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La cara oculta de las noticias

El último informe policial de Gürtel destapa la financiación ilegal del PP

El último informe policial de Gürtel destapa la financiación ilegal del PP

Correa organizó, según el documento remitido a Pedreira hace seis días, actos de los populares en Boadilla y se los facturó a las concesionarias de la basura

TONO CALLEJA – Madrid – 07/03/2011

  • El acto celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su propuesta para construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y que tuvo un coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas Sufi y FCC, concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte.

Las dos firmas abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado este para el PP en el municipio.

El coste de estos actos fue de 24.901 euros, según indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue remitido el pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el PP.

Manuscritos interceptados de los gastos generados por el PP en Boadilla.

El folio de la izquierda es un manuscrito interceptado a la red, en el que aparecen los gastos generados en Boadilla por el PP y González Panero.

También se ve el reparto que se hace entre las empresas. Los otros dos documentos son facturas de Correa al PP, cuyos datos coinciden con la cantidad que abonan FCC y Sufi.-

  • Además del acto de Esperanza Aguirre, las empresas a las que el Ayuntamiento de Boadilla les adjudicó la gestión de las basuras pagaron a Special Events por otros trabajos que hizo el PP, como la realización de carteles (2.405 euros); el montaje de la reunión celebrada en el hotel Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637 euros); la organización de un evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un acto de “alcaldía”, del 25 de febrero de 2003 ( 4.475 euros).

La organización de Correa, según las conclusiones de la policía, actuó como “canalizadora” y “ejecutora” de la operación mediante la que el PP evitó pagar los actos que celebró en Boadilla, uno de ellos el que encabezó la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre.

Así lo explica su informe: “Correa presta los servicios turísticos al alcalde a través de su empresa Pasadena Viajes, realiza las compras de prendas de vestir para González Panero mediante facturas emitidas a través de su empresa Special Events, anotando la indicación de facturar a Sufi por publicidad, al mismo tiempo que organiza los eventos del PP de Boadilla, que cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante cuatro facturas emitidas por Special Events por unos supuestos servicios prestados”.

Las facturas por el pago de los servicios, según la policía, son “ficticias”y su “único fin es el de hacerse cargo de distintos servicios de carácter particular […], así como a gastos relativos a distintos actos efectuados para el Partido Popular en dicha localidad pendientes de cobro, por un importe total de 98.389,42 euros”.

En el registro efectuado en una nave de un polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de la sociedad de Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la policía considera “especialmente significativo”, ya que en él se refleja la suma del importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago por los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros).

La suma de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula el IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez establecido el importe final, según indica el informe policial, este se divide en dos, a nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A continuación, estas dos empresas facturan a Special Events por la cantidad indicada.

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas a Correa.

Así, un apartado de los pliegos de condiciones de la adjudicación de la basura obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Consistorio.

Y en todos los casos eran las empresas de Correa las que cobraban por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a realizar. De esta forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP, lo que demostraría la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

El modus operandi de los populares madrileños es muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno presidido por Francisco Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos de este partido organizados por la sociedad de Correa Orange Market.

El informe policial que tiene el juez sobre la mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una carpeta azul durante la inspección efectuada en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la cantidad de 157.800 euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo Naranjo, tres meses después de que se le adjudicara el contrato de las basuras en Boadilla, a Arturo González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos ellos de Boadilla, y al propio Correa.

El informe de la Policía Judicial también indica que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió el mes pasado tras ser imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación del contrato de la basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de Boadilla del Monte, también formó parte de la mesa de contratación, según la policía.

Asimismo, los investigadores consideran que Correa utilizó el importe de las distintas prendas de vestir compradas a González Panero para aumentar el coste de los eventos que le cobraba a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que estas fueran las que finalmente pagaran el producto.

Como pasó con facturas que Correa cobró al PP por el acto de cierre de la campaña de 2003 y por un evento de 2004 para celebrar los ocho años de Gobierno de José María Aznar.

