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Lara apoya legalizar el cannabis y no multar el consumo de drogas

Lara apoya legalizar el cannabis y no multar el consumo de drogas

Asegura que con el billón de euros del fondo de rescate se podrían crear 75 millones de empleos

JUANMA ROMERO Getafe (Madrid) 27/10/2011

Cayo Lara, ayer en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, durante su charla con los estudiantes. A su lado, los presentadores del coloquio, Pedro Chaves y Marga Ferré.

Cayo Lara, ayer en el Aula Magna del Rectorado de la Universidad Carlos III de Madrid, en Getafe, durante su charla con los estudiantes. A su lado, los presentadores del coloquio, Pedro Chaves y Marga Ferré.REYES SEDANO

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Las drogas no han ocupado apenas espacio en los debates programáticos de Izquierda Unida, ni han sido llevadas a primera línea por la dirección federal. Pero ayer salieron a flote. Suscitó el debate uno de los estudiantes que llenaron el Aula Magna de la Universidad Carlos III de Madrid.

Le dirigió la pregunta alprotagonista del coloquioCayo Lara: “¿Cuál es la postura de IU respecto a la legalización de las drogas?”. “Legalización de la marihuana y despenalización del consumo. Es un paso previo importante hacia lo que algunos pensamos”, replicó el candidato.

Hoy en España se considera delito el tráfico y menudeo de estupefacientes, pero estádespenalizado el consumo y la tenencia para uso propio.

Consumir en la calle sí lleva aparejada una sanción administrativa que, como confirmaban ayer fuentes del Plan Nacional sobre Drogas, asciende a 300 eurosMarga Ferré, secretaria de Programa de IU, detalló a Público qué pretende la federación: para el caso del cannabis, implantar un sistema similar al de Holanda –donde se fuma y vende marihuana en los coffee shops– e impedir que todo consumo de drogas acarree la imposición de una multa.

La propuesta figurará finalmente en el programa para el 20-N, que se divulgará y colgará en la página web de IU los próximos días.

La federación, sin embargo, no hace sino andar sobre sus pasos: ya figuraba en el anterior programa electoral, de 2008, sólo que entonces se ligaba a los temas de salud pública.

Garantizar por ley que las comunidades no privaticen servicios públicos

La charla del coordinador y candidato de ayer en Getafe, como la que mantuvo el domingo con jóvenes de IU, estuvo dominada por la crisis, por la insistencia en una salida social a la recesión. Lara tomó como último ejemplo el fondo de rescate del euro, que aún se discutía anoche y que podría alcanzar el billón de euros.

“¿Sabéis cuántos empleos se podrían crear con esa cantidad de dinero? –inquirió al auditorio–. ¡75 millones de puestos de trabajo, cuando en los 27 países de la UE hay casi 23 millones de parados!”. Lara volvió a condenar a los “gobiernos títeres que están al toque de corneta de lo que dicen los mercados”, los que en realidad “mecen la cuna”.

Los recortes sociales entraron en la agenda de la jornada. Lara no receta devolver competencias al Estado en sanidad o educación, como sugería una estudiante, sino, en todo caso, “garantizar por una ley estatal” que “ninguna comunidad pueda privatizar servicios públicos”.

Ley Electoral, 15-M, “conquista” de la democracia… Y hasta el cambio en la forma de gobierno del Estado. “La monarquía es una antigualla. Y yo apostaré por la República todos los días de mi vida”, prometió Lara.

FUENTE PUBLICO

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27 octubre, 2011 Posted by | izquierda unida | , , , , , , | Deja un comentario

La nueva era prometida en Afganistán sólo ha traído un sistema político corrupto que favorece a los criminales y el tráfico de drogas

Informe anual de Afghanistan Rights Monitor (2010)
La nueva era prometida en Afganistán sólo ha traído un sistema político corrupto que favorece a los criminales y el tráfico de drogas
Afghanistan Rights Monitor

[Estos días se habla de una posible intervención militar de Estados Unidos y de la OTAN en Libia, supuestamente con ánimo de evitar un baño de sangre entre la población por parte de las tropas de Gadafi. En este contexto conviene recordar la experiencia de otras invasiones protagonizadas por dichas fuerzas contra gobiernos dictatoriales y con el propósito aparente de instaurar regímenes democráticos. Reproducimos a continuación extractos de un informe de Afghanistan Rights Monitor sobre las víctimas civiles de la guerra en Afganistán. El informe completo en inglés puede leerse en la página web de ARM: http://www.arm.org.af/]

Una guerra larga, costosa y letal

Para muchos estadounidenses y europeos, la guerra en Afganistán comenzó en octubre de 2001, cuando las fuerzas de la Coalición atacaron al régimen brutal de los talibán, que había dado cobijo y apoyo a los terroristas internacionales impulsores de los atentados del 11 de Septiembre en Estados Unidos de América. La tiranía de los talibán fue derrotada en pocas semanas y entonces se prometió una nueva era de paz a los pueblos afganos cansados de tanta guerra.

Más de nueve años después, los talibán matan y destruyen cada vez más abiertamente en su intento de recuperar el poder. Frente a ellos luchan decenas de miles de soldados de EE UU, la OTAN y el gobierno afgano, que bombardean y disparan sobre todo lo que huele a talibán y a otros grupos armados de oposición. Y entre dos fuegos se hallan los millones de civiles y afganos no combatientes que son asesinados, torturados, acosados y forzados a dejar sus hogares por quienes les tachan de partidarios del gobierno y de los invasores extranjeros o por quienes les acusan de ser ”terroristas”, insurgentes o directamente talibán.

La nueva era prometida en Afganistán –el Plan Marshal de reconstrucción, desarrollo y democratización– ha traído en realidad un sistema político corrupto e inepto que favorece y refuerza a los señores de la guerra, los criminales, los traficantes de drogas y los políticos corruptos. Creemos que tendrá que ocurrir un milagro para ganar esta guerra y restablecer una paz viable en Afganistán bajo la dirección del gobierno afgano que detenta el poder. El país no cumple los requisitos básicos para una paz sostenible –un gobierno legítimo, competente e independiente– y está además enredado en complejas rivalidades regionales.

Cuando la guerra cumplió su noveno año, algunos expertos estadounidenses empezaron a quejarse de su larga duración y su coste económico. Utilizando los medios militares aéreos y terrestres y de espionaje más sofisticados de todos los tiempos para “derrotar, eliminar y quebrar” a sus enemigos, la única superpotencia del mundo parece fatigada y exhausta en la llamada “guerra contra el terrorismo”. Cuando los bandos combatientes se sienten cansados de utilizar su maquinaria bélica durante una década, ¿qué sentirá la población, que se halla en el centro de una guerra sin cuartel desde hace más de tres décadas? Porque en realidad la guerra de Afganistán comenzó en 1979 y desde el primer día EE UU y sus aliados han estado involucrados en ella de una manera u otra. Washington ha lidiado sendas guerras brutales contra dos ideologías opuestas en Afganistán: el socialismo y el terrorismo.

A lo largo de los últimos nueve años, EE UU ha gastado más de 3,751 billones de dólares en eliminar a una fuerza talibán que según cálculos de la época estaba formada por un total de tres a cinco mil hombres. Otros países miembros de la OTAN que han enviado tropas a Afganistán para apoyar la lucha contra los talibán han gastado más de 70.000 millones. Esto significa que EE UU y la OTAN han desembolsado entre 89 y 148 millones de dólares por cada combatiente enemigo.

EEUU y la OTAN han matado y capturado de hecho, en los últimos nueve años, a más de los 5.000 combatientes enemigos que se había calculado en un principio, pero paradójicamente la guerra se ha intensificado y extendido a casi todas las regiones del país. Asimismo, miles de soldados afganos y extranjeros han perdido la vida en la guerra, por no hablar de los lisiados y mutilados.

Víctimas civiles de la guerra

La guerra ha sido especialmente devastadora entre la población civil afgana. Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 hubo por lo menos 5.691 víctimas civiles (2.421 muertos y 3.270 heridos). En la primera mitad de 2010, ARM contó 2.574 víctimas civiles (1.074 muertos y 1.500 heridos), de las que 661 muertes se atribuyeron a los grupos armados de oposición; 210 muertes se achacaron a las fuerzas de EE UU y la OTAN, más de 150 muertes a las fuerzas armadas del gobierno afgano, las milicias y las empresas de seguridad privadas. Veintisiete muertes no pudieron atribuirse a ningún grupo identificado.

En el segundo semestre del año, ARM contabilizó 3.117 víctimas civiles (1.347 muertos y 1.770 heridos).

Se acusó a los grupos armados de oposición de ser responsables del 63 % del total de muertos civiles en el conjunto del año (1.531) y del 70 % de los heridos (2.288); las fuerzas de EE UU y de la OTAN fueron responsables del 21 % de las muertes de civiles (512) y del 20 % de los heridos (655); las fuerzas armadas del gobierno afgano (policía, ejército y milicias) fueron acusadas del 12 % de las muertes de civiles (278) y del 7 % de los heridos (278); y alrededor del 4 % de las muertes de civiles (100) y el 3 % de los heridos (88) no pudieron atribuirse a ningún grupo armado identificable y por tanto figuran bajo el epígrafe de “autoría desconocida” en el informe.

Los atentados con bomba, los atentados suicidas, las incursiones aéreas y los asesinatos selectivos constituyen los métodos de combate más letales que se cobraron más vidas de personas no combatientes.

Los atentados con bombas ocultas se achacan sobre todo a los grupos armados de oposición, particularmente en zonas urbanas y residenciales, causando numerosas víctimas entre la población. Por lo menos 693 civiles murieron y más de 1.800 resultaron heridos en 2010 en este tipo de atentados.

Los atentados suicidas, que también practican casi exclusivamente los grupos armados de oposición, segaron la vida de 237 civiles, hirieron a centenares y causaron otros daños injustificados en comunidades no combatientes. Además, los grupos armados de oposición son conocidos por los numerosos asesinatos de funcionarios civiles del gobierno, jefes tribales y otras personas no armadas de las que ellos sospechan que son favorables al gobierno. Más de 400 personas de esta categoría fueron asesinadas el año pasado.

En 2010, las tropas de EE UU y la OTAN en Afganistán engrosaron sus filas hasta niveles nunca alcanzados en todos estos años (más de 140.000 soldados) y lanzaron importantes operaciones militares en distintas partes del país. Sus mandos afirman que el año pasado mataron a miles de combatientes enemigos. Sin embargo, en varios casos se ha constatado que simplemente calificaron a víctimas no combatientes de “presuntos insurgentes”“presuntos talibán” a fin de justificar ataques preventivos por tierra y aire.

A lo largo de 2010, diversas comisiones de investigación nombradas por el presidente Hamid Karzai para investigar incidentes con víctimas civiles causadas en operaciones militares de las fuerzas de EE UU y la OTAN desmintieron en repetidas ocasiones la versión del mando de dichas fuerzas. Habitantes de las zonas afectadas por el conflicto también rechazaron con firmeza las declaraciones de los militares de EE UU y de la OTAN sobre la muerte de “presuntos insurgentes” en varios casos. Las informaciones obtenidas por ARM indican asimismo que al menos 217 civiles murieron a raíz de incursiones aéreas de las fuerzas de EE UU y la OTAN y 192 perdieron la vida por disparos directos o indirectos realizados por dichas fuerzas.

Las fuerzas de seguridad del gobierno afgano intervinieron conjunta o separadamente en un número creciente de operaciones de combate en el marco del programa de instrucción y entrenamiento llevado a cabo por EE UU y la OTAN de cara a la formación de la Policía Nacional y del Ejército Nacional afganos. El incremento de las actividades militares hizo que creciera el número de víctimas civiles atribuidas a las fuerzas gubernamentales. Junto con otros grupos armados locales aliados del gobierno, las fuerzas gubernamentales fueron acusadas de haber matado a 278 y herido a más de 239 civiles.

Milicias irregulares

EE UU obligó al gobierno afgano a aceptar la ejecución de proyectos de seguridad controvertidos, en los que se crean milicias armadas irregulares cuyos miembros son reclutados y entrenados para llevar a cabo operaciones antiterroristas y de contrainsurgencia. Las comunidades locales han tachado a estos grupos de criminales y saqueadores y les han acusado de cometer graves violaciones de los derechos humanos.

En suma, 2010 ha sido otro año terrible para muchos civiles afganos, en el que además de los muertos y heridos hubo que lamentar otros muchos daños y sufrimientos causados por la intensificación de los enfrentamientos bélicos. Cuando la guerra entró en su décimo año, las perspectivas de paz y seguridad no son nada prometedoras para la mayoría de los afganos y afganas.

El presidente Hamid Karzai, a quien muchos consideran incompetente, ha encargado a un consejo nombrado por él mismo y dominado por los antiguos jefes de las milicias y supuestos criminales, que explore las posibilidades de reconciliación y de llegar a acuerdos de paz con los talibán y otros grupos armados de oposición. Los jefes talibán han rechazado categóricamente los repetidos llamamientos de Karzai a entablar conversaciones y han tachado al gobierno actual de corrupto, ladrón y títere. Por desgracia, muchos afganos comparten las críticas de los talibán hacia el gobierno de Karzai, particularmente en lo que respecta a la corrupción galopante, la mala administración y la influencia de los señores de la guerra.

Muchos creen que la paz no se logrará en el campo de batalla, sino en todo caso en la esfera política. Sin embargo, pensamos que si esta esfera está carcomida y corrompida, no hay ninguna posibilidad de que se entablen conversaciones significativas para poner fin al derramamiento de sangre y lograr una paz justa y duradera. Más que ninguna otra cosa, la paz exige en Afganistán un proceso durante mucho tiempo denegado de justicia y rendición de cuentas por los crímenes del pasado y del presente; un Estado de derecho en que los ciudadanos se sientan seguros; un gobierno legítimo que no extorsione a la población, sino que le preste servicio de un modo eficiente, y dirigentes fuertes y honestos que no tengan las manos manchadas de sangre inocente.

ARM (Afghanistan Rights Monitor) es una organización independiente de defensa de los derechos humanos con sede en Kabul.

Traducción: VIENTO SUR

Fuente: http://www.vientosur.info/articulosweb/noticia/index.php?x=3684

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8 marzo, 2011 Posted by | afganistan | , , | Deja un comentario