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LA LEY DE VÍCTIMAS, UNA ESPERANZA PARA LOS COLOMBIANOS DESPLAZADOS

LA LEY DE VÍCTIMAS, UNA ESPERANZA PARA LOS COLOMBIANOS DESPLAZADOS

Publicado: 11 jun 2011 | 18:31 MSK
Ultima actualizacion: 11 jun 2011 | 21:01 MSK

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sancionó este viernes la histórica Ley de Víctimas, norma que busca la reparación integral, a través de una indemnización y la restitución de tierras, para los desplazados de sus tierras a causa del largo conflicto armado interno que padece el país. El mandatario calificó la norma como clave “para sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.  El acto contó con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

La legislación que tendrá  una vigencia de 10 años, reconoce como víctimas a las personas que sufrieron ataques de la guerrilla, los paramilitares y los agentes de la fuerza pública desde el año 1985. Se pretenden restituir unos 6 millones de hectáreas, de las cuales 4 millones fueron abandonadas y 2 millones más fueron objeto del despojo, realizado generalmente por grupos paramilitares. En total, alrededor de unas cuatro millones de personas recibirán indemnizaciones.

Según anunció Santos, la meta principal para este año es reparar al menos 25.000 hogares, y que al menos otras 20.000 familias regresen a sus lugares de origen. El presidente calificó la norma como “el primer paso a la reconciliación”, que se da sin finalizar el conflicto. “Que los violentos entiendan que los cambios que alguna vez pretendieron dar con las armas, se pueden alcanzar mejor dentro de la democracia sin causar dolor ni muerte”, declaró.

Colombia, líder global de desplazados internos

En los últimos años en Colombia se ha incrementado de manera espectacular el número de desplazados internos y de refugiados. Los registros oficiales indican que 3,7 millones de personas en el país afrontan esta situación. Y un reciente informe de Codhes (una ONG especializada), señala que más de 5 millones de colombianos viven lejos de sus hogares. Estas cifras ubican al país como ‘líder’ mundial en número de desplazados internos y de refugiados en el mundo, por delante de países como Sudán, Irak o Afganistán.

¿Quiénes son las víctimas?

Janeth es una de las millones de personas que se vieron obligadas a huir de su tierra. Ocurrió hace 11 años, pero aún mantiene vivo el recuerdo de su pareja asesinada por los paramilitares. “Incursionaron a las casas violentando las puertas a la madrugada del 19 de diciembre. De las casas sacaron a todos los habitantes y nos reunieron en la iglesia del pueblo. Ellos llevaban un listado y fueron llamando a unas personas, entre ellas a mi esposo. Entonces, yo me fui para la casa y esperaba que él regresara”, cuenta Janeth. Pero su esposo nunca regresó. Pocos días después, Janeth se escapó con sus cuatro hijos, abandonando todo lo que tenía.

El conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de 40 años ha causado un número colosal de víctimas, en su mayoría civiles. Según datos de la de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN), de las casi 4 millones de víctimas, la mayoría son campesinos de escasos recursos e indígenas.

Un informe presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), revela que de los 90 pueblos indígenas que hay en Colombia, alrededor de 34 están en riesgo de desaparecer a causa de las acciones armadas y los desplazamientos forzados.

¿Quiénes son los responsables?

Las fuerzas de seguridad, los paramilitares, los grupos guerrilleros, el narcotráfico, los terratenientes, las mafias, las empresas multinacionales. Estos son algunos de los implicados en el conflicto.

El representante de la ACIN, Eduardo Yatacué, afirma que la violencia no sólo está promovida por las guerrillas y los paramilitares, sino también por los soldados colombianos. “En algunas comunidades indígenas los militares imponen una suerte de toques de queda impidiendo a las personas la libre movilidad por las zonas que se supone nos pertenecen”, lamenta Yatacué.

Se sospecha que las empresas multinacionales estadounidenses también dejaron sus huellas en esta historia. Según el consejero mayor de la ACIN, Jorge Arias, la política de los últimos años ha sido “quitar la tierra a la gente del campo para facilitar la entrada de grandes empresas”.

La Asociación de Desplazados de Colombia, denunció que compañías como Coca Cola, Chiquita Banana y United Fruit Company se apropiaron de tierras y recursos colombianos mediante la extorsión y el asesinato de los habitantes nativos. Las multinacionales contrataban grupos paramilitares que entraban en las aldeas colombianas y sacaban a sus habitantes.

La ley podría desatar una ola de violencia

Varios analistas y grupos de derechos humanos vaticinan que la aplicación de la medida podría desatar una ola de violencia contra campesinos y dirigentes de las víctimas por parte de grupos armados que se oponen a la restitución.

Al mismo tiempo el analista político Ramón Jimeno afirmó en declaraciones a RT que la aprobación de la ley podría dejar vía libre para unas negociaciones. “El conflicto es un hecho, el conflicto ha sido reconocido por todas las partes, lo que la guerrilla existe, los paramilitares existieron, el ejército está compuesto por 450.000 personas entre policía y soldados. Pero el presidente (Álvaro Uribe) durante ocho años insistió  en que era una guerra de terroristas. Ahora la normativa establece que estamos ante un conflicto armado interno. Entonces, se trata de otra connotación jurídica que es la de aceptar que son los rebeldes que tienen la causa política y en estas medidas se abren las puertas para la negociación que seguramente entra en Colombia en dos o tres años”, opina Jimeno.

Articulo completo en:http://actualidad.rt.com/actualidad/america_latina/issue_25382.html?rc=1

 

Imagen: flickr.com / mauriciolaya | Video: RT

 

 

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12 junio, 2011 Posted by | COLOMBIA, INTERNACIONAL | , | 1 comentario

COLOMBIA Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LUCHAR

COLOMBIA Y EL DERECHO DE LOS PUEBLOS A LUCHAR

CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO Y POR LA SOBERANÍA NACIONAL

Escrito por Movimiento de Intelectuales Bolivarianos
Miércoles, 25 de Mayo de 2011 17:43
 

El pueblo colombiano y su larga lucha por la leberación nacional contra el terrorismo de EstadoEl pueblo colombiano y su larga lucha por la leberación nacional contra el terrorismo de Estado

Contra  la explotación y el saqueo imperialista; por la libertad, la justicia social y la verdad 

Llamamiento a los revolucionarios bolivarianos y socialistas; a las personas honestas de nuestro planeta y América latina; a los  luchadores sociales y dirigentes de izquierda; a defensores de derechos humanos; intelectuales progresistas, periodistas e investigadores de América Latina y del mundo.

 

 

Reflexionemos sobre lo que en verdad ocurre en Colombia. Ayudemos a construir el camino de la paz con justicia social. Impidamos que el imperialismo extienda su experimento fascista a toda América Latina.

Los revolucionarios y demócratas del mundo no debemos ser víctimas de la guerra sicológica desarrollada por los medios de comunicación imperialistas cayendo en el error de juzgar, en momentos de dificultad, a los revolucionarios colombianos que han luchado con las armas durante medio siglo contra el terrorismo de Estado. Menos aún, cuando en los últimos años han recibido golpes del imperio económico y militar más poderoso de La Tierra.

No podemos condenar la forma de lucha que,  para preservar la dignidad y la libertad, posiblemente tengamos que usar en el futuro próximo en una guerra popular de resistencia.

Es el gobierno de los Estados Unidos, el que desde los primeros años de su formación ha promovido y practicado el terrorismo de Estado contra los pueblos del mundo y Latinoamérica. Aquel sí que debe ser enjuiciado.

Es necesario denunciar el cinismo del gobierno de Estados Unidos que dice combatir el terrorismo, cuando ha sido y es su principal  promotor y ejecutor en todo el planeta.

Debemos coordinar las acciones de las organizaciones de izquierda a nivel global y latinoamericano, y desarrollar sistemáticamente la lucha ideológica para desenmascarar al imperialismo con la superioridad de las ideas basadas en la verdad y la justicia social.

