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¿Cuándo condenará la derecha el golpe de estado militar-fascista y defenderá a las victimas del “terrorismo” franquista?

¿Cuándo condenará la derecha el golpe de estado militar-fascista y defenderá a las victimas del “terrorismo” franquista?
Las víctimas del franquismo están siendo “maltratadas” por el Estado, cuando debería ser el primero en cuidar su memoria y ayudar a los familiares.
Kaos. Memoria histórica y Derechos Humanos | Para Kaos en la Red | Hoy a las 8:48 | 1104 lecturas | 9 comentarios
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La condena del 18 de julio: ¿De verdad importa que el Congreso de Diputados español condene el golpe militar fascista del 18 de julio?

Salvador López Arnal
No fue el 18 de julio. Fue dos días antes y la obertura fue “gloriosa”, estilo marca Corleone Franco y sus secuaces. “Numerosos son los autores que fechan el comienzo de la sublevación el 17 de julio, iniciada con una algarada en torno al edificio de la Comisión Geográfica de Melilla. Sin embargo, corresponde al general Francisco Franco el honor, o más bien el deshonor, de haber iniciado la rebelión. Lo hizo la víspera. A la chita callando. Muy en carácter. Se llevó por delante a un compañero, el general Amado Balmes, comandante militar de Gran Canaria. El futuro fundador del “nuevo Estado” combinó su maniobra con un sofisticado operativo para salir de las islas a bordo de un avión inglés.
La “historiografía” franquista nos ha dado gato por liebre durante setenta y cinco años en relación con aquellos acontecimientos germinales. Continúa haciéndolo”, con estas palabras abre Ángel Viñas el primer capítulo de su último libro [1]. Empezaron como acabaron: asesinando; el círculo se cerró con sangre. Vayamos al apartado institucional.

Según todos los indicios, el Congreso español, 36 años después de la muerte de Franco, 33 años después de aprobarse la Constitución de 1978, condenará el próximo lunes, en una declaración institucional que cuenta, en última instancia, con los ojos y las tijeras de la tercera autoridad del Estado, el golpe del 18 de julio [2].

Todos los grupos, parece que sin excepción, apoyan esta declaración con motivo del 75º aniversario de la sublevación fascista [3]. La redacción inicial del texto es prácticamente idéntica, según se cree, al de la iniciativa que salió adelante en la Comisión Constitucional del Congreso en 2002. Esta contó también con el respaldo de todos los grupos, el PP aznarista no excluido.

¡Ya podemos imaginarnos las toneladas de descafeína que llevaba dentro! Izquierda Unida e ICV presentaron el pasado jueves, 14 de julio, un excelente día revolucionario para ello, el texto de condena ante la Junta extraordinaria de Portavoces que se celebró en la Cámara Baja tras. Como ningún grupo vetó la propuesta, la declaración institucional se leerá durante la sesión del próximo lunes.

No es, en todo caso, “una reprobación explícita del franquismo”, sino “una condena unánime del acontecimiento que dio comienzo a la Guerra Civil que derivó en una dictadura que se prolongó durante 40 años”. ¿Qué acontecimiento? ¿El intento de golpe? ¿El asesinato del general Balmes? ¿Los bombardeos a la población civil? ¿La política de tierra quemada del fascismo español?

No se conoce en el momento en que escribo el texto definitivo de la declaración. Iñigo Aduriz da cuenta de algunos pasos del escrito. Según parece, se afirma en él que, en el 75º aniversario del inicio de la guerra civil, nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en 1936, “para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y a la dignidad de todos los ciudadanos”. Estas prácticas, las que llevaron a los franquistas al poder, merecen “la condena y repulsa de la sociedad democrática”.

La cosa no pinta bien, nada bien, de entrada. ¿Regímenes totalitarios para hablar del fascismo español? ¿Quiénes usaron la violencia para imponer sus convicciones políticas? ¿Unos y otros? ¿El fascismo español y las fuerzas republicanas y revolucionarias de izquierda? ¿Contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos? ¿De todos? ¿Pero no hubo muchos (y muchas también, aunque menos) que tomaron de nuevo a España como su cortijo -sin exclusiones regionales y nacionales: el fascismo no fue, por ejemplo, algo externo a Catalunya como a veces se sostiene-y camparon, robaron, maltrataron y asesinaron como les vino en gana?

La declaración considera conveniente para la convivencia democrática que se mantenga “el espíritu de concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia”. Este cuento ya no es de recibo; nos sabemos todos esos cuentos, otros también, como dijera León Felipe.

No nos gustan nada, nada de nada. El mito de la “Inmaculada Transición” [4] es un mito insoportable, intelectual y poliéticamente. La fuerza (militarizada) que dirigió la política española durante esos años no fue la concordia sino el miedo, la pistola y el espadón.

Monarquía, bandera, símbolos franquistas, privilegios sociales, capitalismo, bases usamericanas, ocultación de las víctimas, no fueron aceptados de buen grado, se impusieron. La pistola cargada apuntaba a la sien de la movilizada ciudadanía de izquierdas. Muchos temblábamos sin que el coraje nos hubiera abandonado.

El miércoles 13 de julio, el presidente de la asociación Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, se quejaba, con razones atendibles, de la falta de respuesta de la mayoría de los grupos y consideraba “incomprensible” que la Cámara Baja conmemore a las víctimas del terrorismo o a las del Holocausto nazi y no recuerde a los “cientos de miles de desaparecidos durante la dictadura”. El día siguiente recibió con escepticismo la noticia de la propuesta de IU e ICV. “Algo es algo”, señaló.