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8 marzo, 2011 Posted by | CORRUPCION | , , | Deja un comentario

IU vincula la trama de ERE fraudulentos con una financiación ilegal del PSOE

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA | Sánchez Gordillo pide la dimisión de Griñán

IU vincula la trama de ERE fraudulentos con una financiación ilegal del PSOE

Fotografía: Fernando Ruso | Vídeo: Efe

Bajo el lema 'Por fin respuestas', el Comité Director del PSOE-A en un auditorio casi vacío. | F. RusoBajo el lema ‘Por fin respuestas’, el Comité Director del PSOE-A en un auditorio casi vacío. | F. Ruso

Europa Press | Sevilla

Actualizado sábado 26/02/2011 17:24 horas
  • El diputado de IU-CA por Sevilla y líder nacional del CUT-BAI, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ve posible que el PSOE se haya financiado de manera ilegal a través del “fondo de reptiles” de casi 648 millones de eurosque la Consejería de Empleo ha manejado durante los diez últimos años para empresas en crisis.

Sánchez Gordillo ha considerado que, como consecuencia de las irregularidades detectadas hasta el momento con estos fondos, el presidente de la Junta tendría que presentar “de manera inmediata” su dimisión “para dar ejemplo” y ante una “corrupción sin límites”.

Asimismo, el diputado andaluz ha recordado que Griñán era consejero de Economía y Hacienda durante este periodo y que conocía los ainformes de la Inspección de Hacienda que advertían discrepancias con el procedimiento utilizado para otorgar las subvenciones.

“Está claro que no acepta la comisión de investigación por tiene mucho que temer”, ha añadido.

Sobre la posible financiación ilegal del PSOE, Sánchez Gordillo ha indicado que ésta no sería la primera vez en la historia de este partido que ello ocurre y que, debido a que las campañas electorales “cada vez son más costosas”, no habría que descartar que “quieran quitarse las trampas con dinero público”.

Por ello, ha abogado por la creación de una nueva ley de financiación de partidos.

Para el parlamentario andaluz, el PSOE es un partido “claramente corrupto, que ha consentido la corrupción y que ha sido parte de ella”.

“Y no lo digo yo, sino la Justicia”, ha apuntado Sánchez Gordillo, quien se ha mostrado convencido de que aún quedan “muchas cosas por destaparse” del asunto de las irregularidades en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). En esta línea, ha dicho que habrá cargos “de alta instancia” tanto del Gobierno andaluz como del PSOE-A que tendrán que presentar su dimisión por este asunto, entre ellos “consejeros”.

[foto de la noticia]

Griñán lo desmiente y reta a acudir al juzgado

No obstante, el secretario general de PSOE-A y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha querido dejar claro que los socialistas andaluces forman parte de un “partido honesto, que tiene sus cuentas auditadas, que no tiene un ‘Gürtel”, y el que “diga lo contrario, que tenga la gallardía de afirmarlo en el juzgado, que ahí nos veríamos”.

El Partido Socialista andaluz “no tiene a nadie que pueda avergonzarle dentro de las finanzas”, ha indicado Griñán ante el Comité Director del PSOE-A. A su juicio, es muy fácil “tirar la piedra y esconder la mano” o levantar “falsas sospechas”, mientras que “luego nadie pide cuentas a quien calumnia y a quien difama”, según ha dicho el presidente de la Junta, en referencia a las denuncias del PP.

“Lo que no se puede es permanentemente lanzar esas cortinas de humo que nos tratan de cubrir a todos”, ha indicado Griñán, quien ha agregado que naturalmente que ha habido problemas en algunos casos, porque siempre “los hay en la gestión de un gobierno”, si bien ha querido dejar claro que las ayudas al empleo de la Junta de Andalucía han salvado muchos puestos de trabajo y han favorecido a miles de trabajadores que perdían sus empleos.

Ha lamentado que el PP trate, ante el caso de las irregularidades en ERE, implicar a “personas honradas, honorables y honestas”, apuntando que incluso se ha tratado de meter al ex presidente del Gobierno Felipe González y al candidato del PSOE a la Alcaldía de Sevilla, Juan Espadas. “Es permanentemente la difamación”, ha dicho del Partido Popular.

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, quien también ha intervenido en el Comité Director, ha manifestado que los socialistas andaluces están siendo objeto en estos momentos de la “mentira reiterada” por parte del Partido Popular, que tiene como único objetivo “descalificar la fuerza renovadora y modernizadora” que tiene el Partido Socialista de Andalucía y tapar lo que representa el presidente del PP-A, Javier Arenas, y que no aparezca como lo “viejo, arcaico y antiguo”.

26 febrero, 2011 Posted by | CORRUPCION, DENUNCIA | , , | Deja un comentario

Los trajes, sólo la punta del iceberg valenciano

La investigación ha destapado graves delitos de corrupción

ALICIA GUTIÉRREZ MADRID 15/02/2011 01:00

Álvaro Pérez llevaba las riendas de Orange Market.EFE

Álvaro Pérez llevaba las riendas de Orange Market.EFE

Las airadas protestas del PP por el trato “injusto” a Francisco Campstropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada.

Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas.

Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira,consideran involucrada a la plana mayor de Camps.

Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

01. La financiación: 2,5 millones ocultos

La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido.

La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007.

Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el “amiguito del alma” de Camps.

Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por “terceros”, advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008.

El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market.

Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron “siguiendo indicaciones” de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría “contrapartidas”.

02. El amaño: 14 millones en contratos

En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a “reiteradas irregularidades”. Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur.

Y las destaca “tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas”. En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.

03. El saqueo: tres millones de Canal 9

En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa.

El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.

El PP de Valencia ocultó al fisco 2,5 millones en 2007

Un informe de Hacienda incorporado al sumario Gürtel’ confirma que los conservadores pagaron en negro a Orange Market en las elecciones autonómicas y municipales de ese año

ALICIA GUTIÉRREZ Madrid 11/05/2010 20:53 Actualizado: 12/05/2010 06:34

El PP valenciano ocultó a Hacienda 2.565.891 euros pagados a Orange Market durante la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo de 2007.

La demoledora conclusión, que aprieta aún más el nudo que atenaza a Francisco Camps, figura en un informe de la oficina antifraude (ONIF) de Hacienda incorporado ahora al sumario delcaso Gürtel.

Tras el elaborado por la unidad policial de delitos fiscales (UDEF) en julio de 2009, este es el segundo informe que levanta el velo de la presunta financiación ilegal del PP valenciano.

El ‘príncipe’ y el ‘cantante’

Hacienda afianza la denuncia de la policía: hubo pagos a cargo de terceros

Fechado el pasado 6 de mayo, el informe sostiene que el PP no sólo ocultó gastos electorales sino que una parte de la campaña fue pagada por “terceros”, entre ellos alguien apodado el príncipe y un segundo personaje identificado comoel cantante

El primero abonó a Orange Market 200.000 euros por trabajos para el PP. “El cantante” pagó 199.520 euros.

En el documento de la ONIF consta también asociada a pagos supuestamente electorales la empresa Facsa. Su propietario, Enrique Gimeno, es uno de los empresarios contra los que el PSOE mantiene una querella por presunta financiación ilegal del PP.

Un archivo interno de Orange Market incluía en la partida de cobros Alicante (declarados a Hacienda, en la terminología de la trama) una anotación contable del 7 de agosto de 2007: 174.000 euros junto al epígrafe “Campaña 2007/Facsa facturas 84, 85, 86, 87”.

La constatación de que hubo pagos en B se produjo al escrutar las cuentas de Orange Market, franquicia valenciana de la red corrupta, que recibió más de 14 millones de euros en contratos públicos.

El PP reaccionó con ira y anunció una querella contra el autor del informe

Basándose en los documentos sobre Orange Market que ya había analizado la UDEF, así como en nueva información fiscal y mercantil, los investigadores cifran en 634.608 el importe total de lo facturado legalmente por Orange Market al PP valenciano por trabajos electorales en 2007.

Pero el monto real es muy superior: 3.200.499 euros, según los documentos rastreados.

Uno de los documentos localizados en los ordenadores de Orange Market resultó clave: un archivo de cálculo en formato excel y titulado “Resumen pagos”. Una de las hojas contenía el cuadro auténtico de actos organizados por Orange Market para el PP durante el periodo previo a los comicios y pagados sin IVA. El total, 3.200.499 euros.

“Como se puede apreciar subraya el informe, estos servicios fueron muy superiores a los que se formalizaron vía factura y que ascendieron a la cifra de 634.608 euros.

Puesto que se ocultaron en la contabilidad de Orange Market y se articuló un complicado y opaco sistema de cobro debemos inferir que también fueron ocultados en la contabilidad del destinatario del servicio”. Es decir, en la contabilidad del PP.

“Se deduce añade a renglón seguido la ONIF que el importe de los gastos que se ocultaron por parte del PPCV [PP valenciano] en las elecciones autonómicas y locales de 2007 ascendió a la cifra de 2.565.891 euros”.

Los autores del informe desgranan la legislación electoral y el conjunto de la normativa contable que el PP debió aplicar.