Para comprender la actual estrategia de recolonización imperialista, se deben analizar las estrategias previamente utilizadas, así como los métodos, planes y operaciones desarrollados por la CIA en América Latina, especialmente el Plan Cóndor, la  participación de las organizaciones de contrarrevolucionarios cubanos como Posada Carriles, entrenados por la CIA y armados, financiados y dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos y sus realizaciones terroristas concretas en Cuba, Venezuela, Colombia, el cono sur y Centro América.

El análisis sobre Colombia es fundamental

El análisis sobre Colombia, que es donde en la actualidad se concentra la mayor ayuda militar de Estados Unidos en América y donde se libra una guerra desde hace más de medio siglo, que amenaza con extenderse a toda la región, es fundamental.

El terrorismo de Estado ha sido aplicado de manera continua, masiva y selectiva desde 1946 contra el pueblo colombiano y las organizaciones populares, sindicales y comunales, en particular contra sus dirigentes, formadores de opinión, defensores de derechos humanos y de manera sistemática en general, contra los partidos y organizaciones revolucionarias.

¿No merece el pueblo colombiano en medio de su crítica situación, que alguien intervenga en su nombre para denunciar los horrores del terrorismo de Estado que en este país son el pan de cada día?

El Plan Cóndor, fue aplicado en toda América Latina, y con especial ferocidad  por las dictaduras militares que se establecieron en el cono sur en los años 70 con apoyo de los Estados Unidos. Pero en Colombia, el terrorismo de Estado ha sido ejercido sistemáticamente por todos los gobiernos con diferente intensidad a lo largo de su historia. Fue realizado masivamente por el gobierno conservador entre los años 1946 y 1953 con saldo de 300.000 muertos;  en la dictadura militar de Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 y ha sido aplicado también de manera continua y creciente durante 54 años  en condiciones consideradas  como “democráticas”, por Estados Unidos, la OEA y las oligarquías latinoamericanas.

1.- Esto, porque en Colombia hay elecciones, aunque estén signadas de fraude y porque existe un Parlamento elegido mediante prácticas clientelistas y métodos violentos con los que la oposición política es exterminada sistemáticamente a sangre y fuego.

2.- Donde se aprueban leyes, hechas en lo fundamental para garantizar los privilegios de la oligarquía y los monopolios extranjeros.

3.- Las elecciones están signadas por la corrupción y clientelismo político.

4.- A partir de 1964, existen en Colombia unas guerrillas revolucionarias, las FARC y el ELN, que surgieron como respuesta popular al terrorismo de Estado, como única forma de preservar la vida y de realizar la lucha por transformaciones políticas y sociales que reconozcan los derechos del pueblo a la tierra, al trabajo, a la paz y al desarrollo; a la soberanía nacional y  la democracia autentica.

5.- Las FARC-EP,  tuvieron su origen en el sur del país en las zonas de  autodefensas campesinas que se habían formado como resultado de la violencia de los anos 46 al 57, y que fueron agredidas en 1964 con bombardeos masivos y por 18.000 soldados, con la aplicación del Plan LASO (Latinoamerican Security Operation), elaborado por el Pentágono, incluso utilizando la guerra bacteriológica (viruela negra) y las bombas de NAPALM.

6.- El ELN tuvo su origen bajo la influencia de la revolución cubana y del pensamiento revolucionario del padre Camilo Torres Restrepo, en el movimiento estudiantil universitario, también reprimido, que se ligó a la lucha de los campesinos y al movimiento popular y sindical, especialmente de los trabajadores petroleros.

7.- Los dos  movimientos guerrilleros se han mantenido firmes y se han extendido a pesar de algunos reveses transitorios sufridos. Especialmente las FARC-EP, que tienen presencia con 60 frentes en todo el territorio nacional. A diferencia de los movimientos guerrilleros de Centroamérica, que tuvieron que negociar acuerdos de paz desventajosos por la perdida del apoyo internacional sufrido por la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista en Europa del este, las FARC y el ELN permanecen combatiendo en la actualidad porque tienen gran arraigo popular y una alta moral combativa, y porque las causas que las hicieron surgir no han desaparecido, sino que por el contrario, se han  agravado: La explotación cada vez mayor del trabajo, la liquidación de los derechos sociales conquistados históricamente por los trabajadores, el aumento del desempleo, el subempleo, el hambre y la miseria, el saqueo de los recursos naturales por parte de las compañías multinacionales, la liquidación física de la oposición política por medio del  terrorismo de Estado, la entrega de la soberanía nacional a los designios de los Estados Unidos.

8.- ¿Por qué,  en los eventos internacionales por la paz, la democracia y los derechos humanos, y en los medios de comunicación, no se analiza la situación de un país como Colombia, en donde hay una guerra que ya lleva 47 años en su ultima etapa, donde han sido asesinados 5 candidatos presidenciales, 2 de ellos de la Unión Patriótica surgida de los acuerdos de paz firmados entre las FARC y el gobierno en 1985, así como 8 de sus  parlamentarios, centenares de concejales y diputados y en conjunto más de 4.000 de sus dirigentes a lo largo de los últimos 20 años, sin que a la fecha se haya condenado por ello a uno solo de los autores intelectuales de este genocidio político?

9.- ¿Por qué se soslaya la situación de un país de 44 millones de habitantes, donde las desapariciones, las masacres, los asesinatos de los opositores políticos y dirigentes populares no son cosa del pasado, de los años 70 u 80, sino que ocurren hoy cotidianamente, en el ano 2011,  en pleno siglo XXI?

10.- En Colombia, en las ultimas dos décadas han sido asesinados además de los militantes de la Unión Patriótica y el Partido Comunista, que era una de sus fuerzas integrantes, centenares de defensores de derechos humanos, ambientalistas, luchadores por la paz y mas de 3.000 dirigentes sindicales. Hay documentados mas de 3.000 casos de detenidos desaparecidos.  Según datos de la Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos, CODHES, desde 1985 hasta junio de 2011, más de 4 millones y medio de personas habían sido víctimas de los desplazamientos forzados provocados por la guerra y por  los asesinatos selectivos y  masacres realizadas por alrededor de 15.000 paramilitares – que son a su vez narcotraficantes-, con la complicidad de las fuerzas militares y la financiación y apoyo de políticos tradicionales del bipartidismo liberal-conservador, terratenientes, ganaderos y empresas multinacionales.

11.- Los paramilitares practican las más aberrantes formas del terror como el descuartizamiento en publico con motosierras, y múltiples formas de tortura, con el fin de apoderarse de las fincas y los territorios colonizados con muchos sacrificios por la población campesina, y por las comunidades  indígenas y afrodescendientes que han habitado los territorios por milenios y centenares de años, para ensanchar los latifundios y realizar megaproyectos mineros, energéticos o viales, por parte de las compañías multinacionales, así como para apoderarse del agua y la biodiversidad.

12.- El paramilitarismo es en esencia  el instrumento del imperio y la oligarquía para desarrollar junto a las fuerzas militares oficiales la contrarrevolución preventiva en Colombia. Este  puede ser exportado con sus métodos de terror a toda América Latina, como ya se ha empezado a hacer a Venezuela, donde en el año 2004  fueron detenidos 130 de ellos, que habían sido enviados para asesinar al Presidente Hugo Chávez y  provocar un nuevo golpe contra el gobierno constitucional.

13.- Si todo esto ocurre, ¿Porque las únicas referencias que se hacen sobre Colombia en los medios masivos de comunicación son sobre el fenómeno del narcotráfico, resultante de la alta demanda de psicotrópicos de los Estados Unidos, haciendo abstracción de todos los demás aspectos del conflicto?