No se le perdió lo esencial: los familiares de los desaparecidos y los asesinados por el régimen de Franco están “discriminados en la institución en la que reside la soberanía del pueblo”. No sólo eso: muertos en la cárcel o asesinados como Miguel Hernández o José Arnal Cerezuelo, por poner dos ejemplos entre centenares de miles, siguen siendo delincuentes, reos de rebelión militar.

Bazofia a ojos jurídicos oficiales. Emilio Silva añadió: “Es triste que Bono abra la puerta del Congreso a muchas víctimas y se las cierre a las del franquismo”. Es triste, desde luego, pero de la tercera autoridad borbónica cualquier cosa es pensable. Nos tiene acostumbrados a casi todo. Que siga siendo dirigente, con mando en plaza, de una fuerza política que dice ser socialista y obrera es para desesperar y no parar de correr hasta Cuba y Venezuela.

Joan Sardá, uno de los mejores y más sólidos diputados de la cámara, un representante político en el que la cultura antifranquista ha dejado huella sólida que no se desvanece en el aire, comentó otro nudo esencial. El siguiente: “Las víctimas de la Transición hoy serán olvidadas, como otras.

Hoy no se reconocen las víctimas del terrorismo de Estado, de los grupos fascistas en la Transición, igual que no han reconocido en la Ley de la Memoria otras víctimas de años anteriores, como Salvador Puig Antich. Y es una vergüenza”. La memoria de las víctimas del posfranquismo sigue desamparada tras la Ley de Víctimas que aprobó el 14 de julio Congreso con el único voto en contra de esa formación de extrema derecha españolista llamada UpyD [5].

Sea como sea, más allá de todo ello, la cuestión, ¿importa realmente que el Congreso aprueba una declaración de ese tipo? ¿A quién le importa esa puesta en escena? Mirado con generosidad: importa, no hay que ser sectarios ni torpes. La intención política de IU e ICV, su buena intención política, es obvia; nada que objetar. Pero, aunque seamos tan generosos como queramos ser, aunque aceptemos que a casi todo lo hecho pecho, no es ni va a ser creíble. No puede serlo. Demasiado para la racionalidad y el sentimiento humanos.

¿Cómo vamos a creer la condena del PP del golpe de julio de 1936 si su partido está lleno de franquistas y neofranquistas y tiene como presidente de honor a un ministro de Franco y uno de sus máximos dirigentes, el asesor de Murdoch, por no hablar de Mayor Oreja, es un nostálgico de todo aquello? ¿Cómo vamos a creer el gesto del partido del señor Rubalcaba si es incapaz de reconocer como víctimas a los familiares de Puig Antich, Enrique Ruano, Sánchez Bravo, Txiki y de tantos otros, y uno de sus dirigentes políticos, el señor Bono, abronca a ciudadanos, a viejos ciudadaos, por airear en el Congreso la bandera de la República? ¿Qué condena es creíble por parte de los unionistas cristianos de Duran i Lleida, una parte importante de CiU, a pesar de su dirigente asesinado, cuando tiene lazos íntimos y vasos comunicantes permanentes con una institución, la Iglesia católica y su sector más extremista opusdeista, que sigue conservando en sus templos símbolos fascistas sin propósito de enmienda sin jamás haber pedido disculpas por haber entrado bajo palio al dictador fascista en sus instituciones y haber apoyado con entusiasmo el golpe militar fascista tildándolo de cruzada religiosa?

Es difícil creer en esos gestos. Para muchos de ellos sigue siendo “verdad” un postulado que se ha ido imponiendo: el franquismo no fue tan malo, la represión bajó en picado a partir de 1950 y, además, Franco, con malos procedimientos eso sí, situó a España en un lugar destacado de las naciones desarrolladas. Prueba o indicio de ello: la despedida, con honores de Estado, de alguien que nunca renunció de la conveniencia del golpe, de los 40 años de fascismo ni de la estrategia lampedusiana de la transición: José Antonio Samaranch. ¿Se acuerdan quien gobernaba entonces en Catalunya? ¿El PP? Frío, muy frío. ¿CiU? Frío, bastante frío. ¿El gobierno tripartito de izquierdas? ¡Premio, han acertado! Un gobierno presidido por José Montilla, un ex trabajador emigrante que estudió el Bachillerato nocturno y que militó durante un tiempo en el Partido del Trabajo de España.

PS: Me olvidaba. “España responde a Argentina que sí investiga los crímenes franquistas” fue un titular en la prensa del pasado jueves, 14 de julio. Vale, de acuerdo, tomamos nota, aunque no haya indicios de todo ello. Manuel Fraga, despavorido, con temblor en el rostro, ha cruzado esta mañana la frontera europea.

¡Qué risa tía Felisa! ¡Qué cara dura doña Impostura!

Notas:

[1] Ángel Viñas, La conspiración del general Franco, Crítica, Barcelona, 2011, p. 1.

[2] La fuente de estas y otras informaciones: Público, de 15 de julio de 2011, pp. 14-15, especialmente la información de Iñigo Aduriz.

[3] Vicenç Navarro ha dado recientemente excelentes razones a favor del uso del concepto fascismo en lugar del término “franquismo”.

