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La iniciativa legislativa popular: una mirada escéptica

La iniciativa legislativa popular: una mirada escéptica

La iniciativa legislativa popular: una mirada escéptica

 
Últimamente se está proponiendo en diversos foros la puesta en marcha de una Iniciativa Legislativa Popular con el fin de modificar la Ley electoral.
 
Una idea que viene circulando desde hace algún tiempo, pero que en las últimas horas ha cobrado fuerza incluso antes de que ¡Democracia Real Ya! anunciase su intención de promoverla.
 
Sin que por lo visto ni los miembros de DRY (o los de las asambleas y grupos que también están dándole vueltas a propuestas idénticas) ni los medios que se han hecho eco de la noticia (con la excepción de los pocos que han pensado en asesorarse) sepan muy bien de qué va la cosa.

La Iniciativa Legislativa Popular es un mecanismo previsto en la Constitución que permite la presentación de propuestas de ley avaladas por las firmas de al menos quinientos mil ciudadanos. Hasta aquí muy bien, ¿verdad?

 
Bueno, no es que sea muy fácil reunir medio millón de firmas, pero parece algo que está al alcance de la mano de los muchos grupos de “indignados”, siempre y cuando se dejen de tonterías y decidan trabajar en común.
 
El problema es que los partidarios de emplear este mecanismo para modificar la Ley Electoral parecen haberse quedado en esa definición escueta, así que no se han dado cuenta de que ese camino no les sirve.

El epígrafe tercero del artículo 87 de la Constitución dice que

Una Ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de Ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de Ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.

Y aquí tenemos el primer obstáculo: el régimen electoral es una de esas materias propias de Ley orgánica, como podemos comprobar si miramos un poco más arriba, en el primer apartado del artículo 81:

Son Leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

Vamos, que la ILP no vale para eso. Sencillamente no sería admitida a trámite.

Lo cual no impide que pueda utilizarse para otros fines no menos importantes, como por ejemplo impulsar reformas legislativas que fomenten la transparencia en la actuación de los organismos públicos y los partidos políticos.

 
Salvo aspectos muy específicos, aquí sí que se podría ejercitar la ILP conforme a su Ley Orgánica de desarrollo. Que es otra de las cosas que, sospecho, no han leído quienes se están planteando esta jugada.

La Ley, para empezar y después de repetir las limitaciones que establece el artículo 87.3 de la Constitución, echa un primer jarro de agua fría explicando en su artículo 3 que

1. La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposiciones de Ley suscritas por las firmas de, al menos 500.000 electores autenticadas en la forma que determina la presente Ley.
2. El escrito de presentación deberá contener:
     a) El texto articulado de la proposición de Ley, precedido de una exposición de motivos.
     b) (Derogado)
     c) La relación de los miembros que componen la Comisión Promotora de la iniciativa, con expresión de los datos personales de todos ellos.

Es decir, que aquí no basta con hacer propuestas más o menos vagas, como (siguiendo con la hipotética modificación del régimen electoral) decir que se propone una

Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo. 

Ni siquiera sirven ideas más concretas (y más ingenuas), como esa que pide que la elección de los parlamentarios se produzca mediante un sistema de circunscripción única y de listas abiertas.
 
¿No se han parado a pensar el tamaño de la papeleta o la imposibilidad práctica de buscar, seleccionar y marcar trescientos cincuenta nombres de entre varios miles de candidatos? Por no recordar, además, que la circunscripción provincial está establecida en la propia Constitución (concretamente en los artículos 68 y 69), por lo que su modificación resultaría aún más complicada.

No: para llevar a cabo una ILP hay que presentar una proposición de Ley en toda regla, con su exposición de motivos y su texto articulado, como veíamos más arriba.

 
Algo que no está al alcance de cualquiera, desde luego, y que requiere unos conocimientos jurídicos considerables.

Presentada la propuesta, la Mesa del Congreso de los Diputados debe estudiar si la admite a trámite, pudiendo alegar diversos motivos para negarse a hacerlo.