14.- Colombia es el mayor receptor de “ayuda” militar de los Estados Unidos en Latinoamérica. Sus fuerzas militares, policiales y organismos de inteligencia, han sido convertidas por obra del Plan Colombia en un ejercito de ocupación al servicio del imperio. Este es dirigido por el Pentágono, la CIA, el FBI y la DEA, y por decenas de empresas contratistas integradas por mercenarios, y por unos 1.800 oficiales norteamericanos que se encuentran en territorio colombiano; todos ellos tienen asegurada la impunidad en casos de violación a los derechos humanos, y también  por delitos como el narcotráfico, mediante un acuerdo firmado entre los  gobiernos de Colombia y Estados Unidos.

15.- Es necesario tener en cuenta que esta maquina de guerra fascista, dirigida por los Estados Unidos, puede ser utilizada en cualquier momento contra la República Bolivariana de Venezuela y contra los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA-TCP), sola o dentro de una fuerza multinacional constituida con el aval de la OEA y la OTAN, o contra cualquier otro país de la región, si sus pueblos o gobiernos pretenden emprender la vía del desarrollo independiente. En este caso, seguramente, los revolucionarios colombianos que se opongan a la agresión a Venezuela serán considerados  como traidores a la patria en un clima de “chauvinismo”, exacerbado por los medios de comunicación masivos.

16.- Podría inferirse que, como resultado de las operaciones psicológicas de gran escala del Pentágono, con el uso de los medios de comunicación en poder de los monopolios, el conflicto social y armado colombiano ha sido reducido ante los ojos del mundo, a un simple problema de narcotráfico, o en el peor de los casos, de narco-terrorismo, con los que Estados Unidos  justifican su creciente intervención militar en Colombia y la región.

17.- El gobierno del Ex-presidente Álvaro Uribe Vélez con participación activa del actual Presidente, Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, con el apoyo y asesoría   de los Estados Unidos, logró hacer creer a la mayoría de la opinión publica mundial y parte de la nacional, incluso a muchos revolucionarios y demócratas, que la guerrilla más antigua y grande de Latinoamérica, especialmente las FARC-EP, se ha transformado en un grupo de terroristas y narcotraficantes, sin proyecto ni propuesta política; en violadores sistemáticos de los derechos humanos, a quienes solo interesa la obtención de las ganancias derivadas del narcotráfico, el secuestro y la extorsión.

18.- Pero es necesario aclarar al mundo que, el fondo del asunto consiste en que: como el gobierno colombiano y el imperio que lo sostiene no han podido obtener triunfos militares de significación contra el movimiento insurgente, a pesar de los 3.700 millones de dólares del Plan Colombia aportados por el gobierno de Estados Unidos entre los anos 1999 y 2003, para hacer la reingeniería de las fuerzas militares, que hasta 1999 estaban siendo claramente derrotadas por el movimiento guerrillero colombiano,  dotándolas de helicópteros, bombarderos e inteligencia satelital, para reforzar el pie de fuerza con miles de hombres,  pagar soplones y penetrar las organizaciones sociales y de masas, después de asesinar a sus dirigentes más consecuentes, ahora utilizan el arma de la desinformación, de la mentira mil veces repetida hasta hacerla aparecer como verdad. Es la misma técnica que utilizo el imperio para justificar ante el mundo la invasión a Irak  cuando dijo que este país poseía armas nucleares y biológicas de destrucción masiva que jamás aparecieron o las que utiliza contra Cuba, haciéndola aparecer como violadora de los derechos humanos en la ONU.

19.- El propósito ha sido deslegitimar a la insurgencia revolucionaria de Colombia ante los ojos del mundo, especialmente de los humanistas y demócratas, para aislarla y quitarle su apoyo. Desafortunadamente lo han logrado en forma parcial de manera momentánea. Por su enorme influencia y proyección en la geopolítica de América Latina, los gobiernos democráticos, los institutos de investigación, las universidades y las organizaciones sociales, deberían, realizar investigaciones y foros para conocer y comprender en profundidad el conflicto armado y social que afecta a Colombia desde hace medio siglo.

20.- El análisis sobre el Plan Colombia, la Iniciativa Regional Andina, y el Plan Patriota, que se despliega –por ahora- sobre la amazonia colombiana, parecen indispensables para dotar a los demócratas y revolucionarios internacionalistas, de elementos mas completos e integrales de juicio sobre el terrorismo imperialista y sobre los riesgos a que está expuesta la región.

21.- Ellos deberían conocer bien el conflicto armado y social colombiano y ayudar a explicarlo a los pueblos del mundo, para contribuir a quebrar la campaña de mentiras y deslegitimación que el imperio ha lanzado contra el pueblo y los revolucionarios colombianos.

22.- Mientras el conflicto colombiano es percibido por el mundo como un simple problema de narcoterrorismo, a partir del ano 2004, el gobierno fascista de Uribe, adelantó, con pocas reacciones internacionales en contra, negociaciones de paz con los paramilitares en Santa Fe de Ralito y aprobó  una ley de la República para asegurar su impunidad, ocultar la verdad y  transformar este ejercito de verdaderos narcotraficantes y terroristas, en fuerza política legal. Su objetivo, que efectivamente logró, fue crear un partido político de franco corte fascista, el partido de la U, que le ayudara a  reelegirse como Presidente para el período 2006-2010, lo que también consiguió. Además incorporó una parte importante de los paramilitares legalizados a las fuerzas militares y transformó otra parte en vigilantes armados legales de los mega-proyectos de palma africana,  mineros, energéticos y viales de las compañías multinacionales, que se llevan a cabo ahora, o que se adelantarán en un futuro próximo en las zonas donde han arrebatado sus tierras a más de cuatro millones de colombianos que han sido expropiados y desplazados  por medio del terrorismo de Estado.

23.- Es cierto que en Colombia existe un grave problema de narcotráfico que afecta todos los aspectos de la vida del país, pero este es solo la punta del iceberg, que oculta una confrontación de clases de inmensas proporciones  que se ha desarrollado durante más de medio siglo, periodo durante el cual  la concentración de la propiedad y los ingresos en manos de los monopolios y compañías multinacionales, y en una  ínfima minoría que constituye la oligarquía colombiana ha alcanzado niveles aberrantes, que se reflejan en el atraso y el subdesarrollo, en el desempleo real de más del 25% de la población económicamente activa, en el sub-empleo del 35%, en la pobreza y miseria que afecta por lo menos a 28.0000.000 de colombianos.

24.- Además el narcotráfico ha sido y es utilizado de muchas formas y de manera persistente por la oligarquía colombiana para incrementar sus riquezas habidas legal, ilegal e inmoralmente a costa de la miseria de los trabajadores y para financiar el ejercito contrainsurgente que son los paramilitares y que ha realizado sistemáticamente con la complicidad y participación del Estado y bajo la dirección de sus fuerzas militares un genocidio de inmensas proporciones contra el pueblo y la oposición política en Colombia.

25.- Es cierto  que las FARC-EP se niegan a actuar como policías del Estado para reprimir el narcotráfico, que es en realidad promovido por sus políticas económicas y sociales impuestas por los monopolios imperialistas y por el gobierno de los Estados Unidos. El narcotráfico se ha expandido en los últimos treinta años como resultado de  la dependencia externa que tiene Colombia de los Estados Unidos. Por la gigantesca y creciente demanda de los drogadictos de este país, primer consumidor de drogas en el mundo. El narcotráfico fue promovido en Colombia por la CIA desde sus orígenes en los años 60, con el fin de suministrar alucinógenos a sus soldados en la guerra de Vietnám. Es cierto que las FARC-EP, han tenido que financiar en parte su accionar militar, cobrando el impuesto de guerra a los compradores de coca, al igual que lo cobran a los ganaderos y empresas que actúan en los territorios que controlan. Es cierto también, que algunos guerrilleros -como muchos políticos, empresarios, congresistas, soldados y policías- han sido corrompidos por el dinero.  Y es cierto además que algunos otros han cometido o cometen por ignorancia, por falta de formación política o moral y por falta de control de sus mandos, -o porque se trata de infiltrados cuyo propósito es desprestigiar a la guerrilla-, actos delictivos y graves violaciones a los derechos humanos, todo lo cual es repudiable y debe ser controlado y superado por la guerrilla en su proceso de desarrollo.