[4] El hallazgo conceptual, excelente en mi opinión, es de Jorge Riechmann

[5] Tardà defendió varias enmiendas, que no apoyó el PSOE, a la Ley de Víctimas. Aspiraban a que se reconociese como tales a otras víctimas, las de los crímenes políticos de la transición- transacción, las que están en el debe del Estado y sus fuerzas represivas (¡disolución de los cuerpos represivos!) y de los grupos de extrema derecha fascista.


ARMH acusa al Estado de maltratar a las víctimas del franquismo

EFE

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha señalado hoy que las víctimas del franquismo están siendo “maltratadas” por el Estado, cuando debería ser el primero en cuidar su memoria y ayudar a los familiares.

En la víspera del 75 aniversario del inicio de la Guerra Civil, Silva ha dicho a EFE que “el pasado pesa enormemente sobre la política española” y por eso el Estado tiene una “doble moral” y no condena de igual forma todos los tipos de violencia ni atiende de la misma manera a todas las víctimas de la violencia, venga de donde venga.

“Hay víctimas de hechos muy violentos que tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación y otras que no tienen derecho a nada”, ha señalado el presidente de ARMH, para quien la Ley de Memoria Histórica no tiene otro fin que el de “subvencionar” exhumaciones, es decir, “subvenciona derechos humanos en lugar de garantizarlos”.

Emilio Silva también ha advertido de que no es necesaria una comisión de expertos que recomiende qué hacer con el Valle de los Caídos y lo que se necesita es “decisión política” para acabar con este monumento que supone un “enaltecimiento de la violencia” que trajo la dictadura de Franco.

Al respecto, cree que tras las elecciones habrá una nueva “bronca política” que salpicará a las víctimas del franquismo y a los familiares, porque si se adelantan los comicios habrá un informe de la comisión y, si se cumplen las encuestas, un gobierno distinto al que lo pidió para atender dichas recomendaciones.

Para el presidente de esta asociación, es “triste” que después de tantos años el Estado no haya resuelto aún muchos problemas, y en concreto ha lamentado que, en democracia, aún queden fosas comunes y ningún presidente del Gobierno haya celebrado un acto público de homenaje a las víctimas.

Por el contrario, ha señalado, el Estado practica la “negación de auxilio” y hace que las víctimas del franquismo y sus familiares parezcan “culpables de algo”, y quienes tratan de ayudarlas también lo son, como el juez Baltasar Garzón.

Para Silva, Garzón ha sido también “una víctima del 18 de julio”, sólo por intentar ayudar a los familiares de quienes han padecido “la peor violencia de todas”, la de la “desaparición forzada: secuestro con torturas, asesinato y ocultación del cadáver. No hay nada peor”.

A Emilio Silva no le parece suficiente que el Congreso estudie hacer esta semana una declaración institucional por el aniversario de la guerra civil y cree que debería celebrarse un acto de condena.

Tampoco ve comprensible que el Gobierno del PSOE no se haya responsabilizado directamente de la búsqueda de los desaparecidos, y los familiares tengan que estar buscando por su cuenta la ayuda de asociaciones o de forenses que vayan a sus pueblos a identificar a las víctimas.

El PP, mientras, se solidariza por un lado en sus estatutos con las víctimas de cualquier violencia pero gobierna ayuntamientos que no sólo mantienen símbolos franquistas sino que incluso “obstaculizan” iniciativas de homenaje o funerales de víctimas exhumadas e identificadas, denuncia.

Emilio Silva cree que durante la dictadura se construyó una oligarquía que mantiene todavía “mucho poder”, personas que “blanquearon” su biografía y su fortuna y “ahora son los que más utilizan la palabra ‘demócratas'”.

Un poder que se ha demostrado con el caso de Garzón, porque le han tratado “como un cuerpo extraño” de un poder judicial en el que todavía hay una parte que “sigue sublevada”.


75 Años después, la Guerra Civil española despierta aún el debate en España

La Guerra Civil española (1936-1939), la mayor tragedia del país en el siglo XX de cuyo detonante se cumplen 75 años, sigue despertando debate en la España actual que la mira, no obstante, con distanciamiento.

Madrid, 17 jul.- La Guerra Civil española (1936-1939), la mayor tragedia del país en el siglo XX de cuyo detonante se cumplen 75 años, sigue despertando debate en la España actual que la mira, no obstante, con distanciamiento.

La insurrección militar contra el gobierno de II República, que fue el detonante del conflicto armado, comenzó el 17 de julio en la ciudad de Melilla (norte de África), aunque oficialmente se sitúa el 18 de julio, cuando la sublevación se expandió a otros puntos.

El aniversario es recordado hoy por la mayoría de los medios españoles que rememoran aquellos momentos que marcaron la historia reciente de España.

El diario “La Razón” publica una encuesta sobre la opinión de los españoles acerca de la contienda, realizada por la empresa NC Report con 600 entrevistas telefónicas.

Un 46,3 por ciento de los encuestados considera que 75 años después del estallido de la guerra, la sociedad española ya ha superado aquel enfrentamientos, mientras que un 44,8 cree que no y un 8,8 no sabe o no contesta.

Según el diario, lo más significativo de esa igualada cifra es que los que piensan que la sociedad todavía no ha superado el enfrentamiento tienen más de 65 años en un 55,4 por ciento, frente al 34,4 % que tienen entre 18 y 29 años.

