáles son estos? Las duplicidades y solapamientos entre las administración central y autonómica que generan más gasto, arguyen los conservadores.

Según el vicesecretario general del PP , Esteban González Pons, el “sobrecoste anual” para el conjunto de las autonomías “está por encima de los 26.000 millones de euros”, un 2,6% del PIB, que “los españoles podríamos ahorrarnos todos los años”, explicó durante una intervención en Menorca el pasado viernes.

Con estas cifras, González Pons apuntó la posibilidad de aprovechar la “flexibilidad” del Estado autonómico para que algunas competencias o recursos de las comunidades “vuelvan a la Administración central”.

‘EFECTO CRISIS’

Aunque minoritarias, también hay voces dentro del PP que hacen frente al discurso hegemónico sobre el Estado autonómico. El actual presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, tuvo que recordar a los suyos en noviembre del año pasado que, aunque “es cierto que se han cometido excesos, no puede decirse que estos deriven del modelo”.

Herrera defendió entonces la labor de las autonomías, calificando de “falso e injusto” considerar que “uno de los principales responsables del problema actual del déficit sea el modelo de Estado autonómico”.

Lo cierto es que los datos avalan el argumento de Herrera. En 2009, el déficit del Estado alcanzó el 11,1% del PIB y las autonomías representaron sólo un 2% del total. Sin embargo, la evolución en los últimos años demuestra que las cuentas negativas de las comunidades van creciendo.

Una llamada de atención que con la crisis económica se ha agudizado y obliga a invocar la austeridad. Eso sí, sin que los ciudadanos se vean afectados en la prestación de servicios. Según el Gobierno, el 85% de los gastos de las comunidades van destinados a educación, sanidad y dependencia.

LA DUPLICIDAD NO ES MALA

La escalada verbal del PP es vista en las filas socialistas como una “operación política” para socavar al Estado y bajo la que subyace “la negación del Estado de las autonomías” por parte de los conservadores.

Desde el Ejecutivo reconocen que es momento de procurar una mayor eficacia del sistema autonómico, pero manteniendo sus principios de éxito en los últimos 30 años: unidad, autonomía y solidaridad.

El 85% del gasto autonómico es para sanidad, educación y dependencia

Ahora bien, son partidarios de evitar el debate en los términos que han marcado los conservadores. El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó el pasado jueves en el Senado de “peligroso” recuperar el debate en términos “neocentralistas y antiautonomistas”.

Para el secretario de estado de política territorial, Gaspar Zarrías, este discurso del PP “es un error que pretende aprovechar de forma coyuntural la crisis para darle una vuelta al Estado de las autonomías, que no es más caro de lo que puede ser la gestión municipal o del Estado”, explica en declaraciones a Público.

En su opinión, las comunidades “no son derrochadoras. Más el 85% del gasto es en educación, sanidad y dependencia”, tres de los pilares del Estado del bienestar cuya competencia está transferida a las comunidades. Según Zarrías, hay que “buscar procedimientos de colaboración, coordinación y eficacia” entre las autonomías, pero sin que ello suponga quitarles competencias.

Sobre todo en estos momentos en el que todas las administraciones se están apretando el cinturón, pero sin causar perjuicios a los ciudadanos.

Esto, subraya, es lo que pretende el Ejecutivo, que a través de la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas está elaborarando un informe sobre las “duplicidades, solapamientos e ineficiencias del sistema”.

De los primeros análisis, explica el secretario de Estado, se aprecia que no hay grandes duplicidades. “Es el chocolate del loro”, apunta, a la vez que recuerda que en ocasiones “la duplicidad no es mala”, por ejemplo cuando desde las comunidades complementan decisiones estatales para beneficio de los ciudadanos.

El déficit de las comunidades en 2009 representó un 2% del 11% total

“No comparto la teoría de que el problema esté en las comunidades”, señala a este diario Zarrías, para quien las autonomías son generadoras de déficit como cualquier otra administración.

Desde su punto de vista, la clave reside en que “la derecha nunca ha querido un Estado de las autonomías”, de ahí ese discurso recentralizador.

El trasfondo del debate, apunta, es la privatización de servicios públicos. “Cuando desde el PP y sus satélites hablan de adelgazamiento, lo que están intentando es privatizar servicios públicos, que es lo que hemos visto en Madrid y Valencia con la sanidad y la educación”.

Este análisis de la situación para mejorar la coordinación choca, sin embargo, con la última propuesta realizada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que destilaba aires armonizadores, al defender la “concertación” de los horarios comerciales entre comunidades.

Una medida que no ha gustado al nuevo Govern de Catalunya, al considerar que invade su capacidad de autogobierno.

El PSOE concretará sus “ofertas” para perfeccionar el modelo territorial el próximo 30 de enero, en la convención autonómica que realizará el partido, “pero respetando el Estado autonómico”, subrayó Zarrías.