 
Y si la propuesta consigue salvar este trámite aún le queda recabar las quinientas mil firmas, en un máximo de nueve meses, bajo la supervisión de la Junta Electoral Central y con suficientes garantías acerca de su autenticidad.

¿Y todo eso para qué? Pues para que, si logra superar toda esa carrera de obstáculos, la propuesta sea incluida en el Orden del Día del Pleno del Congreso de los Diputados.

 
Pleno cuya única obligación es el estudio y la votación de la propuesta: no tiene ninguna obligación de aprobarla, entre otras cosas porque por muy complicado y farragoso que sea el procedimiento, al fin y al cabo quinientas mil firmas no llegan a representar ni el 1,5 % del censo electoral español.

De modo que ¡Democracia Real Ya! y los grupos más sensatos (otros, la verdad, parecen perdidos sin remedio) deberían pensar un poco más sus planes antes de ponerlos en práctica o incluso de hacerlos públicos.

 
Una Iniciativa Legislativa Popular, con sus quinientas mil firmas a cuestas, es algo que suena muy impresionante, pero no lo resulta tanto si no consigue pasar el primer filtro de admisión a trámite por entrar a regular materias para las que no está prevista, y tampoco tiene mucho sentido si, después de todo, lo más que puede esperarse de ella es que obligue a los Diputados a apretar el botón correspondiente a la hora de su votación (y no hay que ser muy listo para adivinar cuál será el botón más apretado).

De hecho, ya puestos sería mucho más sencillo canalizar esos esfuerzos a través de una petición, que tampoco vincula a los organismos públicos pero que al menos les obliga a justificar expresamente los motivos de su rechazo, y que resulta muchísimo más sencilla de elaborar (no requiere texto articulado) y tramitar.

 
Las firmas obtenidas por los impulsores de la propuesta van a ser las mismas, el resultado previsiblemente también, y la repercusión en la opinión pública probablemente sea igual en ambos casos.
 
Salvo que a alguien se le ocurra que, ya puestos, en vez de mandar una petición respaldada por medio millón de firmas resultaría más espectacular (y molesto para los políticos) enviar medio millón de peticiones individuales idénticas. Digo yo, vamos.

31 mayo, 2011 Posted by | #DEMOCRACIAREALYA, REFORMA LEY ELECTORAL | , | Deja un comentario

Democracia Real Ya promoverá una ILP para cambiar la Ley Electoral y una manifestación mundial

Democracia Real Ya promoverá una ILP para cambiar la Ley Electoral y una manifestación mundial

  • Si el Congreso la admite a trámite, tendrían que reunir 500.000 firmas
  • La Cámara, sin embargo, podría rechazarla por ser materia de ley orgánica
  • Preparan también una manifestación “internacional” el 15 de octubre
  • El Movimiento 15M en Madrid acuerda seguir acampados en Sol
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Qué es una ILP

Los ciudadanos pueden promover proposiciones de ley ante del Congreso de los Diputados (art. 87.3 de la Constitución) o sus parlamentos autonómicos a través de las llamadas Iniciativas Legislativas Populares.

Pueden ser promovidas por cualquier ciudadano español mayor de 18 años. El primer paso es presentarla ante la Mesa del Congreso para que sea admitida a trámite. Si es así, comienza la fase de recogida de firmas. Si se trata de una ley estatal son necesarias 500.000.

Hay materias sobre las que no se pueden presentar Iniciativas Legislativas Populares como aquellas que son objeto de leyes orgánicas.

Del medio centenar de ILP que se han promovido en España en las últimas tres décadas, solo nueve han llegado a la fase de las firmas y solo una se aprobó finalmente en el Congreso.

RTVE.es / AGENCIAS – MADRID 30.05.2011Democracia Real Ya (DRY), el colectivo que convocó la manifestación tras la que nació el Movimiento 15-M, trabaja en la elaboración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la Ley Electoral y planea una manifestación “internacional” para el 15 de octubre, mientras las acampadas de “indignados” continúan en la mayoría de las ciudades.

Su objetivo es reformar la ley actual para que los partidos pequeños tengan más representación. Si el Congreso de los Diputados admite a trámite la ILP que presente DRY, sus promotores tendrán entonces por delante la recogida de 500.000 firmas.