El porcentaje es mucho más claro ante la pregunta de si hay que dejar definitivamente atrás la Guerra Civil, a la que un 90,2 por ciento respondió que sí, y solo un 6,7 por ciento dijo no.

La contienda, que costó al menos medio millón de muertos y supuso el exilio para miles de españoles, todavía genera controversia y no solo entre los historiadores.

Una muestra de ello es la polémica surgida a raíz de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada el 31 de octubre de 2007 por el Parlamento, que fija las medidas de reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil y ordena la retirada de los símbolos del franquismo.

La ley fue aprobada con el rechazo del Partido Popular (PP, centroderecha), el principal partido de la oposición en España, que considera que divide a la sociedad y es contraria al espíritu conciliador que guió la Transición a la democracia.

Uno de los puntos más polémico, que ha generado un gran debate, es la apertura de las fosas donde fueron enterradas las personas asesinadas durante la contienda.

El juez Baltasar Garzón, que cobró fama mundial al ordenar en 1998 la detención del ya fallecido exdictador chileno Augusto Pinochet, autorizó la apertura de fosas para exhumar restos de desaparecidos al considerar que se habían cometido delitos contra la Humanidad.

Pero, la decisión de Garzón fue paralizada por la Audiencia Nacional española, que le acusa de prevaricación por ignorar la Ley de Amnistía de 1977, por lo que será juzgado y ha sido suspendido y apartado como magistrado de ese alto tribunal español.

La decisión del juez de abrir las fosas comunes, incluida una en la que se suponía que estaba enterrado el poeta Federico García Lorca, causó una gran polémica política y social entre los partidarios y los detractores que creen que no contribuye a cicatrizar las heridas.

Otro elemento de discordia ligado a la Guerra Civil es el futuro del Valle de los Caídos, el monumento más emblemático del franquismo, situado a unos 50 kilómetros de Madrid, y que fue construido por presos republicanos, cerrado por reformas en la actualidad.

El Gobierno español avanzó el pasado mes de junio que contempla la retirada de los restos de Francisco Franco del enorme mausoleo si la comisión de expertos que estudia su futuro así lo propone.

El Valle de los Caídos comenzó a edificarse en 1940 y en su construcción trabajaron miles de prisioneros republicanos, junto con obreros y presos comunes.

Allí reposan los restos mortales de 33.846 combatientes de ambos bandos, junto a los de Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española.

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, dijo hoy a Efe que las víctimas del franquismo están siendo “maltratadas” por el Estado, cuando debería ser el primero en cuidar su memoria y ayudar a los familiares.

En el 75 aniversario del levantamiento militar que originó la Guerra Civil, Silva opinó que “el pasado pesa enormemente sobre la política española” y ve “triste” que después de tantos años el Estado no haya resuelto aún muchos problemas y que, en democracia, queden fosas comunes y ningún presidente del Gobierno haya celebrado un acto público de homenaje a las víctimas.

(Agencia EFE)
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18 julio, 2011 Posted by | #15M, #DEMOCRACIAREALYA, ARTÍCULOS de OPINIÓN, DENUNCIA, derecha | , , , | Deja un comentario

La ONU aprueba que se juzgue a Gadafi por crímenes contra la humanidad

La ONU aprueba que se juzgue a Gadafi por crímenes contra la humanidad

El Consejo de Seguridad del organismo suscribe por unanimidad un paquete de sanciones a Libia que incluye las restricciones de viaje, la congelación de activos al régimen y referir el caso al Tribunal Penal Internacional de La Haya

ANTONIO CAÑO | Washington 27/02/2011

  • El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado esta madrugada (hora española) un duro paquete de sanciones contra el régimen libio.

La medida fue acordada por unanimidad, incluida China, que hizo retrasar la votación esperando las instrucciones de su Gobierno.

Entre las restricciones al régimen de Gadafi están la congelación de los activos y la prohibición de viajar al clan del dictador y el embargo de armas.

La resolución adoptada por los quince miembros del máximo organismo de la ONU autoriza también a que el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, abra una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen libio, y trasladar el caso al Tribunal de La Haya para juzgarlo por crimenes de guerra.

  • Movidas por un nuevo sentido de urgencia, las principales potencias aceleraron ayer sus gestiones para conseguir la aprobación inmediata en elConsejo de Seguridad de la ONU de un paquete de medidas de castigo para poner en evidencia el aislamiento de Muamar Gadafi y su riesgo de enfrentarse en un futuro a la justicia internacional.

Una iniciativa que, aun siendo muy valiosa en el plano moral, poco puede hacer para detener instantáneamente la brutal represión desatada contra la población que se ha levantado contra el régimen.

Después de diez días de discusiones improductivas desde que empezara esa represión, los líderes internacionales habían sido acusados de cierta indiferencia hacia los sucesos en Libia.

El presidente Barack Obama fue criticado por su pasividad ante una crisis a la que se ha referido en público solo en una ocasión.

Un editorial de The Washington Post advirtió de que “aunque la Casa Blanca parece haber decidido que Francia y otros lleven la iniciativa, lo cierto es que mientras el presidente de Estados Unidos se mantenga pasivo la ayuda que los libios están reclamando no llegará”.

Bajo esa presión, la Casa Blanca anunció el viernes algunas sanciones unilaterales contra el entorno de Gadafi y prometió incrementar sus esfuerzos para aprobar una resolución en la ONU. Horas más tarde, Obama firmó una orden presidencial que prohíbe la retirada o transferencia desde bancos norteamericanos de dinero perteneciente a Gadafi, su familia o miembros de su Gobierno.

En el texto que acompaña a esa orden, Obama acusa a Gadafi de estar utilizando “medidas extremas contra el pueblo de Libia, incluido armas de guerra, mercenarios y violencia indiscriminada contra civiles desarmados”. “El Gobierno de Gadafi tiene que responder por esos actos”, añadía el comunicado.

Casi simultáneamente a la publicación de esa orden, Francia y el Reino Unido introdujeron en el Consejo de Seguridad el borrador de la propuesta de resolución aprobada esta madrugada, que definía ya la represión ejercida por Gadafi como “crímenes contra la humanidad” que “merecen ser juzgados por el Tribunal Internacional de La Haya”.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se dirigió personalmente el viernes por la noche a los miembros del Consejo para describirles la tragedia que se vive en Trípoli y pedirles que aceleraran sus gestiones.

Los 15 integrantes del máximo órgano ejecutivo decidieron reanudar sus sesiones a puerta cerrada este sábado y, finalmente, a las dos y media de la madrugada (hora peninsular española), la resolución fue aprobada por unanimidad.

El borrador que estaba siendo sometido a discusión, fue pactado entre Francia, el Reino Unido y Estados Unidos en conversaciones telefónicas entre sus máximos gobernantes, finalmente se ha abierto paso entre algunas dificultades.

Los otros dos miembros del Consejo con derecho de veto, China y Rusia, siempre tan reacios cuando se trata de aprobar la implicación internacional en los asuntos internos de un país, cedieron en sus objeciones.

Líbano y Turquía, que también plantearon dudas sobre la forma de actuar en Libia, también han respaldado la resolución.

Estos dos países no tienen capacidad de impedir su aprobación, pero hubiese sido un serio inconveniente sacarla adelante con la oposición del único país árabe y los dos musulmanes representados en el Consejo.

La resolución significa un fuerte respaldo moral para las miles de personas que se juegan la vida en estos momentos en las calles de Libia pero poco puede servir para protegerles eficazmente.

Libia ha sido ya varias veces objeto de sanciones económicas de parte de Estados Unidos y de otros países occidentales sin que el régimen de Gadafi se debilitara lo más mínimo.

En esta ocasión, además, la aprobación de sanciones representa para Gadafi la prueba de que está solo y de que su destino es el de una prisión en La Haya, lo que podría empujarlo hacia una posición aún más extrema y combatir hasta la muerte.

Con todas sus limitaciones, esta resolución es todo lo que la comunidad internacional pude hacer en estos momentos.

Los siguientes pasos exigirían acciones militares, algo a lo que no parecen dispuestos los miembros de la OTAN ni están reclamando los insurgentes libios por el temor a deslegitimar su movimiento, hasta ahora cívico y nacional.

27 febrero, 2011 Posted by | libia | , , | Deja un comentario

El nuevo partido, SORTU, rechazará la violencia de ETA

Asegura que “no estamos ante un regate en corto a la normativa legal”, sino ante “un paso determinante y de no retorno”

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

El representante de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria ha asegurado que el nuevo partido que se registrará próximamente ante el Ministerio del Interior incluirá en sus estatutos el “rechazo y oposición” al uso de “la violencia, o a la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos”, incluida “la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones”.

Además, ha garantizado que su apuesta por las vías “exclusivamnente políticas y democráticas” no constituye “un regate en corto a la normativa legal” sino “un paso determinante y de no retorno”.

Durante la presentación de los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale, Etxeberria ha “desbrozado los sustentos y compromisos” que “definen el nuevo proyecto político y organizativo” que próximamente se presentará en Madrid, de forma oficial.

Según ha explicado, la izquierda abertzale ha pretendido, con la puesta en escena en el palacio de Euskalduna, además de “evitar interpretaciones distorsionadas, concitar el apoyo a una legalización necesaria, fundamental para avanzar de forma irreversible hacia una paz y normalización política progresiva, como antesala indispensable de cualquier diálogo y negociación entre todas las fuerzas políticas” vascas.

“La izquierda abertzale va a plantear la legalización de un nuevo proyecto político y organizativo asumiendo en todos sus contenidos   los requisitos que se establecen en la Ley de Partidos”, ha puntualizado.

Por ello, en sus Estatutos que registrará el miércoles, “rechaza y se opone al uso de la violencia, o a la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos”. “Y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones”, ha indicado.

Etxebarria ha llamado la atención sobre el hecho de que “de forma explícita”, el nuevo modelo político de la izquierda abertzale “ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma”.

“En consecuencia –agrega– rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos”.

Este “rechazo explícito de la violencia”, que se suma a la “no connivencia de ninguna naturaleza con la mismas” son, según ha dicho, “consecuencias directas de su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas”. “Y así quedará reflejado en los estatutos de la nueva formación”, ha apuntado.

También se remarcará “la total autonomía y soberanía” del nuevo partido “defendiendo el funcionamiento democrático de sus estructuras y rechazando cualquier tipo de subordinación y/o dependencias”.

“NO HAY ESCAPISMOS LITERARIOS”

Además, ha garantizado que “en esa apuesta y compromiso no hay escapismos literarios, sino un paso determinante, coherente y de no retorno, con la trayectoria abierta con las resoluciones recogidas en el documento ‘Zutik Euskal Herria'”.

Etxebarria ha asegurado que su pretensión es decir “con claridad”  que la demanda de legalización de la izquierda abertzale está ligada a “un punto de inflexión político, al firme compromiso de alcanzar un escenario de paz y soluciones democráticas”.

En este punto, ha apuntado que la izquierda abertzale cumplirá la Ley, pese a que la denuncian porque está “instrumentalizada” por “intereses netamente políticos”.

“REFLEXION AUTONOMA Y SOBERANA” DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Según sus palabras, la decisión de “cumplimentar los requisitos legales” es el “resultante” de un reflexión “autónoma y soberana”,  de la izquierda abertzale. “No estamos ante un regate en corto a la normativa legal, sino ante un paso coherente con nuestras convicciones y compromisos por construir un escenario de paz”, ha garantizado.

Este “paso”, según el representante de la antigua Batasuna, pretende “sin condicionamientos de ninguna naturaleza”, depositar los “cambios políticos y sociales” en la “voluntad democrática de la ciudadanía”, actitud que también ha exigido al Gobierno de España.

Etxeberria ha aludido a la reflexión llevada a cabo en los últimos años en el seno de la izquierda abertzale, que les ha llevado a analizar “muchas cosas”, entre ellas, “la necesidad de un escenario de no violencia y democracia”.

“Una reflexión con muchos activos y pasivos, retrospectiva, que todos los agentes políticos deberían realizar en profundidad para ofrecer soluciones pacíficas y democráticas a una sociedad atravesada por la violencia y múltiples vulneraciones de derechos individuales y colectivos”, ha señalado.

Esa “reflexión” ha marcado, según sus palabras, “un antes y un después” en la trayectoria de la izquierda abertzale. Como consecuencia, ha extraído tres grandes conclusiones, y, como “eje determinante” ha situado la primera, la de la “apuesta por proceso democrático que cierre un ciclo de confrontación violenta, adoptando una posición clara y firme por la vías exclusivamente políticas y democráticas”.

Esta apuesta, estaría pivotada en la exigencia de “un escenario de no violencia con garantías, y de normalización política progresiva, como condiciones para cualquier diálogo y negociación política”. “No hay proceso de diálogo sin un escenario de ausencia de violencia, con garantías, y el restablecimiento de mínimos democráticos”, ha explicado.

También reclama la asunción de los principios Mitchell en el marco del diálogo político “como consecuencia de lo anterior”, y la asunción de que “la única garantía y tutelaje del diálogo político recae en la propias sociedad vasca y sus agentes políticos, sociales y sindicales”.

RECLAMA PROCESO DE DIALOGO Y NEGOCIACION

Por otro lado, reclama el impulso a un proceso de “diálogo, negociación y acuerdo” que integre a “todas las culturas políticas posibilitando un marco democrático en el que todos los proyectos políticos sean posibles”. El objetivo de ese proceso será por tanto, en sus palabras “más democracia y respeto a todos los derechos”.

En segundo lugar, la izquierda abertzale cree que se debe cambiar la cultura política “en el ámbito soberanista, progresista e independentista” mediante el impulso de “la convergencia, acumulación de fuerzas como instrumentos para influir en el cambio político y social”.

“Hemos sido y somos independentistas, socialistas, creemos en la nación vasca y su legítimo derecho a decidir su futuro, creemos en otro modelo socioeconómico, y todo ello lo tenemos que trabajar con otros sectores políticos sindicales y sociales, generando mayorías democráticas que vayan modificando posiciones institucionales y sociales”, ha añadido. Se trataría de “una política de alianzas amplia y eficaz” para hacer efectivo “el cambio político en la senda independentista”.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Por último, afirmó que se pretende impulsar “un nuevo proyecto político y organizativo” que marque “un punto de inflexión y superación de modelos anteriores”. “Estamos ante un debate y resoluciones que marcan un punto de inflexión de consecuencias directas en los principios que la nueva formación sitúa en sus estatutos para reclamar su legalidad”, ha insistido.

Etxeberria ha anunciado, en este punto, que la izquierda abertzale ha resuelto desarrollar su proyecto político “por vías exclusivamente  políticas y democráticas”, con un compromiso “firme e inequívoco”, y no está “sujeto a variables tácticas o factores coyunturales”. “En eso –ha garantizado– no hay marcha atrás posible”.

Por último, ha indicado que la izquierda abertzale, “desea la reafirmación de su objetivos independentistas y socialistas, en su apuesta por un cambio político y social”. Por último, ha demandado “la legalización del nuevo proyecto político y organizativo”.

El nuevo partido rechazará la violencia de ETA

Asegura que “no estamos ante un regate en corto a la normativa legal”, sino ante “un paso determinante y de no retorno”

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

El representante de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria ha asegurado que el nuevo partido que se registrará próximamente ante el Ministerio del Interior incluirá en sus estatutos el “rechazo y oposición” al uso de “la violencia, o a la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos”, incluida “la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones”. Además, ha garantizado que su apuesta por las vías “exclusivamnente políticas y democráticas” no constituye “un regate en corto a la normativa legal” sino “un paso determinante y de no retorno”.

Durante la presentación de los estatutos del nuevo partido de la izquierda abertzale, Etxeberria ha “desbrozado los sustentos y compromisos” que “definen el nuevo proyecto político y organizativo” que próximamente se presentará en Madrid, de forma oficial.

Según ha explicado, la izquierda abertzale ha pretendido, con la puesta en escena en el palacio de Euskalduna, además de “evitar interpretaciones distorsionadas, concitar el apoyo a una legalización necesaria, fundamental para avanzar de forma irreversible hacia una paz y normalización política progresiva, como antesala indispensable de cualquier diálogo y negociación entre todas las fuerzas políticas” vascas.

“La izquierda abertzale va a plantear la legalización de un nuevo proyecto político y organizativo asumiendo en todos sus contenidos   los requisitos que se establecen en la Ley de Partidos”, ha puntualizado.

Por ello, en sus Estatutos que registrará el miércoles, “rechaza y se opone al uso de la violencia, o a la amenaza de su utilización, para el logro de objetivos políticos”. “Y eso incluye la violencia de ETA, si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones”, ha indicado.

Etxebarria ha llamado la atención sobre el hecho de que “de forma explícita”, el nuevo modelo político de la izquierda abertzale “ni justifica ni ampara el uso de la violencia, cualquiera que sea el origen o naturaleza de la misma”.

“En consecuencia –agrega– rechaza el uso de cualquier tipo de violencia, coacción o connivencia política u organizativa con organizaciones que la utilicen para obtener fines u objetivos políticos”.

Este “rechazo explícito de la violencia”, que se suma a la “no connivencia de ninguna naturaleza con la mismas” son, según ha dicho, “consecuencias directas de su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas”. “Y así quedará reflejado en los estatutos de la nueva formación”, ha apuntado.

También se remarcará “la total autonomía y soberanía” del nuevo partido “defendiendo el funcionamiento democrático de sus estructuras y rechazando cualquier tipo de subordinación y/o dependencias”.

“NO HAY ESCAPISMOS LITERARIOS”

Además, ha garantizado que “en esa apuesta y compromiso no hay escapismos literarios, sino un paso determinante, coherente y de no retorno, con la trayectoria abierta con las resoluciones recogidas en el documento ‘Zutik Euskal Herria'”.

Etxebarria ha asegurado que su pretensión es decir “con claridad”  que la demanda de legalización de la izquierda abertzale está ligada a “un punto de inflexión político, al firme compromiso de alcanzar un escenario de paz y soluciones democráticas”.

En este punto, ha apuntado que la izquierda abertzale cumplirá la Ley, pese a que la denuncian porque está “instrumentalizada” por “intereses netamente políticos”.

“REFLEXION AUTONOMA Y SOBERANA” DE LA IZQUIERDA ABERTZALE

Según sus palabras, la decisión de “cumplimentar los requisitos legales” es el “resultante” de un reflexión “autónoma y soberana”,  de la izquierda abertzale. “No estamos ante un regate en corto a la normativa legal, sino ante un paso coherente con nuestras convicciones y compromisos por construir un escenario de paz”, ha garantizado.

Este “paso”, según el representante de la antigua Batasuna, pretende “sin condicionamientos de ninguna naturaleza”, depositar los “cambios políticos y sociales” en la “voluntad democrática de la ciudadanía”, actitud que también ha exigido al Gobierno de España.

Etxeberria ha aludido a la reflexión llevada a cabo en los últimos años en el seno de la izquierda abertzale, que les ha llevado a analizar “muchas cosas”, entre ellas, “la necesidad de un escenario de no violencia y democracia”.

“Una reflexión con muchos activos y pasivos, retrospectiva, que todos los agentes políticos deberían realizar en profundidad para ofrecer soluciones pacíficas y democráticas a una sociedad atravesada por la violencia y múltiples vulneraciones de derechos individuales y colectivos”, ha señalado.

Esa “reflexión” ha marcado, según sus palabras, “un antes y un después” en la trayectoria de la izquierda abertzale. Como consecuencia, ha extraído tres grandes conclusiones, y, como “eje determinante” ha situado la primera, la de la “apuesta por proceso democrático que cierre un ciclo de confrontación violenta, adoptando una posición clara y firme por la vías exclusivamente políticas y democráticas”.

Esta apuesta, estaría pivotada en la exigencia de “un escenario de no violencia con garantías, y de normalización política progresiva, como condiciones para cualquier diálogo y negociación política”. “No hay proceso de diálogo sin un escenario de ausencia de violencia, con garantías, y el restablecimiento de mínimos democráticos”, ha explicado.

También reclama la asunción de los principios Mitchell en el marco del diálogo político “como consecuencia de lo anterior”, y la asunción de que “la única garantía y tutelaje del diálogo político recae en la propias sociedad vasca y sus agentes políticos, sociales y sindicales”.

RECLAMA PROCESO DE DIALOGO Y NEGOCIACION

Por otro lado, reclama el impulso a un proceso de “diálogo, negociación y acuerdo” que integre a “todas las culturas políticas posibilitando un marco democrático en el que todos los proyectos políticos sean posibles”. El objetivo de ese proceso será por tanto, en sus palabras “más democracia y respeto a todos los derechos”.

En segundo lugar, la izquierda abertzale cree que se debe cambiar la cultura política “en el ámbito soberanista, progresista e independentista” mediante el impulso de “la convergencia, acumulación de fuerzas como instrumentos para influir en el cambio político y social”.

“Hemos sido y somos independentistas, socialistas, creemos en la nación vasca y su legítimo derecho a decidir su futuro, creemos en otro modelo socioeconómico, y todo ello lo tenemos que trabajar con otros sectores políticos sindicales y sociales, generando mayorías democráticas que vayan modificando posiciones institucionales y sociales”, ha añadido. Se trataría de “una política de alianzas amplia y eficaz” para hacer efectivo “el cambio político en la senda independentista”.

PUNTO DE INFLEXIÓN

Por último, afirmó que se pretende impulsar “un nuevo proyecto político y organizativo” que marque “un punto de inflexión y superación de modelos anteriores”. “Estamos ante un debate y resoluciones que marcan un punto de inflexión de consecuencias directas en los principios que la nueva formación sitúa en sus estatutos para reclamar su legalidad”, ha insistido.

Etxeberria ha anunciado, en este punto, que la izquierda abertzale ha resuelto desarrollar su proyecto político “por vías exclusivamente  políticas y democráticas”, con un compromiso “firme e inequívoco”, y no está “sujeto a variables tácticas o factores coyunturales”. “En eso –ha garantizado– no hay marcha atrás posible”.

Por último, ha indicado que la izquierda abertzale, “desea la reafirmación de su objetivos independentistas y socialistas, en su apuesta por un cambio político y social”. Por último, ha demandado “la legalización del nuevo proyecto político y organizativo”

 

El partido de la izquierda abertzale se denominará ‘Sortu’

Los estatutos recogen el compromiso de contribuir al “reconocimiento y reparación de las víctimas” de las múltiples violencias en Euskadi

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El nombre del partido que la izquierda abertzale dará a conocer este martes en Bilbao, cuyos estatus presentará el miércoles en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en Madrid, será ‘Sortu’ (Crecer), según adelanta el diario ‘Gara’.

Este acto de presentación del partido se producirá después de que este lunes el representante de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin hayan dado a conocer en el Palacio Euskalduna de Bilbao el contenido de los estatutos de la nueva formación.

El proyecto político, según han adelantado este lunes Etxeberria e Iruin, rechaza “abiertamente y sin ambages” a ETA y no se convertirá en “una organización vicarial” de la banda. Según se recoge en los estatutos de la nueva formación, adelantados por ‘Gara’ y recogidos por Europa Press, “el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que, abiertamente y sin ambages, incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas”.

En las bases fundacionales de esta nueva formación también se cita un compromiso expreso para contribuir “a la definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular, la de la organización ETA”. Asimismo, se recoge que el partido rechaza “las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo, tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos”, y su incumplimiento será motivo de expulsión de cualquier militante.

RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Los estatutos de esta nueva formación incluyen también el compromiso del partido para contribuir “a la superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca” y al “reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas”.

Igulamente, tras los sucesivos intentos de la izquierda abertzale de estar presente en las elecciones bajo diferentes siglas que posteriormente han sido ilegalizadas, el texto subraya que “la configuración estructural y funcional del nuevo partido está orientada a impedir la realización de actividades que lo conviertan en instrumento de continuación o sustitución orgánica o funcional de los partidos políticos ilegalizados y disueltos en virtud de las sentencias de la Sala Especial del Artículo 61 L.O.P.J. del TS”.

En este sentido, ‘Sortu’ nace igualmente con el objetivo, según dice en sus estatutos, de romper “con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquéllos daban lugar”. “Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella”, aclara en el texto.

También lanza un compromiso político para promover y defender “un modelo de sociedad acorde y coherente con el concepto de ‘sociedad democrática’ definido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

 

Mas saluda el nuevo partido abertzale

porque ve indicios de que rompe con ETA

pero recuerda que ahora deciden los jueces

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) –

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha dado este lunes la “bienvenida” a la “iniciativa democrática” que supone la presentación de un nuevo partido abertzale y ha visto en él “indicios” de que la izquierda abertzale está por “romper claramente” con la violencia de ETA, aunque ha querido ser prudente y se ha remitido a lo que decidan los jueces sobre la nueva formación.

En rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras su primera reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Mas ha reconocido no tener “información al detalle” y ha recordado que serán los jueces los que decidan si el partido puede presentarse a las municipales y forales del 22-M, pero ha calificado de “francamente optimistas” las “imágenes” que llegan desde el País Vasco.

El líder de CiU ha justificado este optismismo en que, mientras hasta ahora “había muchas dudas” sobre si el nuevo partido abertzale “rompía claramente o no con la violencia de ETA”, los estatutos que se han presentado este lunes “claramente van en la línea de enterrar la historia y de apostar por un futuro sin violencia y con condena de cualquier acción terrorista, incluida la de ETA”.

Para Mas, hay indicios, “por primera vez de una forma clara y nítida”, de que la izquierda abertzale puede estar marcando “un antes y un después” en la línea de “romper claramente con esa posición de violencia terrorista”, algo que no es “ninguna tontería” ni una decisión “accidental”, sino que “tiene profundidad”. Por eso, ha apostado por esperar “a ver cómo se desarrolla” y lo que deciden los jueces.

“Bienvenida sea esa inciativa democrática, porque todas las ideas se pueden defender en democracia, incluso las más arriesgadas, las que menos se comprendan, pero en un marco de democracia y de pacificación y de no violencia. Va claramente en la senda positiva”, ha remachado.

 

 

8 febrero, 2011 Posted by | NACIONAL, NOTICIAS | , , , , , , , , | Deja un comentario