26.- Pero no es menos cierto que el movimiento guerrillero ha sido y es, el mayor y verdadero muro de contención al narcotráfico, que ha impedido que éste se apodere en su totalidad del campo colombiano y que esclavice a los campesinos en todo el territorio nacional, como lo hizo a comienzos de los años 80 en algunas regiones del Departamento del Guaviare en el oriente del país.

27.- La insurgencia revolucionaria en Colombia, -además del esfuerzo de organizaciones sociales inermes de defensores de derechos humanos que son con frecuencia torturados, asesinados y desaparecidos-, es la única fuerza social que verdaderamente protege con sus armas y orientación política al campesinado de los abusos de terratenientes, latifundistas y politiqueros, que cometen todo tipo de injusticias y planifican actos de terror contra la población civil, que son ejecutados por las fuerzas militares y paramilitares a su servicio. Las FARC-EP protegen a la población más humilde y desamparada del país, al campesinado, de los abusos de los narcotraficantes a quienes tienen que vender la coca, que por las circunstancias se han visto obligados a a cultivar, pues es el único cultivo rentable con demanda segura que  le permite sobrevivir. Esto ha ocurrido  cuando ya no pueden vender en los mercados el maíz, el arroz, el plátano, que tradicionalmente cultivaron, debido a la imposibilidad de competir con los productos extranjeros subsidiados, que con la apertura neoliberal impuesta por los Estados Unidos, han invadido todo el territorio nacional.

28.- El aspecto principal del conflicto social y armado, que el gobierno pretende ocultar es que a pesar del terrorismo de Estado ejercido de manera creciente durante medio siglo, pero a su vez propiciada por la necesidad de defenderse de él, se ha desarrollado en Colombia una oposición política armada que no han podido destruir, de la misma manera que han liquidado sistemática y progresivamente a la oposición política civil. Esto, a pesar de los esfuerzos realizados durante más de 40 años por el gobierno norteamericano y la oligarquía colombiana, a lo largo de los cuales han destinado a la guerra gran parte del presupuesto nacional para financiar planes con los que siempre aseguran que: ¡ahora si liquidarán a la guerrilla!; y que tampoco han podido comprar ni corromper a la dirigencia del movimiento insurgente con el ofrecimiento de prebendas para la comandancia guerrillera, especialmente cuando se han desarrollado negociaciones de paz.

29.- Adicionalmente se trata de un movimiento guerrillero que conoce y hace la historia y no está dispuesto a repetirla. Sabe que quien deponga las armas será posteriormente liquidado y que en una negociación política, lo que se consiga no depende de las dádivas “bondadosas” del oponente, sino de la correlación de fuerzas militar y política y del apoyo de masas, tanto nacional como internacional. Las FARC-EP han afirmado que jamás entregaran las armas ni se desmovilizaran. Solo están dispuestas a integrarse a un nuevo Estado, que surja de verdaderos  acuerdos de paz, no a reinsertarse en el viejo Estado, como fuerzas derrotadas, para que todo siga igual. Eso ya lo tiene claro la oligarquía y el imperio, y lo ratificaron en las negociaciones de paz que se llevaron a cabo en Colombia entre los años 1999 y 2002 cuando las FARC-EP no aceptaron ninguna imposición, ni aceptaron convertir las negociaciones de paz -cuyo eje central es la redistribución del poder político y de la riqueza nacional-, en la discusión sobre las condiciones para su rendición,  como ocurrió antes con los movimientos guerrilleros  M19, EPL, Quintín Lame y Corriente de Renovación Socialista.

30.- Para completar el panorama, Colombia tiene una posición geoestratégica privilegiada con costas sobre dos océanos y el rió Amazonas; es un país que posee inmensas riquezas mineras y naturales: petróleo, níquel, carbón, oro, esmeraldas; está entre los 4 países del mundo que poseen mayor cantidad de agua dulce y biodiversidad -de un extraordinario valor para la industria farmacéutica mundial-; y es territorio estratégico por donde deben pasar todos los megaproyectos que permitirán al imperio trasladar hasta su territorio las riquezas de América del Sur, por medio de oleoductos, gasoductos, acueductos y de la integración del transporte inter-modal que une ríos, ferrocarriles, carreteras y mares.

31.- Estos son los intereses económicos que están en juego y esto es lo que pone en peligro los privilegios e intereses del imperio y de la oligarquía  en Colombia y en un sentido estratégico, en toda la región. Por eso la virulenta campana para deslegitimar a la guerrilla colombiana, en especial a las FARC-EP, que son las mas fuertes del país.

32.- Para aislar al movimiento guerrillero de sus aliados naturales: los intelectuales, humanistas y movimiento popular y obrero del mundo, el gobierno niega incluso la existencia misma del  conflicto armado interno, así como el carácter y objetivos políticos de las guerrillas. Y pretende hacer desaparecer de la legislación colombiana el delito político, que existe en todas las constituciones burguesas, para que los revolucionarios solo puedan ser juzgados como delincuentes comunes. Para esto tratan de deslegitimar a la insurgencia revolucionaria, haciéndola aparecer como integrada por simples delincuentes, terroristas y narcotraficantes, sin propósitos ni objetivos políticos.

33.- En Colombia, desde los años 80 ha sido practicada la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, a lo que la guerrilla se ha opuesto siempre por principio, pero en el últimos año se ha procedido a la extradición de los opositores políticos miembros de la insurgencia, fabricando pruebas fraudulentas que permiten acusarlos por narcotráfico: son los casos de Simón Trinidad, secuestrado en Ecuador y de “Sonia”, a quienes ofrecen beneficios si se convierten en falsos testigos y acusan a la comandancia de las FARC-EP de participar directamente en la industria del narcotráfico. Rodrigo Granda, miembro de la Comisión Internacional de la misma organización fue secuestrado en Caracas y trasladado clandestinamente a Colombia, y también pretendieron extraditarlo. El secuestro y la extradición de opositores políticos al centro del imperio, podría convertirse en práctica común en un futuro próximo en toda Latinoamérica.

34.- Por sus inmensas implicaciones internacionales de tipo político y moral, es necesario analizar en profundidad el caso de la captura en Caracas el 23 de abril de 2011 del periodista sueco Joaquín Pérez Becerra, Director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), por el gobierno del Presidente Chávez y su veloz entrega al gobierno terrorista de Colombia, violando las leyes nacionales y todas las normas internacionales sobre protección a refugiados políticos.

35.- Otro tanto ocurre a escala nacional con la llamada “política de seguridad democrática”, con la que han creado el marco legal para establecer los llamadas “zonas de rehabilitación” y “teatros de operaciones” donde desaparecen todas las garantías civiles y procesales  y donde los gobiernos locales son sustituidos por el poder absoluto de los comandantes  de las fuerzas militares oficiales, que han recibido facultades de policía judicial, para realizar empadronamientos, sustituir la cédula de ciudadanía por un salvoconducto militar y realizar masivas detenciones arbitrarias con el solo indicio de ser sospechosos. Se controla y limita exageradamente el ingreso de alimentos a la población con el pretexto que son para la guerrilla. No se aplica  el “habeas corpus”, existente en todos los países supuestamente democráticos, etc. Y estas fuerzas militares, amparadas en el derecho penal  militar, gozan de total impunidad y se  auto-juzgan, por supuesto, resultando siempre, inocentes.

34.- Se utilizan falsos  testigos pagados y se fabrican pruebas para condenar a los luchadores populares mas consecuentes, acusándolos por  subversión  y rebelión antes, y ahora por narcotráfico y terrorismo.