El proceso no está exento de dificultades. En democracia, a nivel estatal, se han promovido medio centenar de ILP, pero solo nueve de ellas han conseguido ser admitidas y recoger las firmas necesarias. De todas ellas, solo una ha salido adelante, referente a los morosos en las comunidades de vecinos.

Según ha explicado a rtve.es Joaquín J. Marco Marco, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU Cardenal Herrera, las iniciativas legislativas populares no pueden tratar asuntos que sean materia de ley orgánica y la ley electoral lo es.

Este experto cree que, por este motivo, puede que la ILP no sea ni siquiera admitida a trámite por la Mesa del Congreso, con lo que no llegaría ni a la fase de recogida de firmas.

No obstante, explica que la ley electoral regula aspectos que podrían no ser considerados materia de ley orgánica. Una cosa es el derecho al sufragio, que sí que no podría tocarse, y otra la de la “fórmula electoral”, es decir, cómo se plasman luego los votos en la composición de la cámara.

Marco Marco no cree que sea fácil, pero la Mesa del Congreso podría admitir la ILP si considerara que versa sobre una parte de la ley que no afecta a los derechos fundamentales. Si no la admitiera, los promotores podrían recurrir al Tribunal Constitucional para intentar sacarla adelante.

Otra opción sería que un partido político asumiera la propuesta de Democracia Real Ya, que asumiría un papel de “lobby”, pero este profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera, cree que por la propia naturaleza del Movimiento 15M es una opción que los promotores descartan.

No van a constituirse en partido político

Los portavoces de Democracia Real Ya han dado una rueda de prensa para hacer balance de la repercusión que ha tenido la manifestación que convocaron el pasado 15 de mayo, tras la que varias personas decidieron acampar en Madrid y luego en otras ciudades españolas, creando el denominado Movimiento 15-M.

Los portavoces han incidido en que Democracia Real Ya es un movimiento “político, en el sentido de que quiere influir en política”, pero “apartidista y asindicalista”, que simplemente engloba a ciudadanos que quieren cambiar el sistema actual, y que es diferente al denominado Movimiento 15-M, en el que algunos de los integrantes de DRY participan pero a título individual.

Manifestación “internacional” el 15 de octubre

La plataforma ciudadana ‘Democracia Real Ya’ ha anunciado este lunes que está preparando una manifestación a nivel “internacional” para el próximo 15 de octubre que tendrá como objetivo seguir denunciando, como ya hicieran en las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado 15 de mayo, que los ciudadanos no son mercancía.

En declaraciones a Europa Press Televisión, uno de los portavoces de Democracia Real Ya Jon Aguirre Such ha añadido que se sumarán a la acción promovida para el próximo 15 de junio por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca con la que pretenden frenar el desahucio de una familia residente en el barrio madrileño de Tetuán para mostrar así su indignación con esta práctica.

Además, tras la rueda de prensa en la que Democracia Real Ya ha anunciado estas acciones, Aguirre Such ha remarcado que, como “parte integrante” del Movimiento 15-M, “siempre” han apoyado las acampadas que se mantienen en varias ciudades españolas y ha asegurado que “nunca” formarán un partido político. “Rotundamente no vamos a formar ningún partido nunca”, ha zanjado.

Delegación del Gobierno no actuará

Después de que los acampados en Sol decidieran este domingo seguir acampados, la Delegación del Gobierno de Madrid, ha descartado por el momento llevar a caboninguna acción para desalojar la plaza madrileña aunque sigue analizando la situación y en contacto con otras administraciones.

La Consejería de Interior por su parte también descarta actuar en ese sentido porque “no es competencia regional”.

Los acampados en Sol ya han recogido 250.000 firmas para apoyar su causa.