Anoche, el PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

La cúpula del PP valenciano dirigía la financiación ilegal

Un informe policial señala al secretario general del PP regional, Ricardo Costa, y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, como los artífices de las operaciones con la trama Gürtel

Á. V. Madrid 24/09/2009 20:37 Actualizado: 25/09/2009 00:06

Ricardo Costa, en una imagen de archivo.

Ricardo Costa, en una imagen de archivo.

El informe policial que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) no quiso revisar, alegando haber archivado ya la parte delcaso Gürtel relativa a los trajes recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es todo lo jugoso que se esperaba.

O más. Apunta directamente como responsables de la presunta financiación irregular del PP a la cúpula del partido en Valencia y al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla.

Junto a Rambla, la Unidad de Delincuencia Económica sitúa no sólo como conocedores sino ejecutores de la situación irregular al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, al vicesecretario, David Serra, y a la tesorera del partido, Yolanda García Santos.

Ninguno de ellos está todavía imputado, aunque a la vista del informe no parece que pueda ser otra la condición en la que acabarán en un futuro próximo.

El informe es contundente.

Detalla que la trama Gürtel negociaba el pago de la deuda con los responsables políticos del PP en Valencia siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, uno de los cabecillas de la red corrupta, confeccionando facturas ad hoc, con conceptos acordados entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes.

David Serra participaba eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de pago. Y Yolanda García libraba los fondos por indicación de Ricardo Costa a sabiendas de que las facturas reflejaban conceptos ficticios.

En resumen, Pablo Crespo, uno de los tres imputados en el caso que se encuentra en prisión, es el que daba las instrucciones pertinentes para confeccionar las facturas a Costa y a El Bigotes. Serra se ocupaba de los talones y García de emitir las facturas falsas.

Experiencia previa

Costa, del que el informe dice que actuaba como “canalizador de los pagos ajenos al sistema financiero”, es el único de los cuatro a los que se acusa ahora que ya tiene experiencia como imputado. Tuvo que declarar en el TSJCV con Camps y otros dos dirigentes del PP valenciano (el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y el ex jefe del gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret) por haber recibido trajes de Milano y Forever Young que no pagaban ellos, sino Orange Market.

El pasado 3 de agosto, el TSJCV archivó el caso de los trajes, al no apreciar delito. La última palabra sobre si recibir dádivas es cohecho o no la tendrá el Tribunal Supremo.

Pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el TSJCV no perdió el tiempo en relación a este informe sobre la financiación irregular del PP, pese a que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, ya apuntaba esta práctica delictiva en el auto en el que acordó inhibirse a favor de los tribunales valenciano y madrileño.

Primero procedió a rechazar el informe, pero incorporándolo a la causa, y después, a petición de Camps, Costa y Campos, acordó devolverlo al órgano remitente.

En este caso, con esa expresión se refería a la Policía, que el pasado 31 de julio, tres días antes de que se archivara la rama valenciana de la Gürtel, se lo remitió al Tribunal Supremo y los dos tribunales superiores que tenían abiertas actuaciones sobre la trama.

Pagaban los empresarios

El informe policial detalla cómo el entramado utilizaba una doble contabilidad para encubrir los pagos al PP valenciano: una en dinero limpio, denominada A o “Alicante”, y otra en dinero B o “Barcelona”.

Con los datos recabados el informe llega a la conclusión de que “no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana”.

Mientras que el PP valenciano pagaba su deuda con Orange Market a través de contratos que no salían a concurso, la filial en Valencia de Special Events abonaba cantidades al partido gracias a pagos de diversos empresarios valencianos.

El informe cita a Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense);Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo Lubasa; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, por el grupo Sedesa.

El sistema, que destaca por su persistencia en el tiempo, se articulaba de la siguiente forma: la factura por un acto organizado por el PP de Valencia se sustituía por otra a cargo de una de las empresas implicadas cambiando el concepto.

La televisión de Camps pagó a la ‘trama Gürtel’ para la visita del Papa

Un informe encargado por Pedreira ve irregularidades en los contratos de Radiotelevisión Valenciana para cubrir la visita del pontífice

EFE/PÚBLICO.ES MADRID 11/10/2010 14:31 Actualizado: 11/10/2010 16:01

El juez Antonio Pedreira.PÚBLICO Monica Patxot

Un informe encargado por el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, observa irregularidades en los contratos adjudicados por la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia en 2006.

Según este documento, Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que engloba a la Televisión Autonómica Valenciana (TAV) y a la Radio Autonómica Valenciana (RAV), habría incumplido “los principios de publicidad y concurrencia” en la adjudicación de contratos, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros.