35.- Todo lo que ocurre hoy en Colombia, toda la estrategia del terrorismo de Estado utilizada para liquidar a la oposición política legal y a los dirigentes de las organizaciones sociales populares, para expropiar de sus tierras a millones de campesinos, indígenas y comunidades negras, e imponer la globalización neoliberal, complementada con la estrategia de desinformar y des-legitimar a la insurgencia armada, puede ser posteriormente aplicado en cualquier país del mundo y de América latina. Por eso el caso de Colombia, debe ser estudiado y analizado cuidadosamente por las fuerzas democráticas y revolucionarias del mundo, pero en primer lugar de Venezuela y  los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

 

Caracas, mayo de 2011

2 junio, 2011 Posted by | COLOMBIA | , | 1 comentario

El Congreso colombiano aprueba una histórica ley para la reparación de las víctimas del conflicto

El Congreso colombiano aprueba una histórica ley para la reparación de las víctimas del conflicto

  • La ley incluye la devolución de tierras a afectados y desplazados
  • El texto ha contado con un amplio respaldo del Congreso y Senado
 
 

RTVE.es 02.06.2011 – 02:33hEl Congreso colombiano ha aprobado una histórica ley de reparación a las víctimas y restitución de tierras a los afectados por el conflicto interno, a la que sólo le queda la sanción del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para entrar en vigor. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos en las dos cámaras exceptuando el bloque de izquierdas que en su mayoría se ha abstenido.

En el Senado, la iniciativa ha obtenido 62 votos a favor y 3 en contra, mientras que en la Cámara de Representantes (cámara baja), 93 parlamentarios han votado por el sí y 3 por el no. Sólo se han manifestado en contra tres senadores del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Jorge Enrique Robledo, Alexánder López y Gloria Inés Ramírez, mientras que sus compañeros de partido Mauricio Ospina, Jorge Guevara y Luis Carlos Avellaneda votaron a favor.

El coordinador ponente de la ley, Juan Fernándo Cristo, ha dicho que “es la ley más importante que ha aprobado el Congreso de la República desde hace muchas décadas” y ha considerado este paso como “el comienzo de una nueva etapa de la historia de este país” en el que son “las víctimas las que tienen la palabra y no los victimarios”, informa Efe.

Por otra parte, el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, Bruno Moro, ha manifestado que este 1 de junio “será recordado como un día histórico para el país” y ha añadido que, aunque no es “una ley perfecta” tiene “márgenes para garantizar una adaptación a las necesidades, intereses y derechos de las víctimas”.

Apuesta personal de Santos

El proyecto de la Ley de Víctimas fue remitido al Congreso el pasado septiembre personalmente por el presidente Santos, pocas semanas después de su toma de posesión, en una muestra de la importancia que el Gobierno daba a esta iniciativa.Tras semanas de debates y duras críticas, el texto final aprobado ha sido consensuado por siete partidos políticos, según la revista colombiana Semana.

Por su parte, para el principal partido de la oposición, el Polo Democrático, la ley es un paso importante “importante”, aunque considera que cuenta con “graves falencias” y ha anunciado que utilizará su derecho de revisión ante la Corte Constitucional para que ésta extienda sus alcances, ha informado la misma revista.

Contenido de la ley

El texto reconoce como víctima a todos aquellos que hayan sufrido una agresión desde enero de 1985, y no establece diferencias en si ha sido ocasionada por la guerrilla, los paramilitares o miembros del Estado, mientras que las víctimas de hechos anteriores accederán solo a una reparación simbólica.

Además, la ley recoge también otras medidas asistenciales en salud, educación y acceso a un subsidio para cubrir gastos funerarios, así como la entrega de ayuda humanitaria.

La iniciativa reconoce la existencia del conflicto armado interno pero no el estatus de beligerancia a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ni a ningún otro grupo armado ilegal.

Pero uno de los puntos más importantes es el relativo a los desplazados internos que se acercan a cuatro millones, casi el 10% de la población.

En la ley, que tendrá una vigencia de 10 años, se incluye la reposición de sus tierras para los afectados desde 1991. Según cifras oficiales, más de 450.000 familias fueron desalojadas de cerca de dos millones de hectáreas y otras cuatro millones de hectáreas fueron abandonadas por sus dueños huyendo de los combates.

2 junio, 2011 Posted by | COLOMBIA | , , , | 1 comentario

COLOMBIA, “NOS MATAN Y NO SOMOS NOTICIA”.

COLOMBIA, “NOS MATAN Y NO SOMOS NOTICIA”.

Escrito por: loli el 20 Feb 2011 – URL Permanente

 

La Fiscalía ha documentado 2.472 casos de asesinatos “falsos positivos”. Son asesinatos de civiles a manos del ejército, los cadáveres son presentados por el ejército como “guerrilleros abatidos en combate”, los informes constan con afirmaciones como por ejemplo que los cadáveres carecen de “huecos de balas”, algo que se puede contrastar solo con observar dichos cadáveres. Son, evidentemente una clara prueba de “montajes”, pero que, evidentemente, gozan de total impunidad por parte del Estado colombiano.
“Falsos Positivos”: Link:
http://www.youtube.com/watch?v=VuSBNcNsdMU
El presidente de Colombia, (Juan Manuel Santos, es dueño de los principales mass-media del País, existe una -especial atención- a la hora de presentar la información como algo -novedoso, veraz-, y que nada tiene que ver con la anterior administración de Uribe. Dicha admistración quedó en evidencia por su (tortura, paramilitarismo, violaciones de los DDHH…) la verdadera operación mediática (hoy) se centra en mostrarnos un Presidente (Santos) que se desmarca ante estos terribles hechos, aunque quizás convenga recordar que el presidente actual de Colombia, fue ministro de defensa de Uribe, y responsable de los llamados “falsos positivos”.

Radioaktivat, desde Alcoi, Alacant, entrevista a Ricardo Ferrer Espinosa sobre la situación en Colombia.

Conversamos con Ricardo Ferrer Espinosa, periodista colombiano en el exilio. Perseguido por su labor de denuncia constante y su trabajo en favor de las víctimas y la memoria, nos habla del sanguinario régimen colombiano y de la censura mediática en que se desarrolla. Ricardo Ferrer es autor del libro “Nos matan y no es noticia”.


He transcrito una pequeña parte del Audio donde Ricardo explica el Genocidio silenciado, cubierto, justificado, por muchos Gobiernos y organizaciones…:

(Precisamente el Libro nos matan y no somos noticia, es la documentación de la masacre de población civil que hicieron conjuntamente los Boinas Verdes, ejercito de EEUU y los escuadrones de la muerte, Colombia), nos cuenta como en los últimos tres años han desaparecido 38.250 personas, además de los muertos por los combates entre el ejercito y la guerrilla, los campesinos que nos “hacían pasar” como los llamados “falsos positivos”… y todo esto, apunta, no tiene trascendencia alguna en la Prensa Internacional, tampoco en España. Menciona la construcción del canal transatlántico que hará competencia al canal de Panamá, a costa de muertes y desplazamientos de la población con fines como el reparto del territorio entre empresas Colombianas, multinaciones y mandos militares y paramilitares.

Cuando se le pregunta el porque piensa que todas estas cifras de muertes y desapariciones no tienen repercusión Internacional, refiere:

Porque son empresas de prensa de EEUU, Europa, España, y están relacionadas con las empresas que se benefician de estas matanzas de la población civil, el grupo Prisa tiene negocios en Colombia, inversiones en prensa, radio, televisión… si hablasen, “los despachan”, esta gente ha optado por hacer un periodismo como en el franquismo de, “aquí no pasa nada”, no hablar mal del Gobierno, ni de su Genocidio.

