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La cara oculta de las noticias

La Justicia rechaza la querella contra las firmas de rating

La Justicia rechaza la querella contra las firmas de rating

Las acusaciones recurrirán ante el Tribunal Supremo el auto de la Sala Penal que confirma la inadmisión a trámite

EFE Madrid 19/12/2011

Oficinas centrales del grupo Standard & Poor's en Nueva York. bloomberg

Oficinas centrales del grupo Standard & Poor’s en Nueva York. bloomberg

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez Ismael Moreno de no admitir a trámite la querella con la que se intentó que se investigaran y se depuraran las responsabilidades en las que las agencias de calificación hubieran podido incurrir en la situación económica que atraviesa España.

La querella presentada por IU, la Asociación por una Tasación sobre las Transacciones Financieras para Ayuda al Ciudadano y el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se basaba en “las consecuencias negativas para las arcas públicas españolas derivadas de las cuatro rebajas en las calificaciones de la deuda española que efectuaron las agencias”.

El juez Moreno rechazó la querella, que se dirigía contra Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Rating, al entender que los hechos relatados no eran constitutivos de delito. En su opinión, “no hay ninguna imputación de actos concretos que encajen en las conductas descritas” en el Código Penal.

El equipo de abogados querellantes, del que forman parte Gonzalo Boye, Jaume Asens y Enrique Santiago, recurrirán ante el Tribunal Supremo el auto de la Audiencia, al entender que el juez Moreno, pese a lo que afirmaba su resolución, sí admitió a trámite la querella y después la archivó.

Sin contradicción

El auto del que ha sido ponente, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, dedica parte de sus fundamentos a rebatir esta afirmación y critica a los querellantes que digan que ha habido contradicción entre las resoluciones del instructor, porque no existe “una sola revestida de firmeza que resulte modificada, o mínimamente alterada por los autos” dictados para no admitir a trámite.

“A no ser que estos [los querellantes] se refieran, aferrándose para sustentar tal motivo, al reiterado auto inicial, que ab initio, admitía la querella e incoó consecuentemente diligencias previas, a los exclusivos efectos de recabar informe al respecto del Ministerio Público, ordenando al propio tiempo la traducción de determinados documentos”, afirma el auto dado a conocer hoy. Para Boye, “la Sala busca una interpretación acomodada para justificar cómo se ha llevado el procedimiento”.

La Sección Cuarta dice compartir el criterio del juez Moreno consistente en que “la falta de objetividad e imparcialidad de las agencias” de rating, así como las “actividades sospechosas”, que les atribuye la querella, “sólo pueden constituir opiniones acerca de posibles intenciones espurias de tales agencias”, porque no van acompañadas de ningún elemento indiciario que sirva para sustentar que hayan cometido algún delito.

Para la Audiencia Nacional, la acusación que la querella hacía contra estas agencias por haber “errado en evaluaciones realizadas en el pasado” y haber “rebajado la calificación de la deuda española para perjudicar los intereses económicos de nuestro país” no tienen encaje en lo previsto en el Código Penal.

Petición de diligencias

El tribunal también reprocha a los querellantes el hecho de que no hayan propuesto de “forma nítida” la práctica de diligencias al juez Moreno para que él hubiera podido pronunciarse sobre si eran necesarias o no “con fundamento”, algo “que aquí no ocurre ni por asomo”, señala el auto.

El abogado Gonzalo Boye sostiene que en total se han presentado 31 diligencias: 20 en la propia querella y 11 más en su ampliación, presentada a mediados de agosto. Entre ellas figuraba solicitar a las autoridades italianas testimonio de las actuaciones abiertas allí contra las agencias de rating y solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la documentación relativa a lo ocurrido tres minutos antes del cierre del IBEX el 28 de abril de 2004.

Respecto a ese momento, el tribunal afirma que lo que dice la querella son sospechas “sin cabida en la esfera del derecho penal”, por lo que sólo servirían para ponerlas en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado”.

http://www.publico.es/dinero/413020/la-justicia-rechaza-la-querella-contra-las-firmas-de-rating

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20 diciembre, 2011 Posted by | NOTICIAS | , , | Deja un comentario

Cómo modernizar la justicia

TRIBUNA: PEDRO VIGUER

Cómo modernizar la justicia

Con juzgados rápidos y eficaces, se reforzaría la seguridad jurídica y se contribuiría al desarrollo económico y al bienestar. Pero los políticos son cicateros en esta materia: hay pocos jueces y sus recursos son escasos

PEDRO VIGUER 18/06/2011 ELPAIS

Son alarmantes las carencias de la Administración de Justicia. Mucho se ha escrito sobre la necesidad de modernizarla. El debate es positivo. Pero con la perspectiva que da el tiempo, hay que reconocer que el recorrido ha sido muy corto. Es momento de preguntarnos dónde estamos y dónde vamos. Ello requiere indagar en cuestiones clave para la modernización de la justicia, algunas advertidas hace años, y analizarlas más allá de discursos optimistas:

La noticia en otros webs

Seguimos en el pleistoceno informático. Cada órgano judicial desconoce lo que hace el de al lado

Hay que simplificar, desjudicializar materias, despenalizar faltas, potenciar el arbitraje…

1) La insuficiencia de jueces. Nadie discute que es imprescindible incrementar el número de jueces en España. En 10 años, los asuntos en los Juzgados de 1ª Instancia, Social, Mercantil y Contencioso-administrativo han aumentado en un 150%. El número de jueces solo un 21%. Se ha pasado, de 3.917 en 1999, a 4.711 en 2010 para una entrada de millones de asuntos al año. Esa proporción es insostenible.

2) La insuficiencia de recursos. Es consecuencia de la inercia de una centenaria cicatería de sucesivos Gobiernos. Es necesaria una mayor atención de los poderes públicos a la justicia. Es imposible la modernización sin recursos económicos. Con juzgados rápidos y eficaces, se reforzaría la seguridad jurídica y se contribuiría al desarrollo económico y al bienestar. Se trata de apostar, de forma decidida y valiente, por la tutela de los derechos de los ciudadanos partiendo de una premisa: no hay inversión más social y rentable que la que se efectúa en justicia.

3) La obsoleta organización territorial. La actual data del XIX. Hoy no tienen sentido micropartidos judiciales con dos, tres o cuatro juzgados, donde la implantación de la oficina judicial será inútil. Debemos tender a la concentración en grandes sedes (¿provinciales?) dotadas de medios. Esta medida, junto con las dos siguientes, se contempló en el informe de 2009 de una comisión designada por el Ministerio, pero se ha avanzado muy poco. Ni siquiera se ha logrado hacerlo en la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que están infrautilizados al extender su jurisdicción a territorios demasiado reducidos.

4) Creación de Tribunales de Base o de Primer Grado. Estos órganos conocerían de asuntos menores y evitarían desplazamientos a los ciudadanos. Los jueces ya alertamos del clamoroso error de suprimir los Juzgados de Distrito en 1989.

5) Creación de Tribunales de Instancia. Supondría la desaparición de los clásicos juzgados y su agrupación en órganos colegiados. Su principal ventaja: incrementar el número de jueces sin crear juzgados. La idea fue bien acogida por los jueces, pero el proyecto de ley que lo regula ha pecado de precipitación, se ha elaborado de espaldas a los magistrados, debilita sus órganos de representación, no prevé cambios en la planta judicial e incluye soluciones que han logrado aunar a los jueces en un rotundo rechazo, algunas por su dudosa constitucionalidad.

6) Carga de trabajo judicial. Es imprescindible determinar la carga de trabajo de cada juez para averiguar cuántos necesitamos. Hoy, es indiferente que se registren en un juzgado 50 o 2.000 litigios. Siempre habrá un juez obligado a resolver a destajo lo que buenamente pueda. Los ciudadanos no merecen eso. Detrás de cada expediente hay personas que sufren y esperan una solución meditada, razonada, trabajada. Son conflictos que requieren dedicación y que, a veces, esconden dramas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un informe reciente, señala los juzgados más sobrecargados y las plazas judiciales de creación urgente: 432 para toda España; 122 de ellas en Andalucía, 59 en Cataluña, 51 en Madrid y 63 en la Comunidad Valenciana.

7) Interconexión y modernización informática de los órganos judiciales. Seguimos en el pleistoceno informático. Cada órgano judicial desconoce lo que hace el de al lado, el sistema informático es incompatible con el de fiscalía, cada autonomía tiene uno y no existe conexión con las bases de datos policiales. Solo haría falta voluntad. Como muestra, una experiencia piloto: La “oficina de presentaciones” en Valencia, que en tres meses, con colaboración policial y aprovechando bases de datos del Ministerio del Interior, ha detectado a 140 personas reclamadas judicialmente que se presentaban tranquilamente en los jugados para firmar periódicamente. Y a coste cero. También es necesario mejorar el sistema de averiguación de bienes, que ofrece información anticuada y poco útil. Tal vez podría descansarse esa gestión en la Agencia Tributaria. Además, es urgente la implantación absoluta del expediente y de la firma digital.

8) La ineficaz gestión de la Administración de Justicia. La comparten CGPJ, Ministerio y comunidades autónomas con competencias. El sistema es burocrático, lento, falto de coordinación, insensible.

9) La falta de independencia económica. El Poder Judicial carece de recursos propios, hay una subordinación absoluta en lo económico al Ejecutivo central o autonómico. Así, se condiciona y coarta a un Poder Judicial inerme y anquilosado, que vive de los recursos que el Ejecutivo tiene a bien proporcionarle… o no. Ya que se ha abierto un saludable debate sobre el sistema de nombramientos para el CGPJ y el Tribunal Constitucional, convendría ampliarlo a que la independencia económica es garantía de independencia funcional.

10) Excesiva interinidad funcionarial y la falta de formación de los funcionarios interinos.

11) La oficina judicial, compromiso con una mejor expectativa para racionalizar y optimizar el trabajo, debería permitir al juez centrarse en la resolución de asuntos. Llega con ocho años de retraso, se reguló en 2003 y se pretende implantar con insuficiente presupuesto, en sedes puntuales y con escaso interés de las autonomías. Solo contamos con cuatro ensayos en ciudades medias (Murcia, Burgos, Cáceres y Ciudad Real) con resultados poco optimistas. Hay improvisación, problemas informáticos y organizativos, y un excesivo protagonismo invasivo del Ministerio de Justicia. Hay indefinición de funciones de jueces y secretarios judiciales, poca claridad en la delimitación de responsabilidades y cierto arrinconamiento del juez, incluso de los órganos de gobierno de tribunales. Si es así en las poblaciones con experiencia piloto, ¿qué sucederá en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia?

12) Reforma de normas procesales. Urge la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 -nuestra Ley Procesal Penal-, excesivamente formalista y gestada para una sociedad que nada tiene que ver con la actual.

13) La desmesurada litigiosidad. Debe conocerse el excesivo coste social y económico de los procesos en asuntos irrelevantes y transmitir a la sociedad que los litigios cuestan mucho dinero y ocasionan enormes molestias a los ciudadanos. Hay miles de juicios y vistas a diario por cuestiones nimias, evitables, que retrasan las causas importantes. Conviene debatir sobre la necesidad de simplificar los procedimientos, generalizar la oralidad, desjudicializar materias, despenalizar faltas, limitar los recursos, potenciar la mediación y el arbitraje, implantar tasas… Son un avance el proyecto de ley de mediación civil y mercantil o el proyecto de ley de medidas de agilización procesal, que recoge algunas sugerencias de los jueces decanos, pero caben dos importantes críticas a este último: es insuficiente, deja al margen parte de las propuestas y las medidas previstas benefician a la segunda instancia y al Tribunal Supremo, cuando el atasco principal está en el primer escalón, en los juzgados.

¿Puede hablarse de auténtico proceso de modernización de la justicia? Parece evidente que no. El debate no ha sido inútil. Contamos con la complicidad de los ciudadanos, pero no ha habido respuesta de sus representantes políticos. Lo grave y desalentador es que no parece que haya una orientación estratégica seria, un proyecto global, integral y valiente de reforma y modernización judicial. Ello lleva a actuaciones tímidas, parciales e inconexas.

Es obvia la urgencia de un Pacto de Estado. Supongo que habrá que esperar a que la justicia ocupe y preocupe a los responsables políticos, aunque es difícil: no da votos y las actuaciones de los Tribunales, con frecuencia, no agradan. Estamos a tiempo de evitar un hundimiento definitivo, algo que nos entristecería profundamente a quienes, como jueces, somos conscientes de la importancia de un Poder Judicial fuerte y efectivo en democracia.

Pedro Viguer es juez decano de Valencia.

18 junio, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, EDITORIAL, JUSTICIA | , | Deja un comentario

BIN LADEN. Justicia a la americana

lunes 2 de mayo de 2011

JUSTICIA A LA AMERICANA. Receta de cocina para potencias imperialistas.

Ingredientes para el mundo entero.

  1. Se juntan varios amigos con intereses económicos en bancos y fábricas de armamento y suficiente influencia política.
  2. Se elige cuidadosamente una zona del planeta que interese por su localización geográfica o por sus recursos naturales.
  3. Se busca un fanático islamista para justificar una intervención militar y se adereza su vida y milagros con una serie de atentados terroristas verdaderos o inventados hasta convertirle en la mismísima re-encarnación del diablo-satanás. Se puede cambiar al islamista por comunistas asiáticos o políticos sudamericanos anti-estadounidenses. En casos de extrema pasividad por parte de la población, se hace necesario orquestar una masacre de ciudadanos inocentes dentro del propio territorio nacional o en algún país aliado.
  4. Una vez preparado el terreno, se procede a declarar la guerra e invadir la zona del planeta previamente seleccionada. Se recomienda  pasarse por el forro de los cojones1 la opinión pública tanto nacional como global que critique esta decisión, así como los mandatos de organismos títere como Naciones Unidas.
  5. Durante el proceso de invasión, aparte de apoderarse de los recursos del país víctima y de hacerse con el control de su gobierno, es aconsejable causar el mayor destrozo posible en la infraestructura, para asegurarse la generación de una deuda externa de por vida. También queda bien matar a un gran número de personas, civiles y militares por igual y permitir a las tropas la violación sistemática de derechos humanos y el saqueo de bienes culturales.
  6. Se deja reposar.
  7. Pasado un tiempo se localiza al fanático islamista, comunista asiático o político sudamericano anti-estadounidense, se le pegan cuatro tiros en la cabeza y se le tira al mar. Llegados a este punto hay que informar al mundo entero del bien que se le ha hecho a la humanidad, a ser posible utilizando como portavoz a un premio nobel de la paz.
  8. Servir con guarnición de barras y estrellas.
1 Desgraciadamente, los que sustentan el poder tienen cojones. Si tuvieran ovarios la cosa sería muy distinta.

2 mayo, 2011 Posted by | 1.-ISLAM, AL QAEDA | , , | Deja un comentario

Caso Garzón: La justicia al revés

La justicia al revés

Dos años después de que estallara el ‘caso Gürtel’, se sientan en el banquillo el juez que lo investigó y el diputado socialista que lo denunció

JOSÉ MANUEL ROMERO 11/04/2011

Dos años después de que un exconcejal del PP de Majadahonda destapara la trama de corrupción masiva vinculada al partido de Mariano Rajoy y José María Aznar, solo se ha abierto juicio oral contra quienes investigaron o denunciaron los hechos. Los culpables, empresarios y políticos, siguen esperando a que resuelvan sus múltiples recursos para ralentizar la investigación hasta hacerla casi inviable.

Auto de apertura de juicio oral

DOCUMENTO (PDF – 71,28Kb) – 11-04-2011

El juez que instruye el caso en Madrid, Antonio Pedreira, que prorrogó esas escuchas en la cárcel, entiende que es posible ordenar grabaciones en prisión aunque no se trate de casos de terrorismo.

“La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones”.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló las escuchas en la cárcel en un auto acordado por dos magistrados con el voto particular de un tercero, José Manuel Suárez Robledano, quien argumentó así su apoyo a la intervención de las comunicaciones a los abogados de la trama Gürtel:

“Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa, sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias.

La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente”.

Pese a los argumentos de estos dos jueces, Pedreira y Suárez Robledano, ha habido otros que consideran ilegales las escuchas. Y un magistrado del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, que señala que Garzón grabó a los abogados a sabiendas de que la ley se lo impedía por lo que ahora abre juicio oral contra él.

Garzón es la segunda persona sin relación con la trama de corrupción que se sentará en el banquillo de los acusados por este caso antes que los culpables de la red de rapiña que durante 10 años se aprovechó de los fondos públicos de varias comunidades autónomas y una decena de ayuntamientos.

El otro acusado que ya se ha sentado en el banquillo es el socialista Ángel Luna, juzgado la semana pasada que espera sentencia por el supuesto delito de haber mostrado en el parlamento valenciano un informe policial bajo secreto de sumario que denunciaba la corrupción y que había sido publicado por los medios de comunicación cinco meses antes.

Es la justicia al revés.

12 abril, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, DENUNCIA, EDITORIAL | , , | Deja un comentario

La Justicia asesta un golpe a la piratería de periódicos y revistas en Internet

La Justicia asesta un golpe a la piratería de periódicos y revistas en Internet

  • 28.02.2011 Mercedes Serraller. Madrid 0

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante ha ordenado a la web Youkioske que cese de exhibir varias revistas de moda y ocio gratis.

Esta web también cuelga prensa general y económica, española y extranjera, sin consentimiento de los medios.

[foto de la noticia]

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante ha ordenado a los responsables de la página web Youkioske, dedicada a la exhibición de manera gratuita de revistas, prensa y otras publicaciones, que cese en dicha actividad de manera cautelar en relación con un importante número de contenidos.

Dicha decisión responde a la petición conjunta realizada por los grupos editoriales Hearst y Condé Nast, titulares de los derechos de propiedad industrial e intelectual de las revistas Cosmopolitan y Vogue y Vanity Fair, respectivamente, entre otras.

Esta web, registrada a nombre de una empresa de Belice, ofrece también prensa general, económica y deportiva, española y extranjera, así como otras revistas de ocio y moda.

Sin embargo, los grupos editoriales propietarios de estos otros medios no han tomado medidas contra Youkioske.

La acción judicial que han emprendido Hearst y Condé Nast se basa en la Ley de Marcas y el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y ha sido acogida por el Juzgado de Alicante porque estima que existe infracción por el uso de marcas comunitarias y nacionales como metatags en dicha página web.

Un metatag es una palabra clave o descripción escrita en lenguaje de programación para mercar textos, el código que se utiliza para diseñar páginas web.

Son invisibles al usuario pero legibles por los motores de búsqueda y condicionan el orden en el que aparecerá un sitio web en una búsqueda. Si la marca es notoria, se considera aprovechamiento del prestigio ajeno.

Asimismo, el juez considera que se han vulnerado los derechos de propiedad intelectual al comunicarse públicamente las revistas de las sociedades demandantes sin su autorización.

La acción ha sido dirigida por el despacho Abril Abogados, quien afirma que “esta resolución y el procedimiento de fondo del que dimana constituirán un referente en temas de infracciones cometidas a través de Internet”.

De momento, los grupos editoriales Hearst y Condé Nast han conseguido que haya un mandato judicial para que un buen elenco de sus revistas deje de ser ofrecido gratuitamente desde Internet.

La ley da un plazo al infractor de 15 días para que haga efectivas las medidas cautelates y, si no cumple, la Justicia se encarga de ello. Puede ser el caso, ya que Youkioske ya ha subido el número del Cosmopolitan de marzo.

Esta medida cubre los derechos de los grupos editoriales hasta que el juez dicte sentencia sobre el fondo del asunto, en unos meses.

Además, Hearst y Condé Nast piden daños y perjuicios, que en infracciones de propiedad intelectual e industrial suman el lucro cesante, lo que han dejado de ganar, y el daño emergente que les han producido. A la hora de cuantificarlo, habrá que añadir los sustanciosos contratos publicitarios que tiene la web.

Youkioske alegó falta de competencia territorial y consideró que eran competentes los Juzgados de lo Mercantil de Madrid, pero el juez recuerda que la infracción de marca comunitaria corresponde de forma exclusiva a los Juzgados de Marca Comunitaria:

“Hay vínculos a la defensa de las marcas comunitarias por las alusiones a la forma de explotación, notoriedad y prestigio que justifican su tratamiento conjunto para el que objetivamente es competente este juzgado y territorialmente es el único que puede conocerlo”.

Hearst esgrime que es titular de las marcas Cosmopolitan, Cosmo, Cosmopolitan TV, Cosmo TV, Esquire, Harper´s Bazar, Town & Country y Seventeen. Condé Nast, a su vez, reclama sus derechos sobre Vogue, Teen Vogue, Glamour, GQ, Vanity Fair y The New Yorker.

Asimismo, los grupos editoriales demuestran el conocimiento de las marcas: por ejemplo, Cosmopolitan tiene un media de 800.000 lectores mensuales, según acreditan las Cámaras de Comercio de Madrid y Barcelona.

Ambos tienen contratos de distribución exclusiva con el Grupo Zinio, quien se encarga de realizar las ediciones digitales y de distribuirlas en Internet.

28 febrero, 2011 Posted by | COMUNICACIÓN, INTERNET, MEDIOS, NOTICIAS, SINDE | , , , , | Deja un comentario

La querella contra las agencias de rating se internacionaliza

La querella contra las agencias de rating se internacionaliza

Los abogados que llevan un caso análogo en Alemania se coordinarán con el equipo español. La iniciativa llega a la Audiencia Nacional tras incorporar las denuncias presentadas en EEUU

PERE RUSIÑOL MADRID 26/02/2011 08:00 Actualizado: 26/02/2011 09:56

La abogada Isabel Elbal, ayer, tras presentar la querella. 

La abogada Isabel Elbal, ayer, tras presentar la querella.DANI POZO

El equipo de abogados que impulsa la querella criminal contra las grandes agencias de rating Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch la registró formalmente ayer en la Audiencia Nacional.

Es una iniciativa española, pero que nace ya internacionalizada: la querella presentada, de 55 folios, incorpora los aspectos básicos de las tres querellas impulsadas en EEUU con el apoyo de la Fiscalía y los abogados se coordinarán con el bufete alemán que dirige un caso análogo en Baja Sajonia.

Los querellantes sostienen que el “conflicto de intereses” de las tres calificadoras, denunciado por todos los grandes organismos internacionales (incluido el FMI), ha provocado decenas de millones de pérdidas al erario público y a los ahorradores.

La querella reclama para los responsables de las tres grandes agencias, que copan el 90% del mercado mundial, penas de multa y de entre seis meses y cuatro años de cárcel por “alterar el precio de los mercados” en beneficio de sus clientes.

Acusan a las firmas de haber provocado pérdidas millonarias al Estado

Aunque las sedes centrales de las tres agencias están fuera de España todas son aglosajonas, el caso no está sustentado sobre la jurisdicción universal, sino sobre los efectos directos en España: en el sobrecoste que ha tenido que pagar el Estado por la presión de “los mercados” y en las pérdidas sufridas por ahorradores que compraron productos basura que habían sido calificados con nota fantástica.

Los ingresos de las agencias de calificación, que informan a los inversores sobre la supuesta calidad de los productos financieros, proceden en un porcentaje altísimo de los clientes a los que califican sus emisiones de bonos.

Y según las querellas ya presentadas en EEUU (y recogidas en la presentada ayer en Madrid), el 50% del extraordinario beneficio que estas empresas tuvieron justo antes de la crisis procedían precisamente de los productos estructurados que resultaron ser basura y que se vendían a los ahorradores como si fueran oro puro con el sello de las calificadoras.

Acusación popular

El texto incorpora declaraciones del fiscal general, Conde-Pumpido

La querella que en España se han registrado como acusación popular y que de momento impulsan cuatro organizaciones Unión por las Libertades Civiles, Observatorio de los Derechos Económicos y Sociales, Attac y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca es la segunda en la UE contra las agencias de rating.

La primera la presentó el pasado verano en Alemania el jubilado Jörgen Hillebrand, que perdió 30.000 euros en productos que Lehman Brothers había comercializado con la pátina de gran seguridad otorgada por las agencias de rating.

Los tribunales alemanes están estudiando el caso y decidirán antes de que acabe abril si lo admiten a trámite. Pero los abogados que iniciaron el pleito en Alemania, que cuentan con el asesoramiento de economistas y profesores universitarios, ya están coordinados con el equipo en España que dirigen Gonzalo Boye y Jaume Asens.

“Estamos convencidos de que ha llegado el momento de romper el poder de las agencias de rating. Hasta ahora, parecen tener más influencia en el desarrollo de un país que los propios políticos elegidos en elecciones”, explica a Público Jens-Peter Gieschen, el abogado del bufete KWAG que dirige al equipo alemán

Problemas comunes

La querella presentada en España recoge también los planteamientos de los fiscales generales de Connecticut y Ohio, en EEUU, para subrayar que los problemas que afrontan los poderes públicos son comunes y, al mismo tiempo, dejar claro que esta no es una querella antisistema: está redactada dentro de los parámetros capitalistas, denunciando los incumplimientos de estas reglas por parte de las agencias de rating y tomando como base los planteamientos del Ministerio Público de EEUU.

A lo largo de la querella española desfilan muchos informes sobre el “conflicto de intereses” de las calificadoras elaborados por instituciones de ortodoxia acreditada, desde el FMI hasta el Congreso de EEUU. O del exministro de Economía Miguel Boyer, quien en varias ocasiones ha advertido que dichas agencias están encareciendo la salida de la crisis.

Lo que la querella quiere dilucidar es si ello es consecuencia del “conflicto de intereses” en favor de sus clientes. En tal caso, opinan los abogados, se estarían vulnerando los artículos 284 y 285 del Código Penal.

La querella incluye también guiños a la Fiscalía para que apoye la causa: no sólo las referencias a la actuación de sus pares en EEUU, sino también declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien en pleno ataque de “los mercados” contra el euro lo equiparó a “una forma de delito económico”.

27 febrero, 2011 Posted by | Sin categoría | , , | 1 comentario

El que denuncia la corrupción lo paga caro

En España, no se conforman  los cargos corruptos con permanecer en sus asientos, sino que se dedican a la caza y captura de todo aquel

que les investiga o lleva a los tribunales.

Dicen que la Justicia es lenta y su acción inexorable, pero de vez en cuando, acelera el paso y cambia la deriva.

La ciudadanía alucina al comprobar el celo con el que la autoridad judicial examina las escuchas telefónicas ordenadas por sus compañeros, invalidándolas como prueba, mientras su esperpéntico contenido es publicado por los medios de comunicación y leemos cómo cargos públicos exigen su parte de botín de acciones corruptas.

Anulada la escucha, la acusación queda en el aire a pesar de quedar demostrado el delito.

José Aranda, que era el fiscal jefe de la Audiencia Nacional cuando el caso Banesto, fue cesado y relevado por Fungairiño, precisamente, que le había abroncado por el secretismo con el que se llevaba a cabo la investigación.

El entonces fiscal general del Estado, Ortiz Úrculo, se opuso al nombramiento porque Fungairiño estaba pendiente de una sanción y lo echaron.

Le sustituyó Cardenal, que le ascendió sin problema.

La investigación de la estafa comandada por Mario Conde se cargó al fiscal general del Estado y al de la Audiencia Nacional.

La trama Gürtel también parece tóxica.

Conocemos la suerte del juez que destapó el caso, Garzón.

Otro afectado es Ángel Luna, que presentó un informe en Les Corts Valencianes donde se relata cómo la trama se embolsó una cantidad estimada en tres millones de euros con motivo de la visita del papa.

El PP lo va a sentar en el banquillo y Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, con una celeridad sorprendente, puede condenarle a prisión por negarse a revelar de dónde sacó el papel, a pesar de que el contenido del informe es cierto.

El que denuncia la corrupción, lo paga caro.

27 febrero, 2011 Posted by | CORRUPCION | , , , , , | Deja un comentario

“Las manos sucias de la justicia española”

SCOTT BOEHM
01/02/2011 21:10

    Aunque ningún cable revelado por WikiLeaks hace referencia a la investigación de los crímenes franquistas que abrió Baltasar Garzón en 2008 y a pesar de las declaraciones del propio juez sobre la independencia de la justicia española frente a las presiones de la embajada estadounidense, esta claro que había una conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y altos cargos de la justicia española para evitar la libertad de acción de Garzón en asuntos que tuvieran que ver con crímenes contra la humanidad y la aplicación del concepto de justicia universal.

    No cabe duda que Washington estaba preocupada sobre todo por su investigación de torturas en la base militar de Guantánamo y que les importó un bledo los 114,000 desaparecidos españolesexterminados por el régimen de Franco, aunque si empiezas a excavar rápidamente aparecen los restos de responsabilidad estadounidense por facilitar el genocidio de “los rojos”.

    ¿Pero qué puedes esperar de un super país? Se trata de una Real politik que no debe extrañar a nadie que conozca lo más mínimo la política exterior de Estados Unidos. Sin embargo, el comportamiento de fiscales y jueces como Cándido Conde-Pumpido y Javier Zaragoza nos debería asustar tanto como para hacer una revisión de la suspensión de Garzón y su juicio pendiente en el Tribunal Supremo.

    La única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a sus traidores

    Si fue difícil creer en su momento que Falange, responsable de la ejecución sistemática de miles de personas durante el golpe de estado de 1936, puede ejercer tanto poder en el marco jurídico actual, junto a un “sindicato” ultraderechista que tiene el mal gusto de llamarse Manos Limpias, ahora se entienden mejor los múltiples autos de Javier Zaragoza en contra de la investigación del franquismo desde su primer momento.

    La presión metida a Garzón por abrir su investigación histórica era extraordinaria, totalmente incoherente con la previa aplicación de la justicia universal por el magistrado y otros jueces de la Audiencia Nacional y, al final, acabó resultando un aborto de la justicia a tan sólo un mes después de abrirse la investigación. Todos sabemos que pasó a continuación.

    Animado por los argumentos utilizados por Zaragoza y la votación en contra de la investigación de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Falange y Manos Limpias denunciaron a Garzón por prevaricación.

    Si la increíble revelación de que el propio juez Luciano Varela ayudó a los querellantes a elaborar sus denuncias contra Garzón no fue suficiente para archivar el caso, la revelación de WikiLeaks en la que se ven claramente determinadas “manos sucias” de la justicia española debería ser motivo no solo para la anulación de la suspensión de Garzón, sino también la inmediata dimisión de Zaragoza y Conde-Pumpido.

    Mientras haya un claro consenso de los expertos de la justicia internacional en que Garzón no fue culpable de prevaricar, sería más que injusto que ellos siguieran en sus cargos después de haber puesto los intereses de Estados Unidos por encima de la independencia de la justicia española y la libertad de Garzón.

    Aunque no sabemos si la denuncia y la suspensión de Garzón forma parte de la conspiración en su contra llevada a cabo por los diplomáticos estadounidenses y determinados fiscales y jueces españoles, ahora la única manera de mostrar la integridad y honradez de la justicia española es castigar a sus traidores y restaurar en su cargo al ejemplar defensor mundial de los derechos humanos.

    Scott Boehm es investigador en The Spanish Civil War Memory Project de la Universidad de California-San Diego.
    Comentarios: 41 | PATRICIA CAMPELO
    La ARMH ha solicitado en un escrito dirigido al presidente del Supremo que se garantice la publicidad y transparencia de las sesiones.
    Comentarios: 62
    La estatua de la Victoria, retirada ayer, era el último de los grandes símbolos de la dictadura que quedaba en Barcelona.
    Comentarios: 40 | DIEGO BARCALA

    Denunciantes e investigadores discrepan sobre la responsabilidad de la dictadura en las adopciones irregulares.

     

    Comentarios: 66 | YERAY CALVO
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    2 febrero, 2011 Posted by | MEMORIA HISTÓRICA | , , , , , , , , , , | Deja un comentario

    La justicia cerca las prácticas bancarias en el sector inmobiliario

    Un goteo de sentencias interpreta la legislación mercantil a favor de los deudores

    Economía | 31/01/2011 – 12:57h

    Tres sentencias dadas a conocer esta misma semana se han alineado en desautorizar prácticas comunes en el sector financiero para dar la razón a los consumidores endeudados:

    el fallo de la Audiencia de Navarra que da por saldada una deuda hipotecaria con la adjudicación de una vivienda que la supera en su valor de tasación;

    otra del juzgado Mercantil 3 de Barcelona que igualmente extingue las deudas cuando se ha liquidado todo el patrimonio del deudor,

    y una tercera del Supremo que anula la cláusula de redondeo al alza en las hipotecas y obliga a las entidades a facilitar la lista de afectados a las asociaciones de consumidores para que la sentencia se ejecute sin que haya de reclamar individualmente cada afectado.

    Los tres autos, celebrados por las asociaciones de consumidores, han causado alarma en las entidades financieras y en sus acreedores internacionales, por el impacto que pueden tener sobre uno de los pilares de la banca española: la responsabilidad ilimitada del deudor con todo su patrimonio presente y futuro ante el impago de una deuda, a diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos, donde entregar la vivienda, por ejemplo, salda el crédito hipotecario.

    Esta confianza en la recuperación futura de la deuda permite a la banca reducir las provisiones que realiza por sus créditos morosos y por los pisos que se queda. Fitch, la agencia de calificación de riesgos, ya ha advertido del impacto importante que tendría la sentencia de Navarra, aún “aislada”, si se ratifica en los recursos.

    En España, desde el inicio de la crisis, se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias.

    Sindicatos, consumidores y partidos como IU y CiU han pedido al Gobierno que cambie la ley para acabar con estos hipotecados sin vivienda, una posibilidad que el ministro de Vivienda, José Blanco, rechazó estudiar “bajo ningún concepto”.

    Según la AEB, ese cambio “haría el crédito más escaso y más caro”, ya que para evitar riesgos las entidades bajarían el porcentaje del precio que financian y subirían los tipos.

    El BBVA, de entrada, ha pedido la nulidad del auto en la propia Audiencia porque los argumentos de la sala “resultan irrazonables o arbitrarios en el sentido técnico-jurídico”.

    Los razonamientos de los tres autos, precisamente, muestran que los jueces son al final personas que viven en su entorno la dureza de la crisis económica. Así, la Audiencia de Navarra reconoce que “la ley procesal permite al banco solicitar lo que solicita” (seguir reclamando la deuda aunque ya se ha quedado la vivienda), pero que permitirlo “no constituirá un abuso de derecho, pero moralmente es rechazable”.

    La Audiencia recuerda que el Código Civil prevé que las leyes se interpreten “según la realidad del tiempo en que han de ser aplicadas y atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

    El magistrado del Mercantil 3 de Barcelona, José María Fernández Seijo, argumenta en el mismo sentido que considerar saldada la deuda de quien ha liquidado todo su patrimonio conecta con el espíritu de la ley de “dar una salida razonable a las situaciones de sobreendeudamiento de particulares de buena fe habilitando mecanismos que permitan conceder a esos deudores una segunda oportunidad”.

    El Gobierno ha cortado otras veces debates jurídicos de este tipo a favor de la banca.

    Así sucedió por ejemplo con el tratamiento de los contratos de derivados en los concursos de acreedores: frente al criterio de los jueces de que son créditos ordinarios (por tanto, sujetos a quita y espera, como los ordinarios), modificó la ley Concursal para aclarar, según el criterio de la banca, que se han de pagar en su integridad.

    Autos pioneros y polémicos

    El banco se queda el piso y salda la deuda

    La sentencia de la Audiencia de Navarra considera que la devolución al BBVA de un piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda contraída, puesto que fue tasado por un importe superior a la deuda remanente, aunque como la subasta judicial quedó desierta el banco se lo quedó por un precio que no cubría completamente la deuda.

    La sentencia, que confirma la del juzgado de primera instancia, recuerda que el préstamo ascendía a 71.225 euros y el banco valoró el inmueble en el contrato de préstamo en 75.900 euros, aunque en la subasta se lo adjudicó por 42.895 euros.

    La Audiencia señala que la valoración que incluye el contrato es válida para considerar que el valor de la finca cubre el principal del préstamo hipotecario y sólo permite al banco reclamar por los intereses y las costas.

    Pagar sólo hasta que se acabe el patrimonio

    El juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona, que dirige el juez José María Fernández Seijo, ha considerado saldadas las deudas pendientes que todavía mantenía con la banca y otros acreedores una pareja de jubilados en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) que no logró saldar todas sus deudas con la venta de su vivienda.

    El auto, que no ha sido recurrido y por tanto se ha convertido en firme, extiende a los particulares la situación de los concursos de empresa y “da por extinguidas las deudas concursales que no hayan podido ser satisfechas con cargo a la masa activa del concurso”.

    La pareja, con unos ingresos por su dos pensiones de 2.371 euros, debía 108.287 euros y la venta de su piso sólo logró pagar la hipoteca y el 46% del resto de los créditos.

    Listas de clientes con cláusula de redondeo

    El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad por abusiva de la cláusula de redondeo al alza incluida en las hipotecas a interés variable de Caixa d’Estalvis de Tarragona, que tendrá que eliminarla y devolver la diferencia cobrada de más a sus clientes.

    La sentencia, que en esto confirma otras anteriores, es sin embargo pionera porque obliga a la caja a entregar a las entidades reclamantes –las asociaciones de consumidores– “una lista con todos los clientes afectados” por ese contrato hipotecario “para el buen fin de la ejecución”, en contra de la argumentación de la caja, que consideraba que las asociaciones no tenían legitimidad para defender una acción colectiva y que cada uno de los clientes afectados debía reclamar de forma individual la eliminación de la cláusula.

    31 enero, 2011 Posted by | ARTÍCULOS de OPINIÓN, BANCA, ECONOMIA, HIPOTECAS | , , , , , , , , , | Deja un comentario