El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de “125 mesas vestidas con tela azul” para dos “call center”.

Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros.

El informe ha sido elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes “de gastos referidos a la contratación celebrada” por RTVV con motivo de la visita papal.

La conclusión es que “la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad”.

El informe denuncia adjudicaciones “de forma aleatoria y subjetiva”

Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada “la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos”, según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno.

El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto.

La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación.

La TAV pagó dos facturas a Pasadena y a Orange Market

El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el “suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía” a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV.

La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que “conocía al menos desde el 27 de febrero”.

El de TECONSA no es el único caso, ya que “a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia”.

Además, en ellos falta “alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etc.”.

Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, “de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta”.

La corrupción se cuela en la televisión de Camps

Una protesta contra Camps se cuela en una emisión de Canal 9, que inmediatamente corta la emisión

SERGI TARÍN Valencia 10/10/2010 14:28 Actualizado: 11/10/2010 01:33

A pesar de la censura en Canal 9,el vídeo triunfa en YouTube

Sucedió de repente. Una periodista de Canal 9 glosaba este sábado en directo la excelencias de la feria gastronómica de l’Alcúdia (Valencia) cuando alguien situó en primer plano un cartel con el rostro de Francisco Camps tras una señal de prohibido y con el lema No a la corrupció. Camps, dimissió. La reportera tragó saliva, afiló la sonrisa y apartó el papel de un manotazo. De fondo se escucharon gritos de “¡Corrupto!” y desde los estudios centrales decidieron cortar en seco “por problemas para realizar la conexión”. La secuencia duró 15 segundos y fue eliminada inmediatamente de la web del ente público. Sin embargo, alguien la colgó en YouTube antes de la censura. Ayer, a media tarde, el vídeo contaba con cerca de 2.000 visitas.

La protesta fue reivindicada por el Col·lectiu contra la Corrupció, entidad que cuenta con más de 13.500 firmas en Facebook y que en octubre de 2009 sacó a miles de valencianos a la calle para exigir la dimisión de Camps por los escándalos de la Gürtel.

Una de sus representantes, Reyes Matamales, señaló a Público que la acción de este sábado “se llevó a cabo de manera espontánea por un grupo de vecinos de la localidad”. De hecho, una de las consignas del colectivo es aprovechar “el factor sorpresa” en este tipo de retransmisiones “para denunciar el secuestro de la sociedad valenciana a manos de la corrupción del PP”. Por su parte, Radio Televisión Valenciana, evitó ayer hablar del episodio.

El denominado Col·lectiu contra la Corrupció reivindica’ la acción

Tenaza informativa

Lo sucedido en l’Alcúdia es sólo un ejemplo del férreo control al que el PP somete Canal 9. Desde el comité de empresa del ente público denuncian que un informativo estándar se construye con tres materiales básicos: glorificación de Camps, silenciamiento de la oposición y demonización de Zapatero. La presión de la tenaza ha aumentado desde que estalló el escándalo de corrupción de la Gürtel, un auténtico tabú en las escaletas de los noticiarios. Pese a ser un acontecimiento de relieve en todos los medios de comunicación, los vaivenes de la trama corrupta han aparecido con cuentagotas, explicados confusa y brevemente y siempre evitando asociar a Camps con palabras como soborno, delito electoral o fraude fiscal, imputaciones que aparecen en el sumario de la Gürtel y que podrían tener graves consecuencias penales para el president.

La manipulación no es la única queja en boca de oposición, sindicatos y colectivos ciudadanos. El anterior director general del ente, Pedro García, dimitió tras aparecer su nombre vinculado a laGürtel. Bajo su mandato se adjudicó por 6,5 millones, el doble de su valor, la sonorización de la visita del papa Benedicto XVI, en julio de 2006, a Teconsa, empresa que aparece citada en el sumario. Su sucesor, José López Jaraba, se niega a mostrar el contrato de adjudicación y a dar explicaciones públicas.

La ‘Gürtel’ es un tabú en los informativos de la cadena pública

Por si fuera poco, el jefe de personal, Vicente Sanz, fue destituido hace meses después de que tres periodistas lo denunciaran por acoso sexual. Mientras tanto, las audiencias siguen cayendo en picado y la deuda, una grieta de 1.200 millones, convierte a Canal 9 en un edificio amenazado de ruina.

15 febrero, 2011 Posted by | corrupcion | , , , , , , | Deja un comentario