Si lo deseaís, podeís escuchar o descargar la entrevista entera en el link, me ha sido imposible “colgarla aquí”.
Link:
http://www.ivoox.com/caixa-musica-24-nos-matan-no_md_463167_1.mp3

“Esta es una de las últimas noticias relacionadas con los grupos paramilitares”:

Colombia: Grupos paramilitares amenazan de muerte a periodistas.

Sábado, Febrero 19, 2011, 1:06

Cinco periodistas vuelven a ser amenazados en Colombia por parte del Bloque Capital de las Águilas Negras, que surgió luego del publicitado desarme paramilitar de estos ejércitos irregulares de derecha durante el Gobierno de Álvaro Uribe.

La Corporación de Periodistas y Comunicadores Sociales de Santander, CPS, en un comunicado ha manifestado su rechazo al comunicado en que se manifiestan “las amenazas de muerte contra el Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper, Eduardo Márquez; Hollman Morris; Daniel Coronell; Marcos Perales Mendoza, y Claudia Julieta Duque, además de una decena de organizaciones de derechos humanos.

En el documento, el grupo armado ilegal advierte que “llegó la hora de exterminar y aniquilar a todas las personas y organizaciones que se hacen pasar por defensoras de derechos humanos (…) que se meten en lo que no les importa (…) los ubicaremos en las oficinas, en las casas donde viven, donde estudian y donde se reúnen”.

(En la fotografía, Eduardo Márquez, uno de los periodistas amenazados). Para seguir leyendo, Fuente y Link:http://www.librered.net/?p=4564

Loli.

 

20 febrero, 2011 Posted by | TERRORISMO de ESTADO | , , | 1 comentario

Terrorismo de Estado en Colombia

Qué es el Terrorismo de Estado en Colombia:

Recuadro de datos
(Cifras actualizadas enero 2011)
Por Azalea Robles
Saquear, eliminar el descontento, y seguir saqueando.

Para entender la realidad colombiana, muy falsimediatizada, hay que entender dos premisas fundamentales: por un lado una realidad de profunda inequidad social, y correlativamente a ella, conocer de qué manera la respuesta estatal ante las reivindicaciones populares es de terror.
La historia de Colombia está definida por el Saqueo de sus recursos: por el Terrorismo de Estado para mantener un status quo de injusticia social. El Estado colombiano facilita el Saqueo de los recursos naturales y humanos de Colombia: es el garante de los intereses de las multinacionales y de la oligarquía.
Por ello es asesinado todo aquel que reivindique por justicia social, y son arrasadas poblaciones enteras con la finalidad de vaciar los terrenos de alto interés económico: eliminación sistemática de la reivindicación social, política, económica, ecológica…

Una situación dramática que los mass-media ocultan o falsimediatizan sistemáticamente.
Ahora la falsimedia pretende hacer creer que el gobierno de Santos es más moderado, pero nada más lejos de la realidad, sólo algunos datos: en los 75 primeros días de su mandato han sido asesinados 22 defensores derechos humanos (1), en los 90 primeros días de su mandato han sido asesinados 50 opositores políticos (denuncia PDA) y han sido violados y asesinados 3 niños por el ejército, en lo que se inscribe dentro de las prácticas del Terrorismo de Estado (2).
El exterminio contra la oposición, el guerrerismo y el empobrecimiento continúan intensificándose con Santos, como lo demuestran los bombardeos descomunales, las desapariciones forzadas, los encarcelamientos políticos y las Leyes lesivas que auspician más privatización y desplazamientos masivos de poblaciones, como es el caso de la “Ley de Tierras”, presentada como La panacea por los medios y que sin embargo es: “una ley inconsulta que pone vidas en riesgo y legaliza el despojo”(3)

Las cifras son importantes pues permiten dar una dimensión de lo que es uno de los peores genocidios de la historia contemporánea de la humanidad, un genocidio silenciado.

Recuadro de lo que es, en cifras, el Terrorismo de Estado en Colombia:

RECUADRO DE DATOS
Terrorismo de Estado en Colombia es:
*Sólo en los 3 últimos años, han sido desaparecidas más de 38.255 personas por el Terrorismo de Estado en Colombia… se estiman en  250.000 personas desaparecidas (secuestradas y  torturadas) en los últimos 20 años, bajo la lógica de “disuadir la reivindicación por el terror” (El Estado busca que el terror perdure al desaparecer el cuerpo, pues prolonga así la angustia en los sobrevivientes). (1)
*La eliminación física de todo un partido político, La Unión Patriótica (UP), más de 5.000 personas de la UP asesinadas por el Estado. (2)
*más de 2.778 sindicalistas asesinados; el 60% del total de sindicalistas asesinados en el mundo, son asesinados en Colombia por las herramientas del Terrorismo de Estado. (3)
La situación de injusticia social es abrumadora en Colombia, y cada día se profundiza la brecha entre enriquecidos y empobrecidos; la represión estatal busca acallar el natural descontento ante esta dramática situación:
El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo (puesto número 11 de coeficiente GINI de desigualdad), y es el país más desigual del continente americano. Hablamos de que hay, según las cifras más clementes, 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres (4)Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda (cifras UNICEF), de cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica (5). Simultáneamente, y correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y declaró ganancias de 1.250 millones de dólares en el último bimestre de 2009. (6)
*Terrorismo de Estado es desplazamiento de poblaciones en beneficio del gran capital: más de 4,9 millones de personas han sido desplazadas de sus tierras mediante las masacres de los militares y sus paramilitares, dentro de la Estrategia Estatal de “tierra arrasada”, para vaciar el campo de población y ofertar así a las multinacionales los terrenos de alto interés económico, baldíos de reivindicaciones y habitantes… (7)
*10 millones de hectáreas de tierra han sido así robadas a las víctimas y desplazados, y ofertadas a multinacionales, gran latifundio, y nuevos gamonales paramilitares; el escándalo del “agro ingreso seguro” viene a consolidar este robo a las víctimas. (8)
*Terrorismo de Estado es: La mayor fosa común de Latinoamérica, situada detrás del batallón militar del ejército en la Macarena, un hallazgo dantesco, que sin embargo aún no suscita el repudio internacional que se merece el régimen colombiano: más de 2000 cadáveres de desaparecidos por la fuerza Omega del “Plan Colombia”. (9)
* Terrorismo de Estado es: Empleo de una Herramienta Paramilitar para inyectar el Terror en la población, con el fin de acallarla, docilizarla y de desplazarla, una Herramienta de horror que practica violaciones masivas, descuartizamientos con moto-sierra, empalamientos, y horrores escalofriantes. Un Informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de febrero 2010 indicaba que los paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en unos 15 años… En el informe más reciente, de enero 2011, la Fiscalía General reveló que tiene documentados 173 mil 183 homicidios, mil 597 masacres y 34 mil 467 desapariciones cometidas por paramilitares, crímenes cometidos entre 2005 y diciembre 2010… y el drama se vislumbra aún más dantesco… Varios paramilitares han testificado acerca de la naturaleza estratégica de la Estructura Paramilitar para el propio Estado colombiano, y dado decenas de nombres de generales, empresarios, multinacionales, políticos fomentadores de paramilitarismo… y aún no hay la merecida y urgente condena internacional al Estado colombiano, que, impune, continúa con estas practicas genocidas. (10)
*Miles de fosas comunes con miles de cadáveres de colombianos masacrados por el paramilitarismo del Estado colombiano: Los paramilitares han dado algunas coordenadas de las fosas con el fin de poderse así acoger a la “Ley de Justicia y Paz”, ley confeccionada bajo la dirección de uno de los mayores promotores de paramilitarismo: Uribe. Una Ley que les consigue la impunidad si muestran “arrepentimiento”. Ya en abril 2007, cuando se cumplía el primer año de búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía había recibido 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas; pero la mayoría no se había podido explorar, según el Estado, por “falta de recursos”… Los familiares de miles víctimas esperan que se efectúen los análisis de ADN a los cadáveres y restos encontrados, pero el Estado justifica su inoperancia aduciendo “desbordamiento” y “falta de recursos”… recursos que si tiene a la hora de costear a militares y paramilitarismo.
Las leyes de impunidad para la herramienta paramilitar y sus financistas se profundizan bajo el gobierno de Santos:“(…)La información que surja en el marco de los acuerdos no podrá, en ningún caso, ser utilizada como prueba en un proceso judicial en contra del sujeto que suscribe el Acuerdo de Contribución a la Verdad Histórica y a la Reparacióno en contra de terceros”. Ley 1424, aprobada en tiempo record, el 15 de diciembre 2010 (11).
* Terrorismo de Estado es: Hornos Crematorios y criaderos de caimanes de la Herramienta Paramilitar del Estado y multinacionales… donde los paramilitares han desaparecido a miles de personas…  (12)
*miles de asesinatos, entre ellos el escándalo de los “falsos positivos”: los militares raptan a muchachos jóvenes, los disfrazan de guerrilleros y los asesinan, y presentan los cadáveres como “guerrilleros dados de baja en combate”. Los mass-media se encargan de difundir el montaje, ya que en Colombia los medios de difusión masiva dan por cierto lo que les dicen sus fuentes militares. Esto lo hacen los militares para “mostrar resultados” en su guerra anti-insurgente, y también para asesinar a los civiles que les incomodan. La mediatización de los muertos que son supuestos guerrilleros en Colombia es absolutamente macabra: muestran cuerpos alineados, semi-desnudos… de esta forma se moldea a la opinión pública en la deshumanización de los guerrilleros. La directiva 029 del ministerio de defensa fomenta los “falsos positivos”, y ya hay más de 2.472 casos documentados de estos asesinatos de civiles, lo que evidencia una política de estado.(13)
*más de 7.500 presos políticos, muchos de ellos víctimas de montajes judiciales, práctica común contra luchadores sociales (14)
*centenares de auto-atentados, otro tipo de “falsos positivos” por parte de las fuerzas policiales y militares que han puesto bombas en pleno Bogotá para poder así crear la base para montajes mediáticos de desprestigio contra las guerrillas. Estos auto-atentados fueron preconizados por el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad como consta en documentos. (15)
*Las violaciones de derechos humanos se profundizan en lo que se evidencia como un país ocupado: en Colombia hay presencia numerosa de militares estadounidenses y mercenarios israelíes, y se han implantado 7 bases militares USA; además el Estado colombiano les ha otorgado a los marines total inmunidad para todos los crímenes que cometan en Colombia. Ya hay varios casos de niñas violadas por marines, que están en la impunidad total, pues los marines tienen “carta blanca” para violar, torturar y asesinar en Colombia. (16)
La violencia de la arremetida del gran capital, en su ansia por no perder a Colombia como valiosa “bodega de recursos”, ha implantado y mantenido a ese engendro que es hoy el Estado colombiano.
Hace años que ese Estado criminal no existiría sin la “ayuda” descomunal de USA y UE, sin haber endeudado al pueblo colombiano para sufragar los gastos militares, y sin su Estrategia paramilitar de Terrorismo de Estado. Sin sus apoyos militares y mediáticos, el Estado colombiano no hubiera podido perpetrar tanta barbarie; y el pueblo colombiano hubiera logrado su verdadera independencia, su emancipación de tanta codicia, muerte y dolor.
Notas del texto:

3 febrero, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, DENUNCIA, EDITORIAL, INTERNACIONAL | , , | Deja un comentario

El paramilitarismo es la herramienta de guerra sucia y terror del Estado colombiano y multinacionales

La Fiscalía General reveló el 13 de enero 2011 que tiene documentados 173 mil 183 casos de homicidios, mil 597 masacres y 34 mil 467 desapariciones cometidas por paramilitares de las supuestamente disueltas y auto-denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Internacional | abpnoticias | 02-02-2011 |
El registro, que recoge datos desde 2005 hasta el 1 de diciembre del pasado año (2010), también refiere tener documentado el desplazamiento forzoso masivo de 74 mil 990 comunidades y el reclutamiento de tres mil 557 menores de edad por parte de paramilitares “AUC”.Según el informe, los ex integrantes del referido grupo paramilitar están implicados en tres mil 527 casos de secuestro, tres mil 532 de extorsión, 677 de violencia de género, 68 de narcotráfico y 28 mil 167 de otras conductas delictivas, sin precisar cuáles. 

De acuerdo la fuente judicial, en la actualidad la entidad avanza en las diligencias de confesión de 51 mil 616 hechos por parte de ex paramilitares acogidos a la denominada Ley de Justicia y Paz, en casos con 65 mil 747 víctimas relacionadas.

Dichas diligencia ha permitido a las autoridades -siempre según el reporte-hallar tres mil 37 fosas comunes, en las que se logró encontrar tres mil 678 cadáveres, con mil 323 cuerpos identificados plenamente.

A su vez, las investigaciones y las confesiones permitieron establecer la presunta vinculación a los paramilitares de 429 políticos, 381 miembros de las fuerzas de seguridad, 155 funcionarios civiles, además de otras siete mil 67 personas.

Las AUC se crearon en abril de 1997 con el fin de agrupar a muchas de las múltiples bandas de ultraderecha que operaban en el país, patrocinadas por grupos de ganaderos, terratenientes y narcotraficantes.

Más del 70 por ciento de sus ingresos provenían del narcotráfico, e igualmente se financiaban con el secuestro y la extorsión, además de recibir dinero de multinacionales con presencia en las zonas bajo su control.

Asimismo, recibieron colaboración de varios miembros de Ejército, al tiempo que tuvieron estrechos vínculos con múltiples políticos colombianos.

Finalmente las AUC se disolvieron en 2006 en un proceso que resultó parcial e incompleto durante la administración del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010).

Sin embargo, informes de prensa y de organizaciones no gubernamentales y asociaciones de víctimas como MOVICE sostienen que muchos de sus miembros siguen delinquiendo desde la cárcel y varios de sus frentes armados permanecen activos utilizando otros nombres como Águilas Negras, Los Paisas y Los Urabeños, entre otros.

La “Ley de Justicia y Paz” que es el marco legal de las “desmovilizaciones” ha sido denunciada por familiares de víctimas como una suerte de “premio” a los victimarios: en virtud de esa ley la máxima pena que se le puede imponer a un paramilitar en Colombia son 8 años de cárcel.

En diciembre 2010 fue condenado el jefe paramilitar Iván Laverde, alias “el Iguano” a tan sólo 8 años de cárcel por asesinar a más de 4000 (cuatro mil) personas (asesinatos confesados), por varias masacres, desapariciones, atentados.

El “Iguano” confesó incluso haber usado hornos crematorios para hacer desaparecer a sus víctimas.

En Colombia, si se es miembro de la herramienta paramilitar la mayor pena es de 8 años de cárcel… como una suerte de premio por servicios hechos al gran capital.

Más información en los VIDEOS anexos:

1er Video: http://www.youtube.com/watch?v=sU7X…

2do Video: http://espanol.video.yahoo.com/watc…

3er Video: http://www.youtube.com/watch?v=SO_1.

Paramilitares

El escándalo de la “parapolítica” en Colombia comprueba la extensión y profundidad que ha alcanzado el fenómeno de la extrema derecha en el país.

A pesar de las maniobras oficiales para tapar o desviar el curso del proceso penal, casi como un alud incontrolable las revelaciones destapan los vínculos del paramilitarismo con el estado, los partidos políticos tradicionales,  los empresarios (nacionales y extranjeros), ciertas embajadas y un sector nada desdeñable de la sociedad.

A estas alturas del escándalo es innegable que además de los grotescos y ordinarios personajes que se sientan en el banquillo de los acusados deberían sentarse también los inductores y responsables intelectuales del engendro.

Ya no es posible alegar ignorancia para juzgar con benevolencia la llamada democracia colombiana.

Quienes desde Europa y los Estados Unidos mantienen un apoyo ilimitado al actual gobierno de Uribe tienen sin duda otros motivos ajenos completamente a la defensa de la democracia y el progreso.

Seguramente que dicho apoyo va ligado a la suerte de sus inversiones en el país y a los intereses estratégicos de Occidente en general.

Ya no es posible ignorar los informes anuales de Naciones Unidas, la OEA, los grupos de derechos humanos (nacionales y extranjeros como A.I o Human Right Watch) y hasta los datos oficiales – muy maquillados por razones obvias- para concluir que Colombia está lejos de la imagen idílica de una democracia plena.

Los datos reflejan un panorama desolador de desapariciones, muertes fuera de combate (asesinatos a sangre fría que tan solo en el primer mandato de Uribe llegan a los once mil casos), secuestros, exilios (¿casi sesenta mil?) y alrededor de tres millones de desplazados que colocan a Colombia por este motivo en el segundo lugar del mundo después de Congo.

Tampoco consiguen ocultar esta dolorosa realidad los festivales internacionales de cine y arte, los concursos de belleza, la celebración oficial del cumpleaños de García Márquez o el actual congreso de la lengua castellana con asistencia del rey de España, Bill Clinton y hasta personajes destacados de la farándula.

Cada día resulta más difícil mantener la imagen de una democracia ejemplar, acosada por una violencia que le es ajena y de un gobierno sensato, prudente y responsable que ofrece  bienestar a sus ciudadanos y seguridad a los inversionistas.

Porque antes que mérito del gobierno, el actual juicio a la extrema derecha es el mérito de algunos jueces honrados y un “daño colateral” del proceso de reinserción de los paramilitares torpemente conducido por el propio Uribe:

El engendro se le escapa de las manos y los cabecillas del paramilitarismo, para imponer los términos de su condena destapan vínculos incómodos con la clase dominante en la mejor tradición del “si no conseguimos nuestro propósitos, hablamos”.

Crecen las voces (inclusive en Estados Unidos) que acusan al ejército de utilizar estas bandas para hacer el “trabajo sucio” que las leyes les impiden.

El marco legal vigente -así sea estrecho- es un obstáculo que apenas inmuta a estos gatillos fáciles que asesinan, desaparecen, intimidan y aterrorizan a comunidades enteras.

Alegar que estos vínculos no pasan de ser “casos individuales” ya no se sostiene cuando se comprueba que su creación, asesoría y mantenimiento forma parte de la teoría contrainsurgente de las fuerzas armadas.

El escándalo salpica cada día con mayor fuerza a los partidos políticos, principalmente a los que apoyan al presidente Uribe.

Mediante el terror estas bandas aseguran triunfos electorales y el control de regiones enteras.

Los “paras” terminan por adueñarse de las instituciones, su influencia y sus recursos.

En las dos elecciones anteriores Uribe Vélez ganó con votos que a todas luces resultan nulos y afectan su legitimidad.

Sobran razones para exigir la inmediata dimisión del presidente como se ha hecho con el resto de senadores, representantes, funcionarios, alcaldes y gobernadores implicados en el escándalo.

Menos publicitada pero igualmente decisiva ha sido la participación de un sector del empresariado local que alegando la necesidad de defenderse de la guerrilla ha visto en los paramilitares un instrumento muy útil para deshacerse de líderes sindicales y activistas sociales que incomodan.

No por azar Colombia registra el mayor número de asesinatos de unos activistas que se juegan la vida cotidianamente.

Las investigaciones judiciales revelan que antes que ser víctimas de la extorsión de los “paras” estos empresarios han jugado un destacado papel en su promoción, financiación y organización.

Tampoco es nueva ni desconocida la vinculación entre los grandes “capos” del narcotráfico y el paramilitarismo ni la vocación temprana de éstos como traficantes de estupefacientes.

Por eso parece natural que el narcotráfico aparezca al lado de los “paras” en la mesa de negociaciones del supuesto proceso de paz del gobierno con estas bandas sin que sea ya posible distinguir unos de otros.

A ambos la llamada “ley de justicia y paz” les permite aparecer como “fuerza política”, lavar su pasado delictivo, legalizar sus bienes y purgar cortas penas en  sus cómodas haciendas convertidas en “casa-cárcel”.

Capítulo especial merece la participación en el paramilitarismo de grandes empresas y en particular de multinacionales como lo prueba la reciente condena de la frutera estadounidense Chiquita Brands por financiar a los “paras” y dotarlos de armamento o los procesos abiertos contra Coca-Cola  o la carbonea gringa Drummond; igual hacen las multinacionales de palma africana, madera, minerales o grandes obras de ingeniería, sin que falten naturalmente las del petróleo, protegidas conjuntamente por las fuerzas armadas, los paramilitares y cientos de mercenarios a manera de ejércitos privados.

Por supuesto, la embajada estadounidense no es ajena ni inocente. Aún antes de que aparecieran las actuales guerrillas o cuando éstas eran grupos reducidos de sobrevivientes de otras guerras (en 1965, cuando se crean las FARC sus combatientes no pasaban de 46 hombres y dos mujeres) la misión militar ya “aconsejó” a Bogotá la formación de grupos de civiles armados que “auxiliaran” al ejército, de la misma manera que se había practicado en Indochina, Argelia, Israel, Argentina, Perú, Centroamérica, México o la propia Colombia, que tiene una vieja tradición de paramilitarismo.

Solo se tuvo que reorganizar, disciplinar y armas gentes diversas (sobre todo mucho lumpen) que desde siempre habían servido de brazo armado de los empresarios.

Se contó siempre con la eficaz asesoría del Pentágono y por supuesto con los mercenarios israelíes – como se sabe- expertos en la materia.

El paramilitarismo colombiano está pues lejos de ser un simple problema de bandas armadas.

Recibe su primera cobertura institucional del mismo estado que lo tolera, impulsa y protege,  tiene sus bases sociales en sectores de la denominada “clase media” y recibe la financiación del empresariado y, en particular, de la gran empresa del narcotráfico.

Para sus apoyos sociales la acción paramilitar está justificada y aunque algunos no se sientan cómodos con sus crímenes, los soportan como un mal necesario de la misma forma que los capitalistas y los “sectores medios” europeos saludaron el ascenso del fascismo que ponía fin a las huelgas, el sindicalismo y los partidos obreros, entendidos como los promotores del descontento social.

No faltaron tampoco liberales que vieron es este mal menor una solución a la debilitada democracia en crisis; si las fuerzas regulares y las leyes vigentes no podían preservar el orden burgués había que saludar la llegada de estos muchachos inquietos y camorristas que al fin de cuenta “eran nuestros muchachos”.

Algo parecido está ocurriendo en Colombia.

Alcanzar la democracia en Colombia y hacer de este país un lugar  habitable pasa sin lugar a dudas por erradicar el fenómeno de la extrema derecha de inspiración fascista.

Nadie puede prever los efectos del escándalo de la “parapolítica” ni asegurar que todo no termine en el enjuiciamiento de algunos autores materiales, algún cabecilla descolocado y con la impunidad de la clase dominante, verdadera culpable por acción y omisión.

Por contraste, se asiste hoy en Colombia a la caza de brujas, al señalamiento de quienes hacen la denuncia y a la amenaza por exigir responsabilidades acusando a los opositores desde el mismo palacio presidencial de “terroristas”, “guerrilleros” o “enemigos de la patria” en un lenguaje que recuerda tanto el siniestro vocabulario paramilitar.

Juan Diego Garcí

2 febrero, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, CRIMENES EEUU, DENUNCIA, DENUNCIA, EDITORIAL, NOTICIAS ALTERNATIVAS, PORTADA, TERCERA INFORMACIÓN | , , , , , | Deja un comentario