Cuando la ley emana del pueblo: las iniciativas legislativas populares o el “mito de Sísifo”

  • La prohibición de los toros en Cataluña fue propuesta por 180.000 ciudadanos
  • A nivel estatal sólo ha prosperado una ILP de las 50 desarrolladas en 30 años
  • La legislación española complica que salgan adelante leyes populares
  • Los expertos la comparan con el mito griego para ilustrar el esfuerzo inútil
Ampliar fotoLos detractores de las corridas de toros muestran su alegría tras la prohibición de las corridas en Cataluña.Los detractores de las corridas de toros muestran su alegría tras la prohibición de las corridas en Cataluña.EFE/Toni Garriga

Ampliar fotoPanel de los resultados de la votación de Iniciativa Legislativa Popular a favor de la supresión de los festejos en Cataluña.Panel de los resultados de la votación de Iniciativa Legislativa Popular a favor de la supresión de los festejos en Cataluña.EFE/Marta Pérez

NÚMERO DE FIRMAS

– España. 500.000

– Andalucía. 75.000

– Aragón. 15.000

– Asturias. 10.000

– Baleares. 10.000

– Canarias. 15.000

– Cantabria. 10.000

– Castilla-La Mancha. 20.000

– Castilla y León. 25.000

– Cataluña. 50.000

– Comunidad Valenciana. 50.000

– Extremadura. El 5% del censo

– Galicia. 15.000

– La Rioja. 6.000

– Madrid. 50.000

– Murcia. 10.000

– Navarra. 7.000

– País Vasco. 30.000

ANA MARTÍN PLAZA – MADRID 08.09.2010El pasado 27 de julio Cataluña prohibió las corridas de toros a partir de 2012 en un pleno histórico del Parlament que fue interpretado más como un debate identitario que sobre los derechos de los animales. Elveto a la Fiesta fue posible porque votó en contra de los toros CiU, que sin embargo ha presentado una iniciativa para blindar los correbous, los festejos taurinos de tradición catalana.

Pero al margen de las lecturas políticas, si la prohibición de los toros se votó es porque 180.000 catalanes así lo pidieron con su firma en una iniciativa legislativa popular (ILP).

El Parlamento de Andalucía acaba de aceptar este miércoles tramitar una iniciativa legislativa popular contra los toros. Los promotores tienen ahora cuatro meses para reunir 75.000 firmas. La Asamblea de Madrid ha recibido ya las 50.000 firmas necesarias en esta comunidad para sacar adelante una propuesta similar. [Ver mapa sobre las iniciativas en contra y a favor de los toros]

Las iniciativas legislativas populares permiten al ciudadano presentar ante el Congreso de los Diputados (art. 87.3 de la Constitución) o a las cámaras legislativas de sus comunidades autónomas proposiciones de ley, aunque con muchas limitaciones y pocas garantías de éxito. Tan sólo algunas regulaciones como la de Aragón o Cataluña lo ponen algo más fácil.

La ILP de los toros no es la primera que se aprobaba en Cataluña, pero en España de las 50 que se han desarrollado en democracia, sólo 9 han conseguido ser admitidas a trámite por el Congreso y reunir las firmas necesarias. De estas 9, sólo una ha sido finalmente aprobada, la referente a los morosos en las comunidades de vecinos, que se incluyó en la reforma de la Ley sobre Propiedad Horizontal en 1999.

Joaquín J. Marco Marco, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU Cardenal Herrera, habla del “mito de Sísifo” para ilustrar las trabas que tienen los ciudadanos para conseguir que una iniciativa legislativa prospere.

“El ciudadano se moviliza, hace el esfuerzo de subir la piedra por la ladera (de recoger las firmas) y cuando llega arriba, el Congreso no la toma en consideración y tira la piedra para abajo”, explica Marco a rtve.es.

500.000 firmas para presentar una ILP

Para presentar una iniciativa legislativa popular en España son necesarias 500.000 firmas. En las comunidades autónomas varía el número entre las 6.000 de La Rioja y las 75.000 de Andalucía. “Vienen a ser proporcionales a la población, un poco más del 1%”, explica Marco.

La primera ILP que superó la recogida de firmas en España, en 1994, pedía una ley de financiación del sistema educativo. Detrás de ella estaba Comisiones Obreras, pero al llegar al Congreso, las 600.000 firmas ‘rodaron’ ladera abajo.