Entre las medidas, plantearán “cerrar el mapa autonómico en lo que se refiere a concluir el proceso de renovación de estatutos”, explica.

MÁS DESCENTRALIZACIÓN

El president Artur Mas no ha dudado en situar al PP y PSOE en el mismo bloque, para advertir de las consecuencias que pueden tener “los intentos armonizadores” de ambas formaciones.

Aunque no sabe si es viable un estado con 17 autonomías, sin embargo tiene claro que “Catalunya y la nación catalana son viables”. Es más, recién aterrizado en la Generalitat recordó que el objetivo de su formación es alcanzar un pacto fiscal con el Estado.

Artur Mas critica “los intentos armonizadores” de PSOE y PP

Recordando la clara voluntad de autogobierno de Catalunya, el portavoz de CiU en la comisión de política territorial en el Congreso, Jordi Jané, sostiene que “hay margen para alcanzar ese acuerdo”

Por otro lado, defiende “la administración autonómica única” en aquellas competencias transferidas, como solución a las actuales duplicidades.

Desde su punto de vista, así se simplificarían algunos problemas del modelo.

En este momento de ajustes en las administraciones, Jané es partidario de “aligerar la estructura de los ministerios” ya que muchos de ellos no prestan los servicios para los que fueron diseñados porque sus funciones han sido transferidas a la comunidades.

Y ni oír hablar de devolver competencias: “Están concretadas en el Estatut y nosotros lo que pedimos es que se cumplan y se apliquen”.

NO A LA CENTRALIZACIÓN

¿Y qué opinan los expertos? Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, defiende que el debate sobre la devolución de competencias al Estado se agota porque “no está en el horizonte de lo alcanzable lograr un consenso para su reforma”.

En este sentido, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Francico Balaguer sostiene que “la idea de centralizar va en contra del espíritu del Estado autonómico.

No es posible constitucionalmente”. Sin embargo, aprecia motivos para pedir a las comunidades “que conciten políticas, que haya más colaboración”.

Zarrías sostiene que la derecha “nunca ha querido un Estado autonómico”

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo de la UNED, Mariano Bacigalupo enfatiza que lo importante es que el Estado “no siga perdiendo más” competencias porque corre el riesgo de quedarse anoréxico.

La clave, señala Bacigalupo, es que se “recuperen ciertas dosis de homogeneidad” en ciertos servicios públicos vertebradores de la cohesión social. Algo que se puede lograr, señala, “reforzando la legislación básica del Estado”.

Los expertos consultados por Público coinciden en señalar el factor económico como determinante para que haya resurgido este debate sobre el Estado de las autonomías.

El catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad de Barcelona Enoch Albertí considera, sin embargo, que “las autonomías no cuestan mucho” a tenor de las funciones que desempeñan.

Ahora bien, “otra cuestión es que haya servicios públicos que se solapen o no estén bien coordinados. Esto sí puede suponer un coste significativo”.

COMPETENCIAS CLARAS

En este caso, señala Albertí, habrá que ver “quién solapa a quién”. En su opinión, hay casos clamorosos de invasión de competencias por parte del Estado. “Las duplicidades pueden ser en los dos sentidos”.

Estas avocan a “una distribución nítida de las competencias”. Según el catedrático, esto clarificaría las responsabilidades y permitiría el establecimiento de medidas de colaboración para ser eficientes.

No obstante, duda que se pueda fijar una lista única de competencias del Estado y de las autonomías. “Sería una reforma interesante, pero hoy por hoy está descartada porque serviría para recentralizar”, concluye.

El Gobierno cree que no hay grandes duplicidades entre administraciones

Luciano Parejo pone el acento en que el sistema debía haberse rectificado antes: “No había voluntad política para afrontar el problema, pero la necesidad de hacerlo es estructural”.

Como posible solución, apunta un “deslinde competencial claro”, para a partir de ahí fijar técnicas de acción conjunta.

También partidario de clarificar la distribución de competencias se muestra Bacigalupo, quien asegura que las “duplicidades competenciales no son la regla”.

Sin embargo, reconoce que “se ha producido una multiplicación institucional mimética a la del Estado”. Televisiones públicas, tribunales de la competencia, oficinas….

Su reversión, dice, es muy difícil: “El problema es que ante instituciones ociosas y prescindibles, el único remedio es la supresión”.

Para Bacigalupo, contribuiría a clarificar el debate saber qué modelo queremos. “El desarrollo del Estado federal es una tarea pendiente”.

Los expertos también apuntan a un necesario fortalecimiento de la cultura política autonómica o federal, que requiere respeto a la diversidad y lealtad institucional, como factor que
rebajaría tensiones entre comunidades.

 

17 enero, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, AUTONOMIAS | , , , | Deja un comentario