La misma suerte corrió la ILP impulsada por CEAPA en 1997 para que los libros de textos fueran gratuitos y avalada por otros 600.000 ciudadanos o la que impulsada por UGT en 2002 con un respaldo de 800.000 firmas para combatir la siniestralidad laboral.

La ley estatal que regulaba las iniciativas legislativas populares, de 1984, fue reformada en 2006 pero no fue lo suficientemente valiente, según Joaquín J. Marco, quien no entiende los temores del legislador cuando los parlamentarios tienen la última palabra y la posibilidad de modificar el texto de la proposición de ley nacida de una ILP.

Un proceso lleno de dificultades

Este profesor habla de un mecanismo de participación directa de “dimensiones mínimas, ridículas”, un mecanismo que “en realidad está sumido en un profundo adormecimiento, en un estado vegetativo que lo hace poco menos que impracticable” en el libro que ha escrito sobre las ILP en Valencia y que analiza la situación a nivel nacional.

El proceso de una ILP lo puede iniciar cualquier ciudadano español mayor de edad que forme una Comisión Promotora. Ésta será la encargada de presentar a la Mesa del Congreso el texto de la proposición de ley que propone y la relación de miembros que la componen.

En 15 días el Congreso tiene que pronunciarse sobre si acepta o no a trámite la ILP. Puede echarla para atrás si atañe a materias excluidas. Las iniciativas legislativas populares no pueden abordar ninguna materia propia de ley orgánica (derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general…) tributos, de carácter internacional, prerrogativas de gracia, reforma de la Constitución, etc….

Puede rechazarla por defectos de forma, porque ya haya una iniciativa similar que se esté tramitando en el Congreso o en el Senado, etc…

Mayores de 18 años inscritos en el censo

Si es admitida, comienza la fase de la recogida de firmas. La reforma de 2006 amplió el plazo de seis meses a nueve meses prorrogables otros tres. En el caso de las ILP a nivel estatal, sólo pueden firmar los mayores de 18 años que estén inscritos en el censo electoral. Las firmas no pueden ser recogidas en cualquier papel, se recogen sobre pliegos debidamente sellados y numerados. Las firmas se comprueban después una a una para evitar fraudes.

La ley prevé una compensación económica de hasta 300.000 euros para la recogida de firmas si alcanza la fase de tramitación parlamentaria, aunque no sea tomada luego en consideración.

Si se consiguen las 500.000 firmas suficientes, vuelve al Congreso, que es el que finalmente decide si la debate o no.

“Normalmente las ILP mueren en la firmas”, señala Joaquín J. Marco, que cree que una ILP debería ser tomada en consideración y tramitada solo por el hecho de conseguir el medio millón de firmas. “Si una proposición de ley presentada por cinco diputados se toma en consideración directamente, lo mismo debería pasar con una avalada por 500.000 ciudadanos”, explica.

Cataluña, una “honrosa excepción”

Este profesor de Derecho Constitucional cree que Cataluña es “una honrosa excepción” en esta materia y que lo demuestra el hecho de que se haya aprobado la ILP sobre la prohibición de los toros, independientemente de si se está o no de acuerdo con el contenido.

Cataluña cambió su ley en 2005 en la que redujo de 65.000 a 50.000 las firmas necesarias y amplió el plazo para reunirlas de 90 días a 120. Además, bajó la edad de participación a cualquier empadronado en un municipio catalán mayor de 16 añosy subió la compensación de la recogida de firmas de 18.000 euros a 40.000.

La Red Madre, en los parlamentos autonómicos

Desde hace más de tres años, el Foro de la Familia está promoviendo en todas las comunidades autónomas una ILP para poner en marcha una Red Madre de apoyo a la mujer embarazada. Aseguran que llevan más de un millón de firmas recogidas en toda España.

La primera comunidad en la que se aprobó fue en Castilla y León. Le han seguido Valencia y Murcia y Canarias, aunque en este último caso la ILP se rechazó pero sus contenidos se incluyeron dentro de la Ley de Igualdad.

31 mayo, 2011 Posted by | #DEMOCRACIAREALYA | , | 5